Diario de Avisos / 31 de enero de 2008.- V. P. Santa Cruz. Víctor Reyes, secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo y firmante del informe de valoración sobre las once parcelas que adquirió el Ayuntamiento por 52,6 millones de euros, declaró ante la juez del caso Las Teresitas que desconocía la tasación realizada por la arquitecta municipal Pía Oramas, que calculó en 19,2 millones el precio de esos terrenos.
El funcionario desmintió de esta forma lo manifestado por el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, ante el Tribunal, pues el ahora edil adjunto a la alcaldía afirmó que Víctor Reyes era uno de los abogados municipales que "ponían pegas" a los informes previos sobre el precio de las parcelas -uno de ellos el de la propia Oramas- por discrepar sobre el asunto del deslinde público.
Reyes, que suscribió el informe de valoración a pesar de no ser arquitecto, señaló que fue el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, quien le dijo el precio de las parecelas (8.750 millones de pesetas) y que esta cantidad y la forma de pago son aspectos que "han decidido los que han estado en las conversaciones conjuntamente con los propietarios", pero que "si el resultado es ajustado a derecho, poco más tengo que decir". Reyes defiende en su declaración que no está de acuedo con que parte de las parcelas adquiridas por el Ayuntamiento fueran ya de dominio público, pues Costas les informa de que "el deslinde se sitúa en el muro de la playa" y, a su juicio, el linde establecido en 1961 "es obsoleto". Tal afirmación contrasta con el oficio que el pasado 20 de diciembre remitió al Ayuntamiento de Santa Cruz el jefe de la Demarcación de Costas, quien dice que el deslinde vigente "a todos los efectos" es el aprobado en 1961, y deja claro que "no existe ninguno aprobado con posterioridad", por lo que advierte de que las obras que se llevan a cabo en la playa "carecen de autorización"
En su comparecencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el secretario delegado de la Gerencia aseguró que si el Ayuntamiento hubiera querido expropiar las parcelas su deber era "informar desfavorablemente", aunque admitió que no hizo una cuantificación ni del daño emergente ni del lucro cesante que hubiera tenido que afrontar el Ayuntamiento caso de acudir a la vía expropiatoria. Reyes respondió afirmativamente a la pregunta de si la Gerencia consideró suficiente los informes de sus propios servicios jurídicos para descartar la expropiación, criterio que, en cambio no siguió con la vía de la compra, pues encargó informes externos. El funcionario sostuvo que "la directriz política era arreglar aquello de una vez, si era legal", en alusión al conflicto sobre la ordenación de Las Teresitas.