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La acusación popular de Las Teresitas no entendería una sentencia absolutoria

La Acusación Popular no descartaría pedir medidas cautelares contra Miguel Zerolo por riesgo de fuga pues sospechan que puede haber cometido delito de alzamiento de bienes

Audio de la charla-coloquio

SB-Noticias.- Los abogados de la Acusación Popular hacen una amplia reflexión sobre el Caso Las Teresitas, cuando -presumiblemente- es inminente que se conozca la sentencia del histórico caso.

José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, miembros de la Asociación Justicia y Sociedad, analizan en esta charla celebrada recientemente en la Sala San Borondón y retransmitida por la emisora de radio del mismo nombre, no sólo el pelotazo  y el proceso judicial, sino el contexto y el alcance social de este histórico caso que la intervención general del Estado definió como un pelotazo de manual.

"Un juego de trileros"

Consideran que el pelotazo se puede sintetizar como un juego de trileros, donde se compra parte de un terreno que era de todos -porque era de dominio público marítimo terrestre- de  unos nueve mil metros cuadrados. Además, se compra parte de los terrenos que ya el ayuntamiento había adquirido, en virtud del convenio del 67 y del 86  (aproximadamente un 60 % de las parcelas del frente de playa ya habían sido adquiridas por el ayuntamiento), tal como se demostró y se acreditó en el juicio, con la prueba practicada, la documental y la testifical.

Pero el pelotazo no se limita a esto, el ayuntamiento compra las parcelas del frente de playa que tienen  un determinado aprovechamiento, y en virtud del  convenio urbanístico que firman con Inversiones Las Teresitas, se recalifica la parte posterior del Valle de las Huertas, y las plusvalías generadas por esa recalificación no se compensan con lo que se paga por el frente de playa.

El pelotazo se traduce en 120 millones de € porque no solo venden las 11 parcelas del frente playa en 2001 en 8.750  millones de pesetas, cuando todo el polígono se compró tres años antes por 5.000 millones de pesetas, sino que -como consecuencia de la recalificación de la parte posterior cuando ILT vende un 90 % de esas parcelas a Desoursinc, se genera una “plusvalía brutal”.

Los juristas recuerdan que todo este proceso especulativo se realizó sin generar un puesto de trabajo, ni mover un ladrillo, ni invertir o arriesgar un solo euro.

Caso Teresitas: un retrato de época

José Pérez Ventura considera que además de un pelotazo de libro, este caso expresa un “retrato de época”, pues más allá de las relaciones de poder en Tenerife, muestra lo que significó el boom urbanístico, la época del pelotazo en España y de manera particular el papel de las Cajas.  

“Si algunas cosas de las que escuchamos en el juicio las hubiéramos escuchado en 2007, Justicia y Sociedad hubiera dirigido la acción civil y penal contra la Caja y Rodolfo Núñez”

Especialmente crucial en este Caso, ha sido el papel de CajaCanarias, así lo asegura la Acusación Popular.

Precisamente ese papel de la entidad bancaria quedó de manifiesto en una serie de datos que en  la fase de instrucción no terminaron de aflorar y si salieron a la luz en el juicio.  

Cabe recordar que el juicio se celebra en 2016, pero el procedimiento se inició en 2007 y los hechos  ocurrieron entre 1998 y 2001, en este sentido aseguran que el paso del tiempo ha ayudado en positivo, porque buena parte de los que estaban en el banquillo ya habían perdido en gran medida su poder, "Ignacio González en 2016 no era la sombra de lo que fue en 2001 y en 2007, lo mismo ocurre con el principal acusado Miguel Zerolo, aunque Antonio Plasencia si conserva gran parte de su poder en la actualidad”.

Todo esto se tradujo en que muchos testigos que en 2007, en la fase de instrucción, no contaron muchas cosas -bien por miedo o por otros motivos- si lo hicieron en el juicio en diciembre de 2016.

