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Censuran una valla publicitaria contra el negocio con la medicina nuclear a las horas de ponerla

  • Published in Sanidad

Marea Blanca de Canarias y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias denuncia el boicot  y la vulneración del derecho a la libertad de expresión, desde que se publicó ayer una valla denunciando el negocio en relación a la medicina nuclear en Canarias, y que se hizo viral en redes sociales, y unos pocos medios de comunicación que se atrevieron a hacerse eco de la noticia.

La Agencia publicitaria no ha dado explicaciones a la Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y la Marea Blanca de Canarias no salen de su asombro, como los viandantes que transitan los alrededores del Hospital Insular de Gran Canaria.


Dentro de la campaña impulsada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y la Marea Blanca en defensa de la Sanidad Pública, y denunciando la progresiva privatización de la sanidad pública, ambas organizaciones contrataron una valla publiciataria con el siguiente texto: "No al negocio con la medicina nuclear". En la misma valla figuraban el logo de ambas orgaizaciones, las fotos del Consejero de Sanidad y del Presidente del Gobierno, y el enlace a la campaña de crowdfundig que estas organizaciones está impulsando.

Las incidencias empezaron a las pocas horas de instalada la valla. Por la tarde se podía ver como "milagrosamente" el viento o algún "percance" había levantado parte del papel, exactamente el que correspondía a la cara del Cosnejero Baltar. "No es normal que el viento levante un cartel de estas dimensiones, por muy fuerte que sea" expresaba Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación".

Los colectivos afectados informan que la valla se colocó ayer, 3 de diciembre, y ya durante la tarde había recibido un ataque intencionado que tapaba la cara del Consejero de Sanidad, JM Baltar. Antes de las 8:00 de la mañana del hoy, la  imagen de la valla fue retirada por operarios de la misma empresa publicitaria que había recibido el encargo de la campaña, sin que hasta el momento se haya recibido explicación formal por parte de la agencia publucitaria.

Desde la Asociación aseguran que no se les ha dado ninguna expliación ante este insólito hecho que consideran fruto de la censura. La Agencia que gestiona la publicidad en vallas es ATLANTIS, tal como se observa en la foto.


"Denunciamos este ataque a la libertad de expresión, que se suma al veto de algunos importantes medios de comunicación temerosos de las presiones que reciben del Gobierno de Canarias y del lobby sanitario privado.
Denunciamos que el Gobierno de Canarias ha preferido usar sus influencias para censurar una valla, antes que argumentar lo que en ella se anunciaba: el negocio privado que en Canarias hay entorno a la medicina nuclear, que afecta a miles de personas con cáncer, y mueve millones de euros todos los años".

En octubre denunciaron las pretenciones de privatizar nuevamente el Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín.

Ello a pesar de la existencia de informes favorables del año 2015 a la viabilidad financiera (siendo consejero el socialista Jesús Morera), en el caso de que la gestión pasara a manos del Hospital Dr. Negrín, permitiendo incluso un ahorro de casi 785.000 euros anuales para el Servicio Canario de la Salud.

La Asociación denuncia la existencia de nuevos informes, que aún no se han publicado, según los cuales sería ventajoso retomar la privatización de este servicio que ha estado en manos de Hospitales San Roque. Advierte además de la próxima publicación de un nuevo concurso de privatización que no ha sido consensuado ni en el Parlamento, ni en el llamado Compromiso por la Sanidad, tampoco con los profesionales sanitarios, ni con los colegios profesionales ni con los sindicatos.

Recuerda la ADSPC que en el año 2005 se diseñó la privatización del Servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Dr. Negrín. En medio de la boyante situación económica del momento, se argumentó que era más barato y rápido implementar el nuevo servicio "externalizándolo" y dejándolo en manos de una empresa privada. El resultado fue llamativo, desde entonces funciona en los sótanos del Dr. Negrín una unidad dirigida por Hospitales San Roque y pagada con dinero público.

En el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad y con la connivencia del Gobierno de Canarias. En el año 2016, Jesús Morera, consejero de Sanidad en aquel momento, anunció la recuperación pública  de la medicina nuclear del Dr. Negrín, cuestión que podía realizarse pues ya no había contrato vinculante, se contaba con los informes favorables sobre su viabilidad financiera y el apoyo de la dirección y del personal del propio Hospital.  De ese momento data un informe que indicaba un ahorro de casi 785.000 euros anuales para el Servicio Canario de la Salud en caso de que la gestión pasara a manos del Hospital Dr. Negrín.

No duró mucho la iniciativa, pues en diciembre de ese mismo año, Jesús Morera fue destituido y en su lugar nombrado JM Baltar como Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Como es sabido, JM Baltar era, hasta ese momento, director de operaciones del Grupo San Roque, principal perjudicado de la recuperación para lo público del servicio de Medicina Nuclear.

La Asociación recuerda además que en ese mismo Hospital se haya destapado un caso tan vergonzoso como el del Jefe de Oncología Radioterápica, que mantenía negocios millonarios precisamente con la Clínica San Roque.

"Está claro que el equipo actual de la Consejería de Sanidad busca el consenso en cuestiones de tipo menor, pero que las cuestiones esenciales que afectan al presente e hipotecan el futuro no son motivo de discusión. La privatización plena del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín supone un nuevo agravio a la sanidad pública canaria".

Por todo lo dicho, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias rechaza rotundamente esta nueva privatización.