Diario de Avisos / 14 de marzo de 2008.- V. Pérez / W. Hernández. Santa Cruz. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, avanzó hace dos semanas a este diario que tenía una idea "rompedora" para desbloquear el proyecto de Las Teresitas. Yayer, en el pleno municipal, se despejó la incógnita: devolver al Estado la concesión administrativa que le otorgó al Ayuntamiento en 1966 para gestionar la playa y propone ahora al Gobierno central que asuma la ejecución de las obras restantes, incluyendo las previstas en las polémicas parcelas que el Consistorio adquirió en 2001 por 52, 6 millones de euros, precio anulado por los tribunales y pendiente de una nueva tasación. El Ayuntamiento, en todo caso, aportará la financiación que tiene ya comprometida para ejecutar este proyecto.
Estas medidas se recogen en una moción conjunta de CCy PP en la que se acordó la suspensión cautelar de las obras que ejecuta el Ayuntamiento, haciendo ahora caso a la Dirección General de Costas, que había advertido de que esos trabajos no tienen autorización para invadir el dominio público marítimo terrestre con el edificio de aparcamientos y área comercial en construcción en la entrada de la playa. Costas ha aconsejado también parar las obras a la espera de que los tribunales resuelvan el recurso presentado por Inversiones Las TeresitasSL, anterior dueña de la playa, contra el auto judicial que obliga a establecer un nuevo precio pero no a la devolución de los terrenos.
En una moción apoyada por CC, PP y Ciudadanos, pero rechazada por el PSOE, se plantea además derivar a Costas "toda responsabilidad patrimonial o de cualquier otro tipo" a que haya lugar por la suspensión de los trabajos, adjudicados a OHL.
El acuerdo pone también énfasis en instar a Costas a aprobar el nuevo deslinde de dominio público marítimo-terrestre de Las Teresitas, en aplicación de la Ley de Costas y en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 1998, en la que, si bien no establece una nueva linde, si dictamina que el anterior, de 1961, debe ser modificado debido a la construcción de la playa artificial.
En este punto cabe recordar que el Ayuntamiento solicitó a Costas en 2001 que fijara el nuevo deslinde, trámite que aún no ha completado la Administración central, si bien el Consistorio dio este paso cuando ya había comprado los terrenos. Se da la circunstancia de que la propuesta de deslinde prevista ahora por Costas, tras las alegaciones de ATAN, deja como público parte de las parcelas que el Ayuntamiento adquirió en 2001 (la Ley de Costas prohíbe la compraventa de esta franja litoral, patrimonio estatal).
Igualmente, en la moción aprobada ayer, el Ayuntamiento pide a Costas que firme el previsto el convenio para el desarrollo del proyecto de ordenación del frente marítmo de Las Teresitas, y que el Ministerio de Medio Ambiente declina firmar ahora a la espera de un informe de la Abogacía del Estado tras las resoluciones judiciales sobre la compraventa y la ordenación de esta zona.
El pleno había sido solicitado por el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz Angel Isidro Guimerá, que defendió en una moción, también aprobada, la paralización de las obras debido a la actual inseguridad jurídica sobre los terrenos del frente de playa, aunque no logró igual medida para la urbanización del valle de Las Huertas.
La portavoz del PSC-PSOE, Gloria Rivero, se congratuló de que el Ayuntamiento devuelva a Costas la playa, pues, según recordó, eso es lo que ha venido pidiendo en los últimos plenos, para que sea el organismo estatal el que dote a este frente marítimo de los servicios y las mejoras necesarias para su disfrute público. Sin embargo, el PSOErechazó que Costas haya creado inseguridad jurídica en este asunto, como sostuvo la edil de Urbanismo, Luz Reverón, quien se detuvo a pormenorizar los sucesivos informes en que el Ministerio dio el visto bueno al deslinde público en que se ha basado toda esta operación urbanística, documentos que datan de 2004, 2005 y 2006, con ocasión de la modificación puntual del Plan General de 1992 y la tramitación del nuevo planeamiento municipal. En cambio, a finales de 2007, ya en plena instrucción judicial de la querella del caso Las Teresitas, la Costas advirtió al Ayuntamiento de que el único deslinde válido es el de 1961, y de que está pendiente de aprobarse el nuevo.
Rivero acusó al equipo de Gobierno (CC y PP) de realizar "una actuación partidista, de defender los intereses privados y no los del pueblo", y de no asumir sus "graves" responsabilidades en el caso Las Teresitas (en el que una ex arquitecta municipal,Pía Oramas, declaró ante la juez haber recibido presiones -a las que no cedió- para firmar un precio 30 millones de euros superior al que para ella valía el frente de playa). La concejal de Urbanismo, por contra, defendió la "buena fe" del Ayuntamiento para evitar que se edifique el frente de playa, y destacó que los terrenos que el Consistorio cede a Costas -los adquiridos en 2001- contaban con su debida inscripción en el Registro de la Propiedad, "sin que exista sentencia o pronunciamiento judicial alguno que cuestione dicha titularidad".
Las obras suspendidas ayer corresponden al proyecto diseñado por Dominique Perrault. La fase I (accesos y complementos) competía hasta ahora ejecutarla el Ayuntamiento, y la fase II (la playa), a Costas.