Diario de Avisos / 1 de febrero de 2008.- Vicente Pérez / Santa Cruz. En plena cascada de informaciones sobre el sumario del caso Las Teresitas, cuyo secreto se levantó de forma parcial hace unas semanas, el Ayuntamiento celebró ayer el esperado pleno monográfico sobre la situación judicial y administrativa de las obras de remodelación del frente de playa y del Valle de Las Huertas.
El resultado del debate -al que no asistió el concejal del CCNIgnacio González- fue la aprobación de la propuesta de Ciudadanos de "recabar, con carácter de urgencia, los informes técnicos y jurídicos pertinentes para proceder a la paralización cautelar de las obras" del edificio de aparcamientos y locales comerciales situado junto a la playa y la urbanización de Mapfre en Las Huertas. Una iniciativa que apoyaron CCy PP, aunque, a cambio, el citado partido de la oposición aceptó un añadido: "Derivar, en su caso, las responsabilidades patrimoniales en que pudiera haber incurrido la Dirección General de Costas por su inactividad y conducta omisiva en la actualización de la delimitación del deslinde del dominio público". El PSOE votó en contra (Costas es un organismo del Gobierno central, en manos de los socialistas).
Ya, de entrada, el alcalde, Miguel Zerolo, se negó a entrar en aspectos del sumario de la causa penal (muchos ya conocidos públicamente, como las presiones que la arquitecta municipal, Pía Oramas, declaró haber recibido para que firmara el precio que pagó el Ayuntamiento por el frente de playa, 52,6 millones de euros, cuando para ella y otros dos informes iniciales valían 19,2).
Las alusiones de la oposición a los datos conocidos sobre las declaraciones de testigos e imputados y los resultados de la investigación no fueron objeto de respuesta desde CC (el PPno intervino en el pleno). La oposición fue menos beligerante de lo esperado en este sentido, aunque aun así la portavoz socialista, Gloria Rivero, recordó la declaración de Pía Oramas ante la juez, y su tasación muy inferior al precio pagado por las once parcelas de la playa;el concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá leyó sonados titulares de prensa, y el socialista José Ángel Martín (denunciante del caso) formuló una sarta de preguntas sobre los aspectos más espinosos como, de nuevo, las presiones que denunció Oramas, la presunta estafa a los vecinos de Las Huertas o la compra de parcelas que supuestamente ya eran de dominio público. En este punto, el alcalde hizo un ostensible gesto a la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, para que no respondiera a Martín.
La portavoz socialista, Gloria Rivero, no dudó en introducir la cuestión hablando de "pelotazo de libro", acusando al alcalde capitalino de escudarse en el pleito insular para justificar las revelaciones sobre el caso Las Teresitas. Sobre las obras en la playa, pidió su paralización y que el Ayuntamiento devolviera la concesión administrativa del dominio público otorgada en 1966 para que Costas mejore los servicios que necesita la playa. Esta última propuesta fue rechaza por CC y PP, aduciendo que el Consistorio ya revocó la concesión para que Costas pueda ejecutar las obras que le corresponden en el convenio para ejecutar el proyecto. Zerolo reprochó a Rivero que "condene a los imputados" antes que la Justicia se pronuncie, "porque le conviene electoralmente". Planteamiento con el que coincidió Guimerá, pues "este pleno no es un tribunal de justicia, y es absurdo e inapropiado entrar en un asunto que está sub iudice".
En cambio, el edil de Ciudadanos instó a suspender las obras dadas las "incertidumbres" que se ciernen sobre el proyecto ya que Inversiones Las Teresitas podría lograr que se revocara el auto judicial que anula el precio de la compraventa pero no obliga a devolver los terrenos a los empresarios y éstos el dinero al Consistorio. También recordó Guimerá los recursos judiciales pendientes sobre el deslinde público, también una de las claves de la causa penal.
Hacia el plano jurídico y no el político llevó la cuestión la concejal de Urbanismo. Así, mantuvo que las obras junto a la playa ya estaban previstas en el convenio con Costas; recordó que este organismo ha destinado 10,4 millones de euros a este proyecto, y subrayó que Costas informó en ocasiones anteriores a favor de que el deslinde fuera por el muro de la playa, y que ahora mantiene que el vigente es el de 1961. Tanto Miguel Zerolo como Luz Reverón insistieron en que si los servicios jurídicos aconsejan parar las obras "se paralizarán", pero no antes. En este punto, José Ángel Martín espetó a Zerolo: "Usted se fía de sus técnicos hasta que le llevan la contraria, como Pía Oramas", alusión que le reprochó el alcalde, tras lo cual Martín le pidió "perdón".
El portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, acusó al PSOE de convertir el pleno en "un juicio paralelo o en un circo a la medida de su estrategia electoral" y recordó que "las responsabilidades políticas las dirimió el pueblo en las urnas" y que las penales, las dirimirán los tribunales. El edil tachó de "defectos formales subsanables" los motivos por los que la Justicia anuló la compraventa y recordó que esta operación urbanística fue apoyada en 2001 de forma unánime en el pleno municipal, "incluido el PSOE".