Si algunos testigos hubieran dicho en fase de instrucción lo que declararon nueve años después, el desarrollo del juicio hubiera sido diferente, porque se hubieran sentado en el banquillo otras personas que la Acusación Popular considera claves, como el entonces Presidente de CajaCanarias, Rodolfo Nuñez:  “si algunas cosas de las que escuchamos en 2016 las hubiéramos escuchado en 2007, Justicia y Sociedad hubiera dirigido la acción civil y penal contra la Caja y Rodolfo Núñez”, concluyen.

“En el juicio se dijeron cosas muy gruesas”

José Pérez Ventura y Antonio Espinosa recuerdan que algunos testigos dijeron cosas verdaderamente sorprendentes en el juicio, que habían silenciado en su anterior declaración. Destacan el caso del empresario Ami Achid, entonces miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias, quien detalló las presiones recibidas para votar a favor de conceder en 1998 el préstamo millonario a Inversiones Las Teresitas.

“Se demostró lo que todos en el Consejo de Administración de CajaCanarias sabían: que detrás de ILT estaba Ignacio González, que estaba allí como Consejero y que levantó la mano y votó a favor de autoconcederse el préstamo, que no se abstuvo como debía, ni solicitó la autorización al Gobierno Canario, ni se le comunicó al Banco de España”.

Estas testificales dejaron probado -tal como afirma la Acusación Popular- que cuando se votó la concesión del préstamo, no estaban los expedientes ni las tasaciones de Tinsa: “Nosotros lo manifestamos en el informe final de la prueba practicada, tenemos serias dudas incluso de que existiera el informe de Tinsa valorando las parcelas del frente de playa en el momento en el que se concede el préstamo de CajaCanarias”.

Es por todo ello que afirman con contundencia que, de haber conocido toda esta información en la fase de instrucción en 2007, el juicio hubiera incorporado muchos mas elementos incriminatorios y otros acusados se hubieran sentado en el banquillo “en nuestro informe incluso indicamos que, son todos los que están, pero no están todos los que son...” y matizan que no es poroque no hubiera voluntad de la policía y de la Fiscalía, cuya labor siempre han elogiado.

El sospechoso papel del Presidente de Caja Canarias presionando al ayuntamiento para que comprara el frente de la playa a los empresarios

Otro dato que afloró en el juicio, es que en 2001, cuando ILT presionaba al ayuntamiento de Santa Cruz para que le comprara el frente de playa, Rodolfo Núñez participa una reunión en la Gerencia de Urbanismo, donde la tasadora Tinsa expone sus conclusiones sobre la valoración de las 11 parcelas, a la que asistieron también Manuel Parejo (concejal de Urbanismo), los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, los tasadores y los arquitectos Pía Oramas y Epifanio Gómez … “¿que pintaba -se preguntan- Rodolfo Núñez, presidente de CajaCanarias, en una reunión donde  los tasadores de Tinsa explicaban su valoración y el Ayuntamiento negociaba el precio con los empresarios de Inversiones Las Teresitas?”.

La respuesta está en el Crédito

Antonio Espinosa responde con contundencia: “es evidente que la situación para CajaCanarias en ese momento era muy complicada”.

Recuerda que la Caja tenía un crédito dado en 1998, con una carencia de tres años y que iba a entrar en mora “¡ese era el  problema!”, exclama.

Y es que se trata del mayor crédito de su historia que había dado CajaCanarias, de 5.500 millones de pesetas, con una carencia de tres años, donde solo se pagaban los intereses y que  iba a entrar en mora: “provisionar ese crédito era un problema financiero muy importante para la Caja”, afirma el abogado, “tanto, que el Banco de España le abrió un expediente por el autocrédito de Ignacio González”.

Queda claro para la Acusación Popular, que Núñez estaba resolviendo el problema que iba a tener la Caja si no se devolvía el dinero prestado “de aquella manera”...

Destacan además la importancia de como se hace finalmente la compraventa en septiembre de 2001 “a una velocidad de vértigo”: se cancela el préstamo inmediatamente, se endosa el cheque del ayuntamiento, se paga el crédito de CajaCanarias y tres mese después, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene que endeudarse con la Caja para financiar el segundo pago de la operación de compraventa.

 El sospechoso préstamo millonario de Don Antonio a Rodolfo Nuñez

Lo escandaloso para los abogados es que Núñez, siendo presidente de la entidad financiera, realizara gestiones muy importantes para los intereses de Plasencia y González “tanto, que Plasencia le hizo un préstamo en diciembre de 2011 de un millón y medio de pesetas y al año siguiente la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía) detectó transferencias por cuatro millones de euros”.

En el Juicio, el Presidente de CajaCanarias reconoció haber recibido este dinero y dijo que era un préstamo para pagar las acciones para su entrada en la compañía Binter.

Todo esto lo considera la Acusación Popular un escándalo: “¡¡¡Que el Presidente de una entidad financiera, que viene de dar clases en la Universidad como profesor de Empresariales y en el momento que deja la Caja y quiere financiar su entrada en Binter, en lugar de ir a otro banco (porque la Caja no puede prestarle por incompatibilidad) a quien se dirige para que le preste el dinero es a Antonio Plasencia, es decir el empresario a quien él le concedió el mayor crédito de la historia de CajaCanarias!!”.

Para muchos, Antonio Plasencia es “Don Antonio”

No sin ironía, los abogados destacan que muchos testigos y acusados, cuando mencionaban al empresario, lo hacían en un tono de pleitesía y casi de sumisión sorprendentes: Don Antonio... Comenta José Pérez Ventura: “El don Antonio resonaba en la Sala cuando lo nombraban algunos: Don Antnioooo … pareciera que se les caía un hilillo de baba al decirlo y algunos hasta con un punto de excitación... ¡cuánta pleitesía, cuánta genuflexión y cuánto agradecimiento”.

Y añade que “Estos son los pagos y contraprestaciones en diferido, que para nosotros son la forma de corrupción que entonce el código penal no lo castigaba, y que consideramos debería hacerlo”.

 

 

Si la Caja no interviene en el pelotazo de las Teresitas, la operación no sale

La Acusación Popular asegura que la participación de la Caja fue muy relevante en la propia trama delictiva a título lucrativo: “Si la Caja no interviene en el pelotazo de las Teresitas, la operación no sale” aseguran.

Antonio Espinosa es muy gráfico: “El caso Las Teresitas es una mesa con cuatro patas: políticos, funcionarios, empresarios y financieros, si todos no hubieran estado coordinados la operación no sale adelante”.

“Una sentencia absolutoria sería inconcebible”

Que el Tribunal sentencie una absolución para los principales acusados, seria inconcebible para Ventura y Espinosa.

Plantear una absolución de los empresarios lo considerarían de una ingenuidad inaudita, “porque este pelotazo no se entiende lógicamente sin unos empresarios que espolean en términos de cooperadores necesarios a unos políticos corruptos. Y no hay políticos corruptos sin empresarios corruptos”.

Los abogados son muy claros y recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución dice que los jueces están sujetos a principios independencia, imparcialidad y responsabilidad, “estos señores -afirman- tienen nombres y apellidos y van a firmar una sentencia, y tendrán que responder  de la misma ante  la ciudadanía, la democracia y ante sus propios hijos”.

Recuerdan que la “prueba reina” de la defensa se centró en la pericial que se montó de manera 'sui generis' y favorecedora para la defensa: intervinieron primero los peritos judiciales y al final los acusados, pero tal como lo explican “resultó ser un desastre para la defensa, porque la intervención de los peritos judiciales y de la arquitecta Pía Oramas, fue demoledora y desarboló a los abogados de la defensa”.

“No descartamos pedir medidas cautelares contra Miguel Zerolo por riesgo de fuga”

 

En el caso de Miguel Zerolo, la acusación popular ha detectado que no tiene ningún patrimonio a su nombre, por lo que si le recayera una pena importante, entienden que podría haber riesgo de fuga, pues su patrimonio está volatilizado y sospechan que ha cometido delito de alzamiento de bienes. Es por ello que en función de la pena no descartan pedir medidas cautelares.