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Duras críticas de Redesscan al Presupuesto del Gobierno de Canarias

La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, denuncia el Presupuesto para 2018 del Gobierno de Canarias, acusándolo de no servir a las personas, porque ni reconocen, ni garantizan los derechos, ni redistribuyen la riqueza, ni buscan la Justicia social ni fiscal, ni buscan el dar sostenimiento material básico a todas las personas de las islas, ni favorecen el desarrollo de los servicios públicos,ni están al servicio de las personas y colectivos más empobrecidos de las islas...

Un presupuesto que -para Redesscan- defiende los intereses de la oligarquía de las islas , busca más la prestación asistencialista que los derechos. Que sigue apostando por una política fiscal regresiva donde no paga quién más tiene o no hace una apuesta por las Políticas Sociales, sólo 5 de cada 100 euros están dedicados a los Servicios Sociales. Un presupuesto que no sirve para las personas y la mejora de sus vidas no sirve para nada.

ARTICULO: A QUIÉNES SIRVE EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL 2018

Si tomamos la vida como eje de comprensión y de valoración de los presupuestos del Gobierno de Canarias, éstos ni reconocen, ni garantizan los derechos,ni redistribuyen la riqueza,ni buscan la Justicia social ni fiscal, ni buscan el dar sostenimiento material básico a todas las personas de las islas, ni favorecen el desarrollo de los servicios públicos,ni están al servicio de las personas y colectivos más empobrecidos de las islas: 937.458 personas , 215.00 más que en el 2008. la mayoría personas jóvenes y niñas/os. Unos Presupuestos que no sirven a las personas.

Esta ley de presupuestos desvela el modelo que favorece el Gobierno de Canarias que:

- Defiende los intereses particulares de la oligarquía de las islas, de una minoría de personas en nuestro archipiélago.

-Aumenta para la obra pública y las actuaciones en el territorio, subiendo un 64% y el resto de la inversión aumenta muy poco, y casi nada en favorecer el empleo público.

-Busca más la prestación asistencialista que los derechos.

Además, de que el Gobierno de Canarias sigue apostando por una política fiscal regresiva, no paga quién más tiene. Dato curioso, cuando los más beneficiados por el presupuesto van hacer los sectores empresariales que reciben dinero de los contratos públicos (construcción, servicios, etc.) de los impuestos de todas las personas que viven en Canarias, manteniendo un Estado de Bienestar para ricos y desmantelando el Estado de Bienestar de las personas.

Así, es ridículo que esta ley no hace una apuesta por las Políticas Sociales, sólo 5 de cada 100 euros están dedicados a los Servicios Sociales.

En un repaso comparativo:

Se queda igual:

-El Área social se estanca en las cuentas públicas pese al incremento de la pobreza en un 17,6%.

- Dinero dedicado al plan Concertado de prestaciones básicas, que tiene que asegurar los Servicios Sociales municipales, la atención más cercana en la ciudadanía.

-Para la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia.

-El Instituto Canario de Igualdad, casi igual que en el 2010.

-Casi igual lo dedicado a planificación y apoyo a los servicios sociales en 2009 y 2010.

-Programa de prevención e intervención en el área de la infancia y la familia. Bajado el presupuesto a la mitad desde 2011.


Lo que disminuye:


- Por programas la partida de prestaciones y otras ayudas sociales disminuye en 9,49%, respecto al presupuesto del 2017. Cuatro veces por debajo de lo destinado hace 10 años.

- programas de promoción de familia y menores, la igualdad de oportunidades y la participación de las personas mayores.

-Ligero descenso de la partida de fomento de la inclusión, donde se ubica la PCI(Prestación Canaria de Inserción)

- Fomento del empleo en 10 años ha perdido más de 100 millones de inversión.

-Acceso a la vivienda, se acerca a lo presupuestado en el 2011.

-El Instituto Canario de la Vivienda con 30 millones menos en comparación con 2010.

- Cooperación económica y al desarrollo, baja un tercio desde 2010.

– Atención a la situación de drogodependencia, desciende desde el 2007.

- programa de ejecución de medidas judiciales a menores infractores. Bajada desde el 2011.

- programa de promoción y fomento de la calidad de vida de las personas jóvenes, bajando desde el 2009.

- Programa de igualdad de oportunidades para las mujeres, baja desde el 2009.


Lo que aumenta y en qué:

- Presupuesto de la Consejería de Empleo, Política social y Vivienda en 99 millones y de ellos 66 para políticas sociales y de éstos 43 millones para construcción de infraestructuras.

- En seis millones lo dedicado al Plan de lucha contra la pobreza, que aún no está elaborado y que consiste en las actividades del comisionado.

- 45 millones destinados a inversión en infraestructuras socio-sanitarias, no asegurando su personal, clave para que esté al servicio real de las personas y nuestros derechos.


Ninguna vida es desechable, todas tenemos derecho a vivir dignamente, sin exclusión, sin precariedad, sin discriminaciones ni opresiones. Este presupuesto, una vez más no sirve para la Justicia y continuamos exigiendo más y mejor presupuesto para otro modelo de desarrollo que realmente ponga la vida y su sostenibilidad en el centro y garantice derechos y reparto equitativo de las riquezas.


Por tanto, un presupuesto que no sirve para las personas y la mejora de sus vidas no sirve para nada.