Canarias 7 / 24 de enero de 2008.- Antonio F. de la Gándara / Las Palmas de Gran Canaria.- La maquinaria judicial que activó el proceso penal por el caso de Las Teresitas se puso en marcha en la mañana del 30 de junio de 2005, cuando se presentaron ante el fiscal de guardia de Santa Cruz de Tenerife Juan Manuel González Casanova los miembros del colectivo ciudadano Ínsula Viable José Ángel Martín Bethencourt (concejal socialista en el Ayuntamiento santacrucero), Carmen Melián, Justo Menéndez, Pablo Aznar, María del Carmen Herrera, Rafael González, María Jesús Delgado, Gregorio Negrín y María Delfina Negrín.
En siete folios el colectivo denuncia que el convenio urbanístico para la reordenación de Las Teresitas, aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 23 de julio de 29001, es en realidad «un pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgrede todos los principios y fines que, legalmente, han de inspirar la actuación de las administraciones públicas en materia urbanística».
Los ciudadanos ponen en conocimiento del Ministerio Público el supuesto pelotazo: Inversiones Las Teresitas adquiere la primera línea de la playa a la Junta de Compensación por 5.600 millones de pesetas y después se la vende al Ayuntamiento por 8.750 millones de pesetas, al tiempo que se queda con dos parcelas en el Valle de las Huertas que pasan de uso terciario a uso residencial#. Le pide que investigue si fue lícito ese «incremento espectacular pero injustificado», subrayando el crédito de alto riesgo que concedió Cajacanarias a la promotora #–5.000 millones de pesetas, 30 millones de euros– para que comprara los terrenos.
Preliminares
El 20 de julio de 2005, la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral Parra, decreta la incoación de diligencias preliminares de investigación, al considerar que las irregularidades que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el colectivo ciudadano «pudieran revestir el carácter de delito». Almendral designa instructora de las diligencias a la fiscal delegada Anticorrupción de la provincia de Santa Cruz, María Farnés Martínez Frígola.
El mismo 20 de junio, Martínez se pone manos a la obra: Requiere al Ayuntamiento de Santa Cruz a fin de que le remita copia del expediente relativo a la adquisición de las parcelas en el frente de playa de Las Teresitas, así como del cambio de uso pactado con referencia a las parcelas en el Valle de Huertas; a Cajacanarias, para que le informe sobre los detalles del préstamo concedido a Inversiones Las Teresitas en condiciones más que irregulares, según advirtió una inspección del Banco de España; al Registro Mercantil a fin de que expida certificación de la inscripción en el registro de la entidad Inversiones Las Teresitas «con expresión de la fecha de dicha inscripción» (fue dos días antes de la concesión del crédito), y a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que informe si encargó a Sociedad de Tasación S.A. un informe pericial relativo al valor de las parcelas [el informe que a la sazón llevaría al Supremo a anular la operación de compra-venta por ser una valoración interesada].
A las 14.15 horas del 23 de enero de 2006, María Farnés Martínez recibe un fax. Se lo remite el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Antonio Salinas. Entre otros documentos, adjunta un decreto firmado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido Tourón, en el que se acuerda oficialmente atribuir la competencia para continuar con la investigación a la entonces denominada Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, de la que es delegada en Tenerife la destinataria del fax.
Alarma social
Entre otras razones para defender la competencia de Anticorrupción –un departamento con plena autonomía en la Fiscalía tinerfeña que sólo rinde cuentas ante Madrid–, Conde-Pumpido alude a «la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados y la alarma social que los mismos han generado en la sociedad ante la quiebra de la confianza en el correcto funcionamiento de las instituciones públicas». «De momento», detalla Conde-Pumpido, aparecen como implicados «Miguel Zerolo Aguilar, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz e Ignacio González Martín, consejero de CajaCanarias.
El decreto del fiscal general explica que la investigación «resulta compleja» y «pone de manifiesto la necesidad de la intervención de una Fiscalía con la especialización orgánica y funcional que tiene la Fiscalía Anticorrupción».