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La Plataforma judicial pro Cabo Llanos amenaza con denunciar si se impone la sede judicial en El Sobradillo

 Audio de la Rueda de Prensa

La Plataforma pro edificio judicial en Cabo Llanos, integrada por todos los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife ha salido al paso, con un duro comunicado, a las airadas manifestaciones del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y del concejal de Urbanismo de Sta Cruz de Tenerife, tras la rueda de prensa celebrada este viernes.

Las descalificaciones de los políticos cargan de razones a la Plataforma

Consideran que la rapidez de la respuesta, su virulencia y falta de argumentos  –llegando incluso a la descalificación personal en el caso del concejal–  constituyen la demostración más palpable del éxito de este movimiento y la corrección de su planteamiento, que no es otro que la defensa de una justicia próxima y accesible para todos.

Califican como inadmisible que se tache de secuestradores de la decisión a los operadores jurídicos simplemente porque discrepen del parecer del consejero o que  el concejal se permita acudir directamente al argumento ad hominem "Triste ejercicio de la política es recurrir a la descalificación en vez de convencer o rebatir con razonamientos", afirman.

La ubicación de la ciudad de la justicia no puede obedecer a intereses urbanisticos

Los operadores jurídicos no discuten la competencia de la Comunidad Autónoma en lo que respecta a los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, pero consideran que esos medios –de manera destacada los edificios–  tienen que dar el mejor servicio a los justiciables y a los operadores jurídicos "tal es el sentido de las manifestaciones realizadas en la rueda de prensa en el día de ayer al destacarse que la decisión acerca de la ubicación de la Ciudad de la Justicia no puede obedecer a intereses urbanísticos, sino exclusivamente a los intereses de la Justicia", afirman.

La decisión unilateral de la administración ha concitado por primera vez la unánime oposición de todos los operadores jurídicos

Acusan a la Administración de haber actuado contra las reglas del buen gobierno que exigen que una decisión de este calado, que va desplegar sus efectos a largo plazo y que no podrá ser culminada durante el mandato de estos responsables, se adopte con el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas y de los colectivos afectados, concitando la unánime oposición de todos los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, nunca jamás antes conseguida.

En este sentido advierten de llevar a los tribunales a la Adminitración si decidiera imponer por encima de todo su criterio, "tal decisión sería revisable ante los tribunales, precisamente a la luz del concepto de interés público. Ya anunciamos que esta es una de las iniciativas que podrá desarrollarse por las corporaciones o asociaciones que se integran en este colectivo", indican.

Los miembros de la Plataforma no disimulan su enfado ante las críticas de los responsables políticos por hacer público su posicionamiento: "la plataforma tiene perfecto derecho a exponer sus argumentos en defensa de que la sede de la Administración de Justicia permanezca en Cabo Llanos, representamos a más de cinco mil personas pertenecientes a todos los colectivos directamente relacionados con la Administración de Justicia. Ciudadanos que piensan, que opinan, que pagan sus impuestos, que votan y que, con la venia de los responsables políticos, también del concejal de Urbanismo, tienen derecho a ser oídos. Faltaría más". 

Reconocimiento a otras iniciativas similares

Asimismo reconocen otras iniciativas paralelas en el mismo sentido, en referencia a la asociación de juristas Justicia y Sociedad o la  promovida por el grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento de Canarias y hacen un llamamiento a otros grupos políticos, asociaciones y movimientos ciudadanos a que continúen en esta línea.

Insisten desde la Plataforma que su objetivo es defender el interés general, una justicia próxima y accesible y que su planteamiento es en positivo "no estamos en contra de nada ni de nadie. Lo que defendemos, con argumentos, es la solución que garantiza la mejor y más adecuada prestación del servicio público de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife, la que beneficia a más ciudadanos, profesionales y funcionarios".

Crítica al ayuntamiento de Santa Cruz

La Plataforma recuerda que la memoria de ordenación estructural del PGO de Santa Cruz de Tenerife, revisión 2013, contempla que los juzgados deben permanecer en Cabo Llanos "suponemos que eso deberá significar algo para el Ayuntamiento de nuestra ciudad" 


Argumentario de la Plataforma pro edificio judicial en Cabo Llanos

En esa zona y en sus inmediaciones se ubican todas las administraciones públicas (estatales, autonómicas, insulares y municipales), los colegios profesionales, notarías, registros y numerosos despachos profesionales. Debe recordarse que la de Justicia es una administración presencial y que interactúa intensamente con otras. De ahí que la proximidad a las demás genere sinergias, mientras que el alejamiento ocasiona disfunciones y perjuicios para los ciudadanos y los profesionales. En cuanto a la conectividad, los datos son incontestables: intercambiador con 52 líneas de guaguas, línea 1 del tranvía, línea 3 proyectada, así como los futuros trenes del sur y del norte, acceso directo a la TF-5 a través del túnel de la Avda. Tres de Mayo así como a la TF-1 a través de la Avenida de la Constitución así como a la TF-4, y más de 6.000 plazas de aparcamiento en la zona, muchas de ellas gratuitas, con uso compatible con el comercial por razón de horarios, como las del centro Meridiano (2000 plazas) o las del Parque Marítimo (600 plazas), sin olvidar que el intercambiador cuenta con 1421 plazas y se halla infrautilizado.

