Diario de Avisos / 14 de febrero de 2008.- V.P. Santa Cruz. El director general de Costas, José Fernández, confirmó ayer al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, los reparos del Ministerio de Medio Ambiente a la continuidad de las obras de remodelación del frente marítimo de Las Teresitas, debido a los contenciosos judiciales que afectan a este ámbito. Así lo informó el propio Ayuntamiento en su versión sobre la reunión mantenida ayer en Madrid entre ambos cargos públicos, y en la que también estuvo presente la concejal de Urbanismo, Luz Reverón.
Las objeciones de Costas tienen que ver con "los últimos acontecimientos vinculados a sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)", según apuntó el Consistorio en un comunicado, en clara referencia a la anulación judicial de la compra efectuada en 2001 por el Ayuntamiento de 11 parcelas del frente de playa por 52,6 millones de euros, y al auto posterior que obliga a realizar una nueva tasación de los terrenos.
Esta valoración, que tutelará el TSJC, obliga a tener en cuenta, entre otros criterios, si parte de las parcelas está en dominio público marítimo terrestre, aspecto en el que Costas tiene un papel clave, ya que desde 2001 tramita un lento expediente para fijar una nueva linde, pues la vigente data de 1961. En la reunión de ayer, Fernández aclaró que la decisión que tome Costas dependerá de unos informes jurídicos que tendrá listos "dentro de una semana o diez días" y de los cuales dará traslado al Ayuntamiento de Santa Cruz", según reza el comunicado municipal. Este fue el único compromiso que, con respecto a Las Teresitas, se trajeron ayer de Madrid Zerolo y Reverón, después de que a finales de diciembre la Demarcación de Costas en Tenerife remitiera un oficio a la Gerencia de Urbanismo para advertir de que las obras del edificio de aparcamientos y zona comercial y de ocio que se construye a la entrada de la playa no cuentan con autorización, al igual que las que se llevan a cabo en la parte final, junto al puesto de Cruz Roja.
La reunión de ayer venía precedida además de la decisión adoptada el 31 de enero en el pleno del Ayuntamiento, apoyada por CC, PP y Ciudadanos, de recabar informes técnicos y jurídicos para paralizar las obras hasta cerrarse los diversos frentes judiciales abiertos (incluyendo la querella penal que instruye el TSJC), y derivar a Costas posibles indemnizaciones "por su inactividad y conducta omisiva en la actualización del deslinde público", según el texto de acuerdo.
La actitud de esta Dirección General sobre el deslinde público motivó incluso que hayan declarado ante el TSJC, en calidad de testigos, varios funcionarios de este organismo estatal en Tenerife, durante la instrucción del caso Las Teresitas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Este diario contactó con el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, que rehusó ofrecer información sobre la reunión de ayer.