La Gaceta de Canarias / 31 de enero de 2008.- DAVID CUESTA. S.C. DE TENERIFE.— El Grupo socialista en el Ayuntamiento capitalino movió ficha ayer y dio a conocer una serie de medidas cautelares que, durante esta semana, presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que se añadan a la querella interpuesta por la Fiscalía por el caso de Las Teresitas.
En la denuncia del PSOE, a la que también hay que añadir otra que el partido asegura que va a presentar ante la Fiscalía de Medio Ambiente, se exige que el Consorcio municipal paralice de forma inmediata las obras que en la actualidad se llevan a cabo en la playa.
Las alegaciones socialistas se fundamentan, principalmente, en la petición de la Dirección General de Costas de suspender los trabajos de construcción; en la existencia de una querella de la Fiscalía contra el Plan Parcial de Las Teresitas; y en la sentencia del TSJC que declara nula la compraventa del frente de la playa.
“Pelotazo urbanístico”
El secretario general del PSOE en Santa Cruz, José Manuel Corrales, aseguró que hubiese preferido que “la racionalidad se impusiese”, ya que su petición inicial era que el Gobierno parase las obras actuando de oficio. Algo que para Corrales era imposible dada la intención del Ayuntamiento de “fomentar un pelotazo urbanístico”.
Asimismo, Corrales recordó una promoción previa a las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007, en la que Coalición Canaria “afirmaba que había comprado el frente de playa para que no se construyera”.
Por su parte, la senadora socialista Patricia Hernández arremetió directamente contra el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, al que acusó de “esconderse”. Además, Hernández pidió la dimisión de Zerolo al considerar que “sólo habla para mentir”, en relación a su declaración ante la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, como imputado.
Por otro lado, Gloria Gutiérrez, diputada regional socialista, señaló que la estipulación séptima del convenio urbanístico que regula la reordenación de la playa establece la construcción de una rotonda en la zona donde se ubicaba el antiguo campo de fútbol de San Andrés. Sin embargo, Gutiérrez recordó que en ese lugar se está “edificando un párking y varios locales comerciales sin dejar espacio físico para que se pueda colocar una rotonda”.
“La idea era conseguir dar una mayor agilidad a la circulación en una zona que todos conocemos por los atascos que se forman los fines de semana en verano, algo que ya no tendrá solución”, argumentó.
Por último, la diputada socialista alertó de que las obras están financiadas con “dinero de todos los santacruceros”, y recordó que “cuando salga la sentencia ese dinero no sólo se perderá, sino que habrá que pagar la demolición”.