La propuesta es viable: En Cabo Llanos hay suelo disponible, público y privado "hemos demostrado que, si existe voluntad política, en lo que deben empeñarse tanto  el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la cuestión de la parcela puede resolverse en un corto plazo. Si fuera preciso, existe la posibilidad de que el Gobierno de Canarias haga uso de las facultades que le atribuye el art. 47 de la ley del suelo de Canarias, precepto que ha sido utilizado con relativa frecuencia y para cuestiones mucho menos importantes. Esperamos que en esto no nos desautorice el concejal de Urbanismo. Acudiendo a tal procedimiento se puede suspender cualquier instrumento de ordenación. Hemos dejado abierta, además, la posibilidad de que se estudie la construcción de una segunda sede en las proximidades del actual edificio de Tres de Mayo, solución incluso mucho más económica que el proyectado Campus que se quiere construir en la zona de el Muñeco de Nieve, a 10 km de la sede actual, con deficiente conectividad (solo dos líneas de guaguas y sin tranvía en la actualidad) y con los accesos de la TF-2 y de la TF-5 ya colapsados, hasta el punto de que recientemente el presidente del Cabildo anunció gestiones con la Universidad de La Laguna para que se modificaran los horarios de varias facultades a fin de evitar los atascos, especialmente en la rotonda de Guajara, uno de los puntos que se vería más afectado".

Desde la Plataforma acusan a la Consejería de Justicia de pretender condenar a la capital tinerfeña con 205.000 habitantes, a ubicar  la Ciudad de la Justicia en una zona mal comunicada, a 10 km del centro administrativo, que es Cabo Llanos, y casi a 13 km de la Plaza de San Francisco, donde se halla la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se elimina y se traslada también al Muñeco de Nieve.

La comparación con otras ciudades avala sus argumentos: "Las siguiente cifras que cualquiera puede comprobar, sea o no concejal de Urbanismo, realizando una sencilla búsqueda en http://www.ine.es/ y Google Maps, son las siguientes:  1) Barcelona: la actual Ciudad de la Justicia dista 2 km de la Plaza de España, cuenta con 2.600.000 habitantes y la sede del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) se mantiene en el centro igual que la de la Audiencia Provincial; 2) Valencia: 800.000 habitantes, Ciudad de la Justicia a 2,4 km de la sede del TSJ, que también se mantiene en pleno centro; 3) Málaga: 570.000 habitantes,  Ciudad de la Justicia a menos de 5 km del centro en una zona que cuenta con magníficas comunicaciones; 4)  Murcia, 450.000 habitantes, a 2 km de la sede del TSJ, que se mantiene en edificio independiente, en pleno centro; 5) Córdoba, 363.000 habitantes, aún no operativa, la Ciudad de la Justicia se construye a 3 km de la sede de los actuales juzgados".

"Y no hace falta irse tan lejos atendiendo a la solución dispensada por la misma Consejería de Justicia en el caso de las otras tres ciudades más pobladas de Canarias:  Las Palmas de Gran Canaria:  378.000 habitantes, Ciudad de la Justicia a 700 m de la sede del TSJ, que se mantiene en edificio independiente; San Cristóbal de La Laguna, 153.000 habitantes, sede de los juzgados en la Plaza del Adelantado; Telde, 102.000 habitantes, juzgados en pleno centro".

El ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria

La Plataforma recuerda que hace unos años se vivió esta misma situación en Las Palmas de Gran Canaria y que entonces la Administración supo oír el clamor de los operadores jurídicos. Cambió su decisión primera y removió todos los obstáculos para que la Ciudad de la Justicia no se ubicara en Tamareceite, a 8 km del centro, sino en una parcela que incluso hubo que expropiar, situada a menos de 500 m de la antigua sede de los juzgados y de la zona de Vegueta. Además, se mantuvo independiente la sede del TSJ "nos congratulamos por ello y felicitamos sinceramente a los operadores jurídicos de Las Palmas de Gran Canaria por lo que consiguieron juntos: probablemente, la mejor Ciudad de la Justicia de España. Pasados los años, en 2014, el Gobierno de Canarias llegó  a reconocer el valor de aquel movimiento ciudadano otorgando a los operadores jurídicos de Las Palmas de Gran Canaria la más alta condecoración, la medalla al mérito de la Justicia con distintivo de oro. Entre quienes acudieron a recoger el galardón se encontraba, por cierto,  la hoy diputada nacional, Meri Pita. Puede consultarse el decreto de concesión en  http://www.gobcan.es/boc/2014/034/003.html".

Por el contrario insisten que en Santa Cruz de Tenerife no hace falta expropiar ningún colegio "cualquiera,  sea o no concejal de Urbanismo, puede darse una vuelta por la zona de Cabo Llanos y comprobar que  hay suelo disponible de sobra en Cabo Llanos. Solo hace falta abandonar el empecinamiento, atender a los argumentos y buscar una solución  que garantice una justicia próxima y accesible".

Y concluyen afirmando "no queremos nada más que la también capital de Canarias pero tampoco nada menos. Quédense de antemano con la medalla pero hagan de una vez por todas una Ciudad de la Justicia digna de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife".