Diario de Avisos / 4 de febrero de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. El ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Emilio García Gómez y asesor de la Gerencia de Urbanismo, declaró ante la juez del caso Las Teresitas que no tenía "casi ninguna duda" de que el precio de las 11 parcelas del frente de playa "había sido fijado libremente por la parte vendedora".
Así lo aseguró al ser preguntado si recordaba que el secretario general del Ayuntamiento, José De Zárate (imputado como él por prevaricación y malversación de fondos públicos) había manifestado que el precio, los 52,6 millones de euros pagados con cargo a las arcas municipales, lo estableció "libremente" Inversiones Las Teresitas, S.L. García Gómez hizo esta afirmación tras contestar que no sabía si De Zárate había escrito eso, pero que para él no había duda de que había sido así la fijación del precio.
El ex edil del PP -también ex alcalde de la capital por CC-, negó que hubiera desobedecido a su partido cuando votó a favor del convenio urbanístico. "Es falso lo que ha dicho Ángel Llanos", señaló a preguntas de la fiscal, María Farnés, quien le recordó que el entonces dirigente insular del PP y ahora primer teniente de alcalde había comentado en la prensa que los ediles del PP desobedecieron al partido, época en que Guillermo Guigou -ahora líder de Ciudadanos de Santa Cruz- era el presidente insular.
El ex edil del PP, interpelado por la fiscal por qué abandonó el partido antes de acabar aquel mandato, dijo, de forma vaga, que "no hubo un motivo personal concreto" y que "llegó un momento en que el grupo [municipal del PP] no estaba considerado como segunda fuerza política", por lo que "se quitó de en medio".
En su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el 17 de mayo de 2007, García Gómez no vaciló al sostener que estaba "plenamente de acuerdo con la operación que se hizo", la compra de la playa por el Ayuntamiento, pues consideró que con la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 1998 que reconocía el derecho a urbanizar la playa, "cualquier actuación que no fuera la avenencia con la propiedad hubiera sido contraria a derecho".
El ex portavoz popular indicó que participó "en varias reuniones" solo con Ignacio González y Antonio Plasencia -los dos accionistas de Inversiones Las Teresitas- y recordó que se había descartado la vía de expropiación "por no ser una solución ajustada a derecho", aunque dijo desconocer si esta opción se descartó antes o después del pleno celebrado el 19 de enero de 2001.
En esa sesión plenaria el Ayuntamiento aprobó que compensaría a los empresarios mediante reasignación de aprovechamientos urbanísticos "o" cualquier otra forma ajustada a derecho. La fiscal sostiene que el Ayuntamiento incumplió el acuerdo del pleno al hacer luego las dos cosas, es decir, pagar por el frente de playa y cambiar el uso turístico por residencial en el Valle de Las Huertas (que luego Inversiones Las Teresitas vendería a Mapfre por más de 96 millones de euros). Al respecto, García Gómez afirmó que no se hicieron informes técnicos sobre la posibilidad de llevar la edificabilidad de la playa al valle de Las Huertas, pero que supone que se descartó esta opción porque era "una barbaridad".
La fiscal sometió al ex portavoz del PP a una batería de preguntas sobre el informe de Pía Oramas, la arquitecta municipal que tasó en 19,2 millones el valor de las 11 parcelas de la playa, pero cuyo criterio no fue tenido en cuenta. "Ese informe no estaba ni está en el expediente, no formaba parte de él", comentó, tras admitir que tuvo conocimiento de este documento cuando el TSJC se lo pidió en las diligencias previas del caso Las Teresitas. Aún así, opinó que Oramas no hizo una tasación, sino "un análisis de varias propuestas", "que no se ajustan a derecho", pues la "tasación dice que por ley [el suelo] no es edificable, y no es verdad".
La arquitecta testificó ante el TSJC que recibió presiones -a las que no cedió- en la Gerencia de Urbanismo para que firmara el precio que finalmente pagó el Ayuntamiento, y ratificó que hasta tres informes -el de ella y dos externos- permitían concluir que las parcelas valían 19,2 millones, 33 menos que los pagados.