El Día / 2 de febrero de 2008.- O. GONZÁLEZ, Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz acordó hace unos meses paralizar las obras de las once parcelas del frente de Las Teresitas, afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 20 de mayo de 2007. Sin embargo, el consistorio ha seguido ejecutando los trabajos del aparcamiento que se construye en el inicio de la playa.
En este sentido, y como parte también del proceso administrativo del "caso Las Teresitas", la Demarcación de Costas remitió en diciembre pasado un informe a la Gerencia de Urbanismo en el que le advertía que debía paralizar las obras del párking y no iniciar las del local de la Cruz Roja en el extremo de la playa, al carecer del permiso correspondiente de Costas y al estar invadiendo el dominio público terrestre definido por el deslinde de mayo de 1961.
Pese a esta advertencia, Urbanismo no ha ordenado que se paren los trabajos, al entender que ni la propia Dirección General sabe determinar si el deslinde que se aplica es el mencionado del año 1961 o el que marcó una sentencia del Tribunal Supremo en el año 1998.
Además, han reiterado que las obras del aparcamiento no están en dominio público y que se ejecutan en virtud de un convenio suscrito con la Consejería de Turismo del Gobierno canario y con el Cabildo tinerfeño.
En cualquier caso, y como quiera que este asunto no está claro, la concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Luz Reverón, se reunirá el próximo 13 de febrero en Madrid con el responsable de la Dirección General de Costas, José Fernández, para intentar dilucidar qué deslinde se aplica en la playa de Las Teresitas.
Entre tanto, este jueves el grupo de gobierno (CC y PP) y la formación política Ciudadanos de Santa Cruz aprobaron en un pleno extraordinario sobre Las Teresitas una moción para recabar, con carácter de urgencia, los informes técnicos y jurídicos pertinentes para proceder a la paralización cautelar de las obras de la playa y el Valle de Las Huertas.
Asimismo, la moción establece las responsabilidades patrimoniales en que pudiera haber incurrido la Dirección General de Costas por su inactividad y conducta omisiva en la actualización de la delimitación del deslinde.