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Aprobada por unanimidad la petición del PSOE de un seguro civil para su personal sanitario

Patricia Hernández explica que mediante la iniciativa, se pide al Gobierno de Canarias que contrate de forma centralizada un seguro de responsabilidad civil para sus sanitarios, tal y como se hace en el resto de España

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad la propuesta del PSOE por la que se pide al Gobierno de Canarias que garantice la cobertura por responsabilidad civil de su personal sanitario.

 La presidenta del Grupo Socialista, Patricia Hernández, defendió la iniciativa, por la que se pide la contratación centralizada de un seguro integral para estos profesionales que cubra todos los servicios que realicen en la sanidad pública, tal y como ya se hace en otras comunidades autónomas, donde es la consejería la que asume ese gasto.

 “La Comunidad Autónoma debe asegurar a nuestros trabajadores sanitarios”, insistió en su intervención ante la Cámara, donde valoró el esfuerzo extra con el que han sostenido el sistema en todos estos años, cobrando un 12 por ciento menos y trabajando diez horas más. También recordó que esto le correspondía hacerlo a la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, pero nunca lo llevó a cabo.

Según expuso, resulta fundamental la cobertura del personal sanitario ante posibles reclamaciones de responsabilidad civil o penal de carácter profesional, porque se convierte en un respaldo a estos profesionales en el trato a los pacientes y contribuye, en mayor medida, a que los únicos criterios en los que basar sus decisiones sean estrictamente médicos.

Como recordó, esta cobertura, que corresponde a los distintos sistemas de salud autonómicos, se presta en España mediante tres modelos diferenciados. El primero, al que se han acogido trece de las diecisiete autonomías, consiste en la contratación pública de un tipo de aseguramiento en el que la compañía cubre todas las posibles responsabilidades (tanto civil como penal) y la comunidad autónoma, por tanto, no se tiene que preocupar de ejercer como barrera ante una negligencia médica.

En el segundo modelo, al que se han acogido tres comunidades, si bien no se cubren todas las posibles responsabilidades del personal sanitario, sí se mantiene la metodología de contratación centralizada de la aseguradora. El tercer sistema es el que se aplica en Canarias, en el que no se produce la contratación directa de la aseguradora por la Administración de la Comunidad Autónoma, sino que esta subvenciona su contratación a los asegurados a través de los colegios profesionales.

Patricia Hernández remarcó que son diversos los argumentos que desaconsejan el mantenimiento de este sistema e insistió en la necesidad de dar seguridad jurídica a los profesionales de la sanidad, quienes están sometidos a la presión normal del ejercicio de una actividad en el que las decisiones que toman afectan directamente en la salud o la vida de otras personas.