La Opinión / 3 de junio de 2008.- N.R. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. Vecinos de Las Huertas denuncian que en la lista facilitada por la Agencia Tributaria al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre los pagos efectuados a los componentes de la Junta de Compensación de La Teresitas hay "serias diferencias" con respecto a la que posee la Gerencia de Urbanismo y que hizo pública en el año 2000, en lo que se refiere a nombres y a cantidades percibidas.
En concreto se indica que en ambas no coinciden en muchos nombres y así aparecen personas que son totalmente desconocidas en el pueblo, otras con apellidos cambiados y otras más son incluidas en el listado como que se les ha pagado una cantidad de dinero que aseguran no haber recibido jamás.
Contencioso judicial. Entre ellos está por ejemplo, Lola Jutta Ingrid que aparece con el apellido cambiado de Browmanide y como poseedora del 0,2 por ciento de los bienes de la Junta, lo que dio lugar a que cobrase once millones y medio de pesetas. Precisamente, esta vecina fue la que interpuso en su momento un contencioso judicial que le vino a dar la razón y además implicó la anulación de la operación de compraventa del frente de la playa. Pero además, entre otros datos llamativos, aparece que el letrado de la Junta, Mauricio Hayek cobró más de 386 millones de pesetas, cuando en ningún momento los miembros de la misma conocían que este abogado era también propietario.
Hayek, al parecer, cobró por tres conceptos diferentes, como propietario, como abogado de la Junta de Compensación y como intermediario para propiciar la venta con Inversiones Las Teresitas (ILT), extremo este último que podría dar lugar a que fuera imputado. Una línea en la que están trabajando algunas de las partes implicadas en el caso, al tratarse de un delito. Otro tanto ocurre con lo que se cobra por determinados porcentajes, que varían de forma notable. Así, personas que poseen el 0,1 por ciento de las propiedades perciben en algunos casos seis millones , mientras que otros con el mismo porcentaje aparecen con hasta casi 52. También se localizan propietarios que percibieron, aparentemente, 72 millones de pesetas por poseer el 0,4 por ciento, mientras que otros apenas cobraron seis millones con el 0,11 por ciento. Todo ello, según la lista en poder de la Agencia Tributaria que fue entregada al TSJC y que aparece dentro de la parte del sumario sobre la que se levantó el secreto a finales del pasado mes de enero.
La Junta declara a Hacienda que pagó 3.500 millones de pesetas a sus miembros, sobre los 5.500 que costó la venta de los terrenos a ILT. La diferencia es justificada por gastos como los costes de urbanización que ascendieron a más de mil quinientos millones de pesetas o los créditos que casi llegaron a más de cuatrocientos millones, entre otros. En total la junta aglutinaba a 142 parcelas de las que 32 quedaron fuera y nunca llegaron a recibir cantidad alguna por la expropiación. A parte están los militares que ya han recurrido y otros 4 propietarios a los que el TSJC les ha dado la razón.