Diario de Avisos / 21 de febrero de 2008.- V. P. / ACN Press. Santa Cruz. El PSC-PSOE de Santa Cruz presentó ayer sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente para solicitar la paralización cautelar de todas las obras que se ejecutan en el entorno de Las Teresitas, tanto las que lleva a cabo el Ayuntamiento en ejecución del proyecto de reordenación de este frente marítimo, como las que promueve Mapfre en el Valle de Las Huertas.
Así lo anunciaron ayer en rueda de prensa el secretario general del PSC en Santa Cruz, Jose Manuel Corrales; la portavoz municipal y diputada nacional, Gloria Rivero; la parlamentaria regional Gloria Gutiérrez; y el también diputado autonómico y presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, Santiago Pérez, y el concejal José Ángel Martín Bethencourt.
Los socialistas defienden la paralización de las obras por un principio de seguridad jurídica y para evitar la teoría de "hechos consumados" que dificultaría la ejecución de una posible sentencia que determinara la irregularidad y demolición de las obras, dado los procedimientos judiciales que permanecen abiertos.
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debe resolver aún un recurso presentado por Inversiones Las Teresitas contra el auto que establece la forma de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la compraventa del frente de playa. También está por resolver la querella penal por prevaricación y malversación de fondos públicos que instruye el TSJC, y en la que están imputados el alcalde, Miguel Zerolo; y otras once personas, entre empresarios y funcionarios, incluyendo al ex portavoz del PSOE Emilio Fresco, quien causó baja como militante tras su imputación en el caso.
Los socialistas insistieron en que "lo más lógico y lo que el sentido común impone" es paralizar unas obras que se están desarrollando en medio de "semejante lío jurídico" sobre los terrenos. Frente a ello, consideraron que Zerolo, lo que pretende es ejecutar las obras "a todo correr" para luego argumentar la inviabilidad de ejecutar una posible decisión de los tribunales contraria a esas edificaciones.
En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, se solicita que, en el marco de la investigación judicial del caso Las Teresitas, adopte las medidas para la paralización cautelar de las obras. En concreto, se solicita la paralización de los trabajos del edificio de aparcamientos y área comercial que el Ayuntamiento de Santa Cruz está ejecutando al inicio de la playa, en los terrenos que ocupaba el campo de fútbol de San Andrés.
En consonancia con ello, reclama que se libre oficio a la Guardia Civil para que proceda a la paralización de los trabajos y el precinto y vigilancia de las construcciones realizadas. Asimismo, solicita que se requiera al Ayuntamiento que se abstenga de realizar obras, "cualquiera que sea su índole o características", en el frente de la playa.
El PSOE recuerda el requerimiento hecho por la Demarcación de Costas al Ayuntamiento el 21 de diciembre, del que informó este diario el pasado 17 de enero, en la que le recomendaba "muy especialmente" que no iniciara las obras de los aparcamientos de la playa, porque carecía de autorización para ocupar el dominio público marítimo terrestre. Asimismo, los socialistas denuncian que el Consistorio modificó unilateralmente el convenio urbanístico del Plan Parcial de las Teresitas, que preveía la construcción de una rotonda para descongestionar el tráfico donde ahora se construye el edificio para aparcamientos y establecimientos comerciales.
En cuanto a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente, Gutiérrez indicó que se entiende que se ha cometido un atentado contra el patrimonio público y que se trata de obras que carecen del preceptivo informe de impacto ambiental del Gobierno canario. Rivero insistió en que el Ayuntamiento busca "la triquiñuela" de no ejecutar las sentencias mediante la política de hechos consumados.
La portavoz socialista pidió al alcalde que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Consistorio "a devolver a las arcas municipales los 8.500 millones de las antiguas pesetas que pagó por los terrenos del frente de playa". No obstante, cabe recordar que la ejecución de este fallo está pendiente de una nueva tasación de los terrenos ordenada por el TSJC, según los criterios fijados por el Tribunal.