El Día / 2 de febrero de 2008.- O. GONZÁLEZ, Tenerife. El conflicto que rodea la santacrucera playa de Las Teresitas parece no tener fin. Lejos de que su futuro pueda resolverse en un tiempo prudencial, para beneficio o no de todos, los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto que la resolución al problema puede prolongarse por varios años más.
Por un lado, y en lo que afecta a la parte administrativa del "caso Las Teresitas", hay que esperar aún a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tutele la nueva tasación de los terrenos del frente de playa ordenada por el propio TSJC. En este sentido, cabe recordar que el tribunal canario reinterpretó un fallo del Tribunal Supremo de mayo de 2007 que declaraba "nulo" el contrato de compraventa de las once parcelas del frente de playa, y consideró que el contrato era "anulable", estableciendo y tutelando una nueva valoración de los solares.
Sobre este aspecto el TSJC debe resolver aún si acepta o no el recurso de súplica interpuesto contra esta nueva valoración por parte de la Junta de Compensación y de Inversiones Las Teresitas SL (la empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González que compró los terrenos del frente de playa por algo más de 30 millones de euros a la Junta de Compensación y que luego se los vendió al Ayuntamiento de Santa Cruz en 52,5 millones de euros). El recurso de súplica es un trámite necesario para poder apelar, si procede, la decisión del TSJC.
Para esta nueva tasación tutelada todas las partes implicadas deberán nombrar a sus peritos correspondientes. El consistorio ya lo ha hecho y serán varios técnicos municipales los encargados de hacer la valoración, para la que el TSJC aún no ha puesto fecha.
Querella
No obstante, la parte del "caso Las Teresitas" con mayor trascendencia mediática hasta el momento ha sido la sustentada desde el ámbito penal. La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, el ex edil de Urbanismo Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, entre otros, ha recrudecido el debate jurídico y político sobre si la operación de compraventa de los terrenos del frente de playa se realizó atendiendo a los intereses del pueblo de Santa Cruz o a los de los mencionados empresarios.
En este caso, las opiniones políticas han sido meridianamente claras. Para Coalición Canaria la operación se hizo completamente ajustada a la legalidad y atendiendo a los informes de los funcionarios municipales. Sin embargo, la opinión del PSC ha sido justamente la contraria. Dirigentes regionales, insulares y municipales han sostenido que la venta de los terrenos del frente de playa se "amañó" para beneficiar a los dueños de Inversiones Las Teresitas SL.
Precisamente sobre este aspecto, el alzamiento parcial del secreto del sumario del "caso Las Teresitas", decretado hace algo más de una semana por la magistrada que instruye la causa, Carla Bellini, ha venido a corroborar, en parte, las tesis defendidas por los socialistas. Todo ello con la prudencia que exige la falta de un fallo judicial.
Por un lado, el alcalde, Miguel Zerolo, declaró ante la fiscal, entre otras cosas, que se habían basado siempre en los informes de los técnicos y que desconocía quién había hecho el convenio urbanístico. Por otro, el ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, argumentó que había habido unanimidad por parte de los técnicos en la valoración de los terrenos. La nota discordante la puso, sin embargo, la ex arquitecta municipal Pía Oramas, que aseguró ante Carla Bellini y María Farnés que había sido presionada por los responsables de Urbanismo para firmar una tasación de los terrenos superior a la que había realizado, algo más de 19 millones de euros.