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“Ahora se explica por qué el alcalde impidió a toda costa que cambiásemos el Consejo de Muvisa”

El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, señala que las informaciones publicadas este jueves en Diario de Avisos sobre el pago de traslados en taxis en Madrid, billetes de avión a la capital de España, comidas, el 30% del sueldo del gerente de Muvisa o el 100% del del ex concejal Silvestre Suárez con cargo del convenio de Las Chumberas empieza a confirmar los peores presagios, y eso que sólo se ha dado a conocer la punta del iceberg.

“Ahora todo el mundo en La Laguna entenderá mejor por qué el alcalde, José Alberto Díaz, con la inestimable colaboración de la secretaria, estuvo dispuesto a quebrantar los Estatutos Sociales de Muvisa, la legislación mercantil y hasta el Código Penal para impedir, a la mayoría de la Corporación, actuando como Junta General Univesal de Muvisa, cambiar el Consejo de Administración”, señala.

Santiago Pérez añade que “nos impidieron tomar las riendas de una empresa que a pesar de su naturaleza y de su capital público se ha convertido en el auténtico garito de Coalición Canaria(CC). José Alberto Díaz, para cubrir las espaldas a Fernando Clavijo y proteger las suyas propias, tenía que impedir a toda costa que pudiéramos hacernos cargo de Muvisa la mayoría de los representantes del pueblo de La Laguna”.

Mención aparte “merecen los casos de Silvestre Suárez y de Ricardo González, que se han convertido en los paladines políticos de CC y del alcalde en este asunto. En el caso de Silvestre Suárez, ex concejal, que llegó a suplantar el papel de la Alcaldía en una reunión con los vecinos para arremeter políticamente contra todo lo que no fuera CC, porque fue contratado y cobra del dinero de Las Chumberas. Esto debería de llevarle como mínimo a no intervenir políticamente en este asunto”.   

Y Richard, “para los amigos, porque todos supimos por las grabaciones del Caso Corredor que lo sacaron de Las Chumberas sin que existiera informe técnico favorable a la necesidad de su realojo por desperfectos en su vivienda. Y tampoco cumplía las condiciones económicas de necesidad para que su arrendamiento en la calle de La Carrera fuera pagado con dinero público”.

Santiago Pérez se teme que “esto no es nada más que la punta del iceberg del búnker, del garito en que ha convertido CC a Muvisa, como convierte todo lo que toca. Queda claro por qué “fuera como fuera”, parafraseando a Clavijo, había que impedir que la mayoría de los representantes del pueblo de La Laguna nos hiciéramos con el control del Consejo de Administración de Muvisa para saber qué es lo que ha pasado ahí”.

Hasta ahora lo han conseguido, “pero tendrán que vérselas con los tribunales porque en el Estado de Derecho cuando se quebranta la legalidad quienes representamos el interés público no tenemos otra protección que la que nos puedan y quieran brindar los tribunales”.