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Santiago Pérez exige a la cadena SER la rectificación de una noticia falsa sobre el Caso Grúas

Entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón

Vídeo de Santiago Pérez respondiendo a las falsedades que han difundido algunos medios de comunicación sobre el caso Grúas

“José Alberto Díaz ocultó tanto al Pleno como a la Junta de Gobierno un informe crucial sobre el estado de la empresa de Grúas que la obligaba a solicitar Concurso de Acreedores y a Clavijo a sancionarla declarando la caducidad de la concesión”

El concejal de La Laguna Santiago Pérez ha solicitado a Radio Club Tenerife-Cadena Ser la rectificación de la información publicada el 31 de agosto en su página web y difundida en todos los informativos de ese día en el sentido de que “votó a favor de la concesión del préstamo a la empresa AutoGrúas Poli S.L.”.

Santiago Pérez, uno de los concejales denunciantes del Caso Grúas, no votó a favor de la concesión del préstamo ilegal a la empresa Auto Grúas Poli S.L., uno de los acuerdos de Fernando Clavijo y su Gobierno que están siendo investigados judicialmente por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias que se instruye en la actualidad por orden de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La concesión del préstamo ilegal de 120.000 euros no fue acordada por el Pleno celebrado el 8 de mayo de 2014, sino por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento (Coalición Canaria-PSOE) el día 24 de junio de 2014, para atender las nóminas de los trabajadores y los gastos corrientes de la empresa.

“La más elemental deontología periodística debiera haber obligado a Radio Club a consultar como mínimo el acta del Pleno y el acuerdo de la Junta de Gobierno mencionados. O al menos debieran haber despertado un mínimo rigor informativo estas dos circunstancias: ¿Cómo va a denunciar alguien un acuerdo que ha apoyado; y por qué no han utilizado hasta ahora ese imaginario apoyo de Santiago Pérez al préstamo los que han sido imputados en el Caso Grúas en el Juzgado? Sencillamente porque es falso”, señala el concejal.

Pérez recuerda que dicha concesión se efectuó a pesar de las advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención General en su Informe definitivo de 9 de junio de 2014, advertencias desechadas sin el menor fundamento legal por Fernando Clavijo, mediante Decreto de la Alcaldía número 828, de 18 de junio de 2014, a propuesta del entonces concejal de Seguridad y actual alcalde José Alberto Díaz Domínguez.

Lo que se votó en el Pleno del Ayuntamiento de 8 de mayo de 2014 fue una Modificación del Presupuesto de 2014 para crear la partida presupuestaria “préstamos a corto plazo a empresas concesionarias” y dotarla con 120.00 euros, propuesta por la vía de urgencia por José Alberto Díaz, ya que no figuraba incluida en el Orden del Día del Pleno ni había sido dictaminada por la Comisión de Hacienda.

En aquella Sesión Plenaria, José Alberto Díaz ocultó al Pleno el contenido del fundamental Informe de 8 de abril de 2014, presentado por los funcionarios encargados de la gestión del Servicio de Grúas durante su intervención temporal por el Ayuntamiento, en el que hacían constar las faltas muy graves cometidas por la Empresa, que debían ser legalmente sancionadas con la caducidad de la concesión, así como la situación de insolvencia de ésta que la obligaba a solicitar Concurso de Acreedores.

Estas circunstancias imposibilitaban legalmente cualquier otra actuación del Ayuntamiento que no fuera la de sancionar a la Empresa declarando la caducidad de la concesión. A dicho Informe sólo tuvo acceso la oposición dos años después, cuando se le aportó a la Comisión Especial creada para estudiar el Caso Grúas.

La intención de José Alberto Díaz al ocultar al Pleno dicho Informe era la de intentar comprometer a los Grupos de Oposición en los manejos delictivos del Gobierno Municipal.

La existencia de partida presupuestaria y su dotación con fondos suficientes es una condición previa para cualquier decisión del Ayuntamiento con efectos económicos; pero no genera obligaciones para el Ayuntamiento ni determina los actos de disposición de esos fondos, que deben respetar en todo caso la legislación presupuestaria y la de contratos del sector público.

Santiago Pérez y el grupo Por Tenerife (Socialistas por Tenerife, IU y Los Verdes de Canarias) no votaron a favor de la modificación presupuestaria, ni siquiera de su declaración de urgencia, como puede comprobarse simplemente mediante la lectura del Acta de la Sesión (punto número 19. URGENCIAS)”.