Canarias 7 / 25 de enero de 2008.- Rosa Rodríguez / Santa Cruz de Tenerife. El informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez dedica todo un capítulo a cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife manejó a su conveniencia las líneas que delimitan el dominio público marítimo-terrestre una vez que inicia el expediente del Proyecto de Compensación del Plan Parcial de la Playa de Las Teresitas en 1988.
Los peritos afirman que en el expediente las parcelas del frente de playa «aparentemente, pasan a ser terrenos en pleno dominio» para el Ayuntamiento santacrucero, de tal forma que «adquiere incluso el dominio público, y se integran como unas fincas aportadas más al Proyecto de Compensación, para que posteriormente pasen a formar parte de parcelas resultantes, se adjudiquen a un tercero, distinto al Ayuntamiento, y puedan ser objeto de tráfico mercantil entre particulares». Los responsables del peritaje encargado hacen constar que esto sucede estando vigente el deslinde martítimo-terrestre llevado a cabo en 1961, «que establece la separación del dominio público del dominio privado».
El informe evidencia además que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no pidió un nuevo deslinde hasta un mes después de comprar las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a Ignacio González y Antonio Plasencia y que «hubo discrepancias» entre los técnicos municipales y los de la Demarcación de Costas en Tenerife. Hasta septiembre de 2006 la Demarcación de Costas no presentó una delimitación provisional de la línea probable de deslinde de los 1.537 metros lineales de la playa.
En esa propuesta de deslinde los terrenos de dominio público no sólo no se reducen, sino que se incrementan, pasando de los 6.907 fijados en el deslinde de 1991 a casi 30.000 metros cuadrados. Los peritos coinciden con la apreciación que en su querella hizo la fiscal María Farnés Martínez de que, después de incorporar los terrenos de dominio público en el proyecto de compensación y trapichear con ellos a lo largo de todo el expediente, el Ayuntamiento acabó comprando terrenos que en casi un 50% ya eran públicos. Pero, además tampoco iba a salvar la playa de edificaciones el Ayuntamiento adquiriéndola porque, según el informe pericial, de los 84.737 metros cuadrados que no están afectados por el dominio público, los 35.700 que son edificables «están en terreno accidentado con limitación de ocupación» fijadas en la modificación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. «Las zonas aptas para edificar quedan en dominio público» concluyen los peritos.
El deslinde está en el TSJC.
La Asociación Amigos Tinerfeños de la Naturaleza (ATAN) recurrió a finales de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la propuesta de deslinde martítimo-terrestre de la playa de las Teresitas de la Dirección General de Costas. ATAN argumentaba que se Costas tenía en cuenta los terrenos ganados al mar para fijar el deslinde, «vulnerando la Constitución y la propia Ley de Costas». ATAN aportó documentos que corroboran que las mareas llegaban al acantilado.