Log in
Sin imágenes

La Audiencia Provincial a favor de la imputación de José Alberto Díaz en el Caso Grúas

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha admitido en un Auto de 23 de marzo, que el actual alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz, debe declarar en calidad de investigado, en el Caso Grúas.

Los magistrados de la Audiencia provincial Joaquín Astor Landete, Jaime Requena y Esther Nereida García, han estimado el recurso de apelación interpuesto por Santiago Pérez y Juan Luis Herrera, concejales de XTF Nueva Canarias en el ayuntamiento de La Laguna, contra el auto de 5 de febrero de 2018 , dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de La Laguna, por el que se desestimó el recurso de reforma interpuesto contra dos providencias de fecha 14 de diciembre de 2017 y providencia de fecha 17 de enero de 2018, la cual revocamos fin de que por el Juzgado Instructor sea acordada la práctica de la diligencia de investigación solicitada por los recurrentes .

Asimismo se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada.

El argumento planteado por los ediles para solicitar la impugnación se basaba en dos cuestiones, la primera de los cuales no fue admitida,  pero la segundo sí ha prosperado.

El caso Grúas se origina por el caos económico que provocaron siete empresarios, cinco de los cuales con vínculos personales con Clavijo, que pasaron en 2011 a controlar la concesionaria de las grúas municipales. A pesar de sus graves incumplimientos, que por contrato tenían que conducir al rescate del servicio, el entonces alcalde Clavijo optó por intervenir la empresa, tras lo cual aprobó conceder un crédito de 120.000 euros y una prórroga del servicio, de cuya posible ilegalidad advirtió el interventor municipal. Como ya se sabía entonces gracias a las denuncias de algunos trabajadores, se produjo el presunto saqueo de piezas de los vehículos retirados por las grúas y custodiados en un depósito municipal, turbio asunto que también se investiga en otro juzgado lagunero.

Precisamente la cuestión que ha admitido la Audiencia se refiere a la denegación de oír en declaración en calidad de investigado al alcalde de La Laguna José Alberto Díaz Domínguez, argumentando que no había firmado ninguno de los tres Decretos que son objeto de investigación en el procedimiento, y por tanto no sería autor de la presunta prevaricación.

El magistrado viene a desacreditar a la Magistrada Instructora afirmando que "esta Sala no puede compartir el criterio de la Magistrada Instructora, quien razonadamente denegó oír al Sr. Díaz Domínguez en calidad de investigado, en base a que no había firmado ninguno de los tres Decretos que son objeto de investigación. Y ello por cuanto del análisis de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas, se desprende indiciariamente que el Sr. Díaz Domínguez participó, mediante la emisión de informes y propuestas favorables, en la tramitación del expediente administrativo en el que se dictaron los Decretos nº 858/2014, nº1284/2014 y nº1125/2014, por los que se levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión a la entidad Autogrúas Poli S.L. de un préstamo de dinero y a la prórroga del contrato para la Gestión del Servicio de retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública; y se acordó la prórroga del referido contrato. Por todo ello entendemos que está fundamentada en este momento procesal, la solicitud de la práctica de la declaración en calidad de investigado del Sr. Díaz Domínguez".

Da la razón, por tanto, a los ediles de la Oposición quienes en el Recurso alegaban que la solicitud de que el Alcalde declarase en calidad de
investigado se fundamenta en que, aún cuando el Decreto de 27 de agosto de 2014 fue firmado por el Sr. Pérez Godiño, en calidad de Concejal Teniente Alcalde de Seguridad Ciudadana, en ese momento suplía a su compañero que estaba de vacaciones, el actual alcalde de La Laguna, quien ostentaba el cargo de Concejal Teniente Alcalde titular de Seguridad Ciudadana, siendo quien propuso la concesión del préstamo de 4 de junio de 2014, como la de la prórroga del contrato con la empresa concesionaria del Servicio de Retirada e Inmovilización
de vehículos de la vía pública y solicitó el levantamiento de los reparos formulados por la Intervención General en ambas propuestas de 16 de junio de 2014 (respecto a los reparos formulados al préstamo) y 25 de agosto de 2014 (respecto a los reparos formulados a la
prórroga).