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«Algo huele a podrido en la convocatoria del TC en sábado para el caso Puigdemont»

Así lo asegura el abogado y analista político José Manuel Rivero, que se pregunta si llegará el Tribunal Constitucional a cambiar la doctrina ya establecida en su Auto 135/2004, de 20 de abril

SB-Noticias.- El Tribunal Constitucional se reúne este sábado a las 13 horas, para decidir si suspende la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura.

Los magistrados recibieron en la tarde del viernes el recurso de inconstitucinonalidad presentado por el Gobierno –desoyendo así el dictamen del Consejo de Estado– por lo que el sábado el pleno del Alto Tribunal decidirá si lo admite a trámite.

Ante la inédita convocatoria del Pleno del TC en sábado, hay muchas voces que sospechan que se produzca finalmente la admisión de la impugnación a Puigdemont, que plantea el PP. 

El abogado y analista político José Manuel Rivero, afirma: «La autoritaria y predeterminada 'razón de estado', hace que el Tribunal Constitucional se reúna un día sábado que, al ser inhábil, han tenido que  habilitar. Algo huele a 'podrido'». Y plantea «¿Cambiará la doctrina el TC ya establecida en su Auto 135/2004, de 20 de abril?. Ojála ese "olor" se disipe y la mayoría del TC mantenga la coherencia en lo que ya se pronunció: La irrecurribilidad de las "propuestas" en la cámara legislativa y, en consecuecia, inadmita la impugnación por no cumplir el recurso del gobierno el requisito de admisibilidad».

Por otra parte, el periodista Ernesto Ekaizer ha advertido en un hilo de tuits, después de la decisión del Gobierno español de recurrir la investidura de Carles Puigdemont, que esta decisión pone en peligro la "unidad interna" del Tribunal Constitucional. A su entender, la situación en que ha quedado el TC "es crucial".

Ekaizer ha asegurado que lo que ha decidido el ejecutivo español es "un fraude de ley", porque busca la suspensión de la candidatura de Puigdemont aprovechando que tiene esta potestad cuando presenta un recurso. Cita en este sentido el artículo 161.2 de la Constitución, que fija que las impugnaciones del Gobierno español ante el TC "producirán la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, tendrá que ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".