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Canarias en Movimiento califica al Tribunal Supremo de antidemocrático

El movimiento sociopolítico canario manifiesta sus dudas sobre la base jurídica utilizada por el Tribunal Supremo para prohibir la exhibición de la bandera canaria de siete estrellas en las instituciones canarias

Canarias en Movimiento afirma que la nueva sentencia del Tribunal Supremo, “sienta un precedente jurídico que podría vulnerar los derechos fundamentales”. El Tribunal dictó sentencia este lunes, fijando como doctrina que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con las oficiales". De esta manera, anula el acuerdo tomado por mayoría en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2016, que reconocía la bandera nacional canaria (de siete estrellas verdes) acordando su izado ocasional como conmemoración de la fecha de su creación.

El movimiento soberanista entiende que, a partir de esta sentencia, cualquier símbolo que represente otras luchas civiles o democráticas tampoco podrán ser exhibidas, como los relativos a los movimientos feministas o de diversidad sexual, que son habitualmente utilizados en fechas señaladas. Al respecto del argumento jurídico, creen que la posición del Supremo falsea el acuerdo tomado, pues en el acuerdo se dice que es “uno de los símbolos colectivos con los que se siente identificado el pueblo canario, no el único”, y además “claramente entra en un lugar ajeno que no le corresponde, el debate identitario del pueblo canario”. Sin embargo, señalan que el problema de fondo es que la Abogacía del Estado haya presentado este recurso, buscando su prohibición después que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias diera la razón al Ayuntamiento en 2017 y considerara que “se encontraba perfectamente contemplado dentro del marco de la legalidad institucional”. “La Abogacía del Estado como sabemos no es neutral, sino que depende del gobierno, así que se trata de una sentencia política, fruto de los esfuerzos del Partido Popular por perseguir cualquier elemento que se salga de su ideología centralista, y con Cataluña como telón de fondo”.

Por último, esperan que los partidos que actualmente componen el gobierno canario y estatal, en especial aquellos que manifiestan su sensibilidad hacia la bandera y nacionalidad canaria, actúen para que el Tribunal Constitucional anule esta sentencia, aunque lamentan que “se trate también de un tribunal elegido por los partidos políticos, lo que cuestiona una vez más la separación de los poderes en el Estado”.