La Gaceta de Canarias / 11 de junio de 2008.- David Cuesta. Santa Cruz de Tenerife. Lejos de las investigaciones por causas penales, sobre las que el alcalde capitalino, Miguel Zerolo, se negó a opinar ayer, se encuentra la problemática que rodea la paralización de las obras de Las Teresitas.
Un panorama que se presenta complicado, sobre todo, por la cada vez más utópica posibilidad de acometer el proyecto diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault.
El propio Zerolo, escudado en unas palabras teñidas de resignación, lamentó que la decisión del Estado de rescindir el contrato del proyecto conlleve que las obras “se queden así durante un montón de años”.
Una situación por la que dice sentir “pena”. Y es que el aspecto que a día de hoy presenta la playa no es el más adecuado de cara a una posible captación de turistas ante la inminente llegada del verano. El enclave quemás visitantes atrae del municipio, junto con el Parque Rural deAnaga, luce a
su entrada unamasa de cemento y hormigón de más de 2.000 metros cuadrados. Una obra donde no se mueve un bloque desde hace tres meses.
Apesar de las dificultades administrativas, junto con el hecho de que el Estado tiene la sartén cogida por el mango, Zerolo no desveló las futuras actuaciones que seguirá el Ayuntamiento para intentar desbloquear la paralización del proyecto.
El máximo dirigente capitalino sí mostró su disconformidad con la imposibilidad de culminar la obra diseñada por Perrault, al que catalogó como el “arquitecto preferido por François Miterrand y José Luis Rodríguez Zapatero”.
No escatimó esfuerzos tampoco en señalar al “tema político mediático” como la principal causa de la situación actual. Para Zerolo, si no fuera por el entramado de intereses que envuelve el desarrollo del proyecto, “la playa estaría concluida y la estarían disfrutando todos los ciudadanos de Santa Cruz”.
La decisión del Estado de no acometer su parte del proyecto (que corresponde a la Fase I, cuyo coste se eleva a 15 millones de euros), llegó después de que el Ayuntamiento, supuestamente en base a un acuerdo verbal y a un informe favorable de la Abogacía del Estado, hubiese acometido la
Fase II, enla que ha desembolsado cerca de 23 millones de euros.
El proyecto, que no se puede entender de manera independiente sin que se ejecuten las dos partes que lo componen, se encuentra paralizado en su totalidad. Pero el problema es aún mayor. A los cuatro millones que ha solicitado la empresa encargada de las obras, OHL, en concepto de indemnización, se suman los 30.000 euros mensuales que supone mantener la seguridad de las obras.
Una cuantía de la que el Estado se ha desmarcado rotundamente, ya que desde Madrid se ha asegurado que no se van a hacer cargo de dichos gastos. En la Gerencia de Urbanismo, por su parte, silencio absoluto.
Según fuentes del Área, “no habrá declaraciones oficiales hasta que la decisión del Consejo de Ministros de rescindir el contrato de las obras llegue por escrito”. Una dificultad burocrática que puede ampliar la incertidumbre sobre el futuro de las obras a los próximos meses, lo que dejará un panoramade abandono en la playa durante la época estival.
Mientras tanto, en el ámbito penal, las pesquisas sobre la supuesta trama de corrupción continúan. En la última semana se ha imputado el delito de apropiación indebida a cuatro de los pilares de la Junta deCompensación: Mauricio Hayek, Jerónimo Delgado, Álvaro Fernaud y Clemente Martín.