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Acusan a Clavijo de plegarse a los intereses especulaticos con la Ley de las Islas Verdes

El Parlamento de Canarias aprobó este jueves la modificación de la Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (más conocida como Ley de las ‘Islas Verdes’).

Para la oposición, esta nueva Ley "es el tiro de gracia definitivo a nuestro suelo rústico”, así lo expresó Manuel Marrero, para quien CC y ASG quieren “convertir las islas en un inmenso solar para la especulación”.

Por ello el Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha votado “en contra de este despropósito” impulsado por Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Así lo ha anunciado el diputado Manuel Marrero, que en sede parlamentaria ha afirmado este jueves que “al grito de ‘¿moratorias a mi?’, el presidente Clavijo, convencido de que el atropello al territorio puede ser ilimitado y sin cautelas ni controles, pretende convertirlo todo en un potencial recurso urbanizable para el turismo”.

 “El objetivo final que han conseguido, junto con la Ley del Suelo, es el de avanzar por la senda de la desregulación caminando hacia la creciente utilización del territorio como instrumento de crecimiento turístico, a través de la implantación de la actividad turística de nueva planta en suelo rústico, precisamente en las islas con un mayor patrimonio natural y paisajístico”, ha afirmado Marrero.

Trampa y fraude democrático

El diputado de la formación morada ha denunciado la “trampa y el fraude democrático” que han usado los grupos Nacionalista y Mixto (ASG) al pedir la tramitación de la modificación “reduciendo los tiempos a la mitad, impidiendo la participación ciudadana y asestando una vez más, con nocturnidad y alevosía, un duro golpe al territorio”.

En este sentido, ha recordado que la Ley de las ‘Islas Verdes’ que ahora se modifica y a la que Podemos presentó una enmienda a la totalidad, “fue un anticipo de lo que luego sería la denominada Ley del Suelo”, pues ambas iban dirigidas a favor “de la especulación y los negocios”, dejando de “las necesidades perentorias de las personas”.

“Ambas se complementan en el desaguisado y la falta de cohesión sobre un plan responsable para que nuestras islas no sean pasto de la codicia y la especulación,  con el consiguiente e irreversible deterioro medioambiental”, ha asegurado.

En este sentido, incidió en que las modificaciones “se hacen a la medida de los deseos especulativos”, pues “si hay impedimentos de leyes anteriores, se derogan con una nueva ley por la vía de urgencia, y se acabó el problema”.

Un solar para la especulación

“Primero las obras, convertir las islas en un inmenso solar para la especulación y, en última instancia, los intereses generales de la mayoría social, de esos miles de personas que viven en Canarias bajo el umbral de la pobreza”, ha asegurado.

Marrero también ha recordado que “presentamos una reclamación  ante la Mesa del Parlamento, por no admitírsenos a trámite una serie de enmiendas parciales” contra la Ley que ahora se pretende modificar “y tuvimos que recurrir ante el Constitucional, porque se nos impidió la presentación de dichas enmiendas, vulnerándose así nuestros derechos como parlamentarios”. “El Constitucional nos dio la razón, pero ya la Ley estaba aprobada”, remachó.

Ahora, CC y ASG “vuelven a restringir derechos de los diputados a participar en plenitud en el procedimiento legislativo, lesionando así  nuestro derecho fundamental de participación política”.

Según Marrero, “fue la misma maniobra  que dio lugar a nuestro Recurso de Amparo durante aquella  tramitación, que  ya fue condenada por el Tribunal Constitucional”.

Para el diputado, “esta obsesión por suprimir límites al crecimiento “lleva al Gobierno y a los grupos que le apoyan” en la presentación de esta iniciativa a “renunciar a la modulación en Canarias por razones medioambientales de la liberalización de la actividad turística y  sus efectos sobre el territorio y, por tanto, renuncia a hacer valer las garantías derivadas de nuestro  territorio ultraperiférico, reforzadas recientemente por  el nuevo Estatuto de Autonomía”.

“Supeditan nuestro suelo rústico, nuestro paisaje y nuestra agricultura a los intereses especulativos del negocio del turismo”, ha concluido.