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La Acampada por una Vivienda Digna pide la ilegalización de empresas de desocupación de viviendas que emplean la coacción

La Acampada Reivindicativa por una Vivienda Digna en Canarias lanza un llamamiento urgente para frenar la actividad coactiva e intimidatoria que practican un buen número de estas empresas de desocupación que se hacen llamar de mediación, y que en realidad basan toda su estrategia y su éxito en el matonismo, la intimidación física y la superioridad manifiesta de hombres casi siempre altos, fuertes, tatuados y rapados.

Lanzan este llamamiento urgente tras haber recibido comunicación y solicitud de ayuda de varias familias de Tenerife afectadas por desahucios que han recibido la visita de estas supuestas empresas de mediación que emplean este "modus operandi". 
Desde la Acampada Reivindicativa explican que el procedimiento intimidatorio comienza en primer lugar con violencia e intimidación: golpear la puerta sin parar con cuanto más ruido y fuerza mejor, para obligar a la familia a abrir por temor a que se enteren todos los vecinos. Por supuesto son siempre hombres altos, muy musculosos y con pelo corto o rapado, que casi nunca se identifican ni dejan documentación alguna, y no son abogados ni psicólogos, lo mínimo que se espera de una empresa que se supone que lo que quiere es mediar. No necesitan ser abogados ni psicólogos porque la base del éxito radica en la corpulencia y la intimidación física, en el miedo que puedan transmitir a la familia ocupante de la vivienda.
Una vez que están dentro de la casa comienza una guerra psicológica cuyo principal objetivo es meter tanto miedo a la familia como para obligarla a marcharse de la casa contra su voluntad, aún sin tener una alternativa habitacional, y esto lo consiguen avasallándolos, alzando la voz lo que haga falta, advirtiéndoles que se van a ir a la calle tarde o temprano, intentando empatizar fingiendo que la van a ayudar con un trabajo u otra solución, machacándolos psicológicamente haciéndoles ver el poco valor que tienen por no buscarse un trabajo y pagar un alquiler normal, advirtiéndole del riesgo que corren por permanecer ahí, pudiendo enfadar al propietario y que éste recurra a la violencia, o con cualquier otro argumento por muy absurdo que sea (que la casa da mal fario, que es insalubre, etc). Todo esto de manera machacona e insistente, pudiendo durar horas, sin importar cuántas crisis de pánico o ansiedad sufran las personas agredidas, y que muchas veces termina con la familia totalmente entregada, intimidada, aterrada, víctima de un completo Síndrome de Estocolmo.

Denuncian que esto está pasando cada día en Tenerife, en otras islas de Canarias y en toda España, con el beneplácito, la connivencia o la colaboración de muchos medios de comunicación, de buena parte de la ciudadanía y de casi toda la clase política de este país.
"En estos momentos trabajamos con varios casos de los que no podemos revelar identidad ni domicilio por el miedo tan grande que tienen estas familias a ser agredidas, con auténticas depresiones, crisis de ansiedad y hasta pensando en el suicidio. Estamos activando recursos de violencia de género y otras formas de protección. Disponemos de grabaciones y documentación probatoria que haremos pública en cuanto podamos dónde corresponda", explican a través de un comunicado. 
 
Por todo ello anuncian que pedirán reuniones con la Consejera de Trabajo del Gobierno de Canarias, la señora Elena Máñez (PSOE), la Ministra de Trabajo del Gobierno de España, la señora Yolanda Díaz (Unidas-Podemos), y al Delegado del Gobierno en Canarias, el señor Anselmo Pestana (PSOE), para que desde una o desde otra administración se tomen cartas en el asunto de carácter urgente, con vistas a ilegalizar a todas estas empresas que practican la coacción (artículo 172 del Código Penal: obligar a otra persona a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto) con el agravante de prevalimiento (artículo 22 y 23 del código Penal: aprovechamiento por parte del autor de un delito de una concreta situación de superioridad).  
 
Dada la gravedad del asunto desde la Acampada Reivindicativa por una Vivienda Digna en Canarias piden la máxima difusión y participación, así como la colaboración de abogados, colectivos, plataformas, sindicatos, partidos y ciudadanía en general, con el fin de abordar un conjunto de acciones para parar esta situación intolerable.