Diario de Avisos / 2 de febrero de 2008.- Vicente Pérez Santa Cruz. El hasta hace unas semanas secretario municipal de Santa Cruz, José Eugenio de Zárate -recién jubilado-, ratificó ante la juez del caso Las Teresitas que los empresarios vendedores del frente de playa al Ayuntamiento por 52,6 millones de euros eran "libres para fijar el precio sin ninguna clase de condición" y que "tan lícito sería decir que han fijado libremente el precio como que lo han aceptado libremente". En cuanto al Ayuntamiento, dijo que en este tipo de operaciones "siempre está condicionado por los principios de buena administración y precio de mercado".
De Zárate, uno de los imputados por prevaricación y malversación de fondos públicos, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que encargó una tasación sobre las parcelas "después de la querella" presentada por la Fiscalía Anticorrupción, y que se sustanció en el actual proceso penal contra once imputados, entre ellos el acalde, Miguel Zerolo. Ese dictamen, según el declarante fue elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño León, "que considera inferior al precio de mercado el precio que se pagó".
Cabe recordar que, según manfiestó ante la juez la ex arquitecta municipal Pía Oramas, el Ayuntamiento disponía inicialmente de tres informes (uno suyo, otro de la Universidad Carlos III y otro de Pool Guest) y que "en base a esos tres estudios se podía decir que el valor [de las 11 parcelas] era de 3.200 millones de pesetas [19,2 millones de euros]". Finalmente, el Ayuntamiento tuvo en cuenta otras tasaciones posteriores para fijar el precio, la de Tinsa, 63,41 millones de euros, y la de la Sociedad de Tasación, 46,81 millones de euros. En su comparecencia ante la magistrada instructora Carla Bellini, el 21 de mayo de 2007, De Zárate afirmó que para su informe sobre el convenio convenio urbanístico entre Inversiones Las Teresitas y el Ayuntamiento no examinó las distintas tasaciones sobre los terrenos porque esa labor ya la había hecho la Gerencia de Urbanismo y porque no era experto en la materia. Aún así, observó que la tasación "no se hizo tan ligeramente, se tomaron las medidas para tener una tasación de parte, otra de los vendedores y la que al final se tuvo en cuenta junto con las otras".
Preguntado si el Ayuntamiento podía haber expropiado o permutado los terrenos, el declarante respondió afirmativamente. "Creo que sí, como cualquier medio admitido en Derecho", aunque dijo desconocer si en algún momento se barajaron otras posibilidades distintas de la compra. En todo caso, mantuvo que existía "un informe del secretario delegado [de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otro de los imputados], que toca este tema". Reyes dijo a la jueza que, a su juicio, la expropiación era inviable jurídicamente.
De Zárate aseguró no recordar si estuvo en el pleno municipal del 19 de enero de 1991 en que se aprobó la propuesta marco de convenio con la Junta de Compensación, que establecía la compensación por reasignación de aprovechamientos urbanísticos "o cualquier fórmula ajustada a Derecho", pero no las dos a la vez, que es lo que, según la fiscal, se hizo. El ex secretario afirmó que nunca supo del informe de Pía Oramas.