Diario de Avisos / 30 de enero de 2008.- Vicente Pérez / Santa Cruz. La en su día arquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz Pía Oramas se negó a firmar las tasaciones del frente de playa de Las Teresitas que le propusieron los responsables de la Gerencia de Urbanismo, "extrañada" por su elevado precio (entre 63,4 y 41,8 millones de euros), en comparación con el que ella, y otras dos valoraciones externas, habían establecido: 19,2 millones. Así lo declaró el 20 de noviembre ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que instruye el caso Las Teresitas.
De sus declaraciones se desprende que recibió presiones para que firmara el informe de valoración que se aproximaba al precio finalmente pagado por el consistorio a Inversiones Las Teresitas, 52,6 millones de euros, rúbrica que nunca estampó, por lo que fue desvinculada de este expediente.
Oramas relató ante la juez que el 22 de junio de 2001 el gerente de Urbanismo, José Tomás Martín -también imputado- le comunicó que había dos valoraciones externas (Una de Tinsa, de 63,41 millones, y otra de Sociedad de Tasación, 46,81 millones) y le pidió que las suscribiera. La arquitecta pidió verlas antes de dar una respuesta, y Martín dijo que debía consultarlo con el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, uno de los encausados. El 28 de junio fue el propio edil el que le pidió que las firmara, y ella "le contestó lo mismo", según su declaración ante el TSJC. Por tercera vez le solicitaron que rubricara las tasaciones sin antes conocerlas, durante una reunión celebrada el 29 de junio con el gerente; el abogado del Plan General, Fernando Senante; el secretario delegado de la Gerencia, Víctor Reyes -también imputado-; el funcionario José Luis Roca y el director de Políticas Territoriales de Urbanismo, Epifanio Gómez. Según la versión de la arquitecta, "Reyes pone reparos a que disponga de copia de las tasaciones en tanto no diga si va a suscribirlas o no", y ella insiste en que "sin verlas no puede decir nada", porque le "extrañaba" el resultado de las dos tasaciones. Finalmente, el 3 de julio, acceden a darle copia de estos documentos y, tras examinarlos, se reafirma en que las hipótesis de partida en ambas "distorsionaban el resultado". El 5 de julio le comunica esta decisión al gerente, quien le pide que "si lo puede reflejar por escrito pero sin firmarlo", a lo que se opone si no recibe la petición por escrito.
El 13 de julio, según refirió Pía Oramas a la juez Carla Bellini, la llamó el secretario delegado de Urbanismo para decirle que era "necesario" contar con su firma porque "debía haber" un informe suscrito por un funcionario "competente" en la materia [el mismo argumento sostenido por el Tribunal Supremo para anular la compraventa, el pasado año]. Nuevamente Oramas advierte de que no aceptará que le dicten lo que tiene que poner en el informe. El 25 de julio fue convocada a una reunión en la oficina del Plan General, donde este departamento y el interventor, le requieren el informe. No acudió a la reunión, y "no ha vuelto a saber nada más a partir de ahí", declaró. El resultado fue que, finalmente, el informe no lo firmó un arquitecto municipal, sino Víctor Reyes y el responsable del Area Económica del Ayuntamiento, Javier López de Vergara. Precisamente la falta de una tasación hecha por un arquitecto municipal es lo que motivó que el pasado año el Tribunal Supremo anulara la compraventa del frente de playa, a raíz del recurso de la Coordinadora Ecologista de El Rincón.
Pía Oramas explicó que, según su criterio, el valor de los terrenos era de 19,2 millones de euros, porque parte de los terrenos -9.000 metros cuadrados- estaba afectada por el deslinde público marítimo terrestre vigente desde 1961, y porque al plan parcial estaba limitado ya por la moratoria turística que desde 2001 prohíbe nuevos hoteles y apartamentos, salvo excepciones. Oramas respondió además, a preguntas de la fiscal Anticorrupción, María Farnés, que si el Ayuntamiento hubiera optado por expropiar el frente de playa, "el valor del que se hubiera partido hubiera sido inferior" incluso al de 19,2 millones, con arreglo a la vigente Ley del Suelo.
La arquitecta subrayó además que existían también otros dos informes con valores similares al del suyo: uno elaborado por la Universidad Carlos IIIde Madrid, y otro por el Gabinete de Tasaciones Immobiliarias Pool Gest. La declarante concluyó que "en base a esos tres estudios se podía decir que el valor era de 3.200 millones". Llama la atención que Pía Oramas advirtiera ante el TSJC en ninguna otra ocasión había visto que el Ayuntamiento, pudiendo pagar menos por unos terrenos, aceptara la valoración que lo obligaba a pagar mucho más.