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El Gobierno de Canarias reivindica la Ciudad de la Justicia frente a intereses particulares

SB-Noticias.- José Miguel Barragán, ante las quejas manifestadas hoy por las cúpulas de algunos operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, aclara que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuida por ley la competencia para la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la autonomía, por lo que le corresponde tomar la decisión sobre el tipo de infraestructura a construir a fin de ampliar la actual de la capital tinerfeña y su ubicación, que solo cabe adoptar con arreglo al interés general de la ciudadanía, que es quien recibe este servicio público, y no de agentes concretos en función de los suyos particulares.

“No podemos permitir que los operadores jurídicos secuestren la decisión sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia apelando a una falsa necesidad de consenso ni que pongan en cuestión la legitimidad de la Administración para actuar”, remarcó.

Barragán recuerda que, en todo caso, antes de optar por la edificación de un Campus de la Justicia en la zona de El Sobradillo impulsó reuniones con todos los operadores jurídicos para conocer su parecer a pesar de que la Administración no está obligada a hacerlo, quienes en esa ocasión apoyaron la alternativa de una Ciudad de la Justicia en vez de otra sede adicional a las existentes  que no daría una solución definitiva a la falta de espacio ni permitiría aglutinar los órganos judiciales del partido (y de la provincia). De forma paralela, consultó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si existían alternativas tanto en Cabo Llanos o en otras partes de la ciudad más cercanas a Tres de Mayo que el terreno de El Sobradillo, a lo que el consistorio respondió de forma negativa con un informe el pasado 14 de marzo.

Además, apunta Barragán, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el mes pasado una propuesta de resolución que insta al Gobierno autonómico a la construcción de una verdadera Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife en el marco de la Estrategia de Modernización de Justicia que atienda a los criterios de la nueva oficina judicial y fiscal y que agrupe todos los servicios y a los operadores relacionados con la Administración de justicia dándole el carácter de obra prioritaria en materia de infraestructuras judiciales en Canarias. Esta opción permitirá concentrar en una misma sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal), y dispondrá de un parking con 675 plazas para el personal y los servicios del complejo y otras 700 para el público.

El consejero insistió, como ha manifestado en otras ocasiones, que entiende la resistencia de una parte de los operadores jurídicos a que la futura sede judicial se ubique en El Sobradillo porque prefieran mantenerse en el centro de la ciudad, pero recuerda que, debido a las necesidades de espacio para la edificación de una sede de esas características (precisa 63.480 metros cuadrados sobre rasante y 65.850 metros cuadrados en sótanos), resulta inviable su construcción en las parcelas cercanas a la actual sede de Tres de Mayo, aún si se edificara una gran torre que no tendría la funcionalidad requerida (para alcanzar esa superficie se requeriría unas 20 plantas de sótanos y algo menos sobre el nivel de calle). En todo caso, recuerda que varias provincias han optado por trasladar sus ciudades de la Justicia fuera del centro urbano, como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga o Córdoba, por lo que no se trataría de una situación inédita en el conjunto del Estado, no existe un agravio comparativo ni hay motivos que lleven a pensar que la prestación del servicio se pueda ver afectada por salir del centro administrativo de la ciudad.

Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, las parcelas de la zona de Tres de Mayo no solo resultan pequeñas para un proyecto de este tipo, sino que, en algunos casos, están afectadas por derechos de terceros que requerirían un importante desembolso de las arcas públicas (que los operadores jurídicos están obviando en sus quejas) y un proceso de negociación para evitar contenciosos que llevaría mucho tiempo completar. El Gobierno no está dispuesto a que la decisión de construir las instalaciones adecuadas para que la ciudadanía reciba un servicio digno de Justicia siga posponiéndose de forma indefinida o a ejecutar soluciones parciales que requerirán nuevos desembolsos en el futuro que saldrán del bolsillo de la propia sociedad canaria.

En este sentido, cabe recordar que el edificio adicional pensado inicialmente para la zona, que no podrá aglutinar a los órganos judiciales y perpetuará, por tanto, el coste asociado a la dispersión de las sedes judiciales (cerca de 1,2 millones de euros al mes), obligaría a la ciudadanía canaria a sufragar un gasto (en torno a 128 millones de euros) a favor de una solución de carácter parcial que requerirá de nuevos parches en un futuro cercano muy parecido al de una respuesta definitiva (unos 136 millones, un 6,25% más que la opción céntrica que demandan los operadores jurídicos) que pondrá fin a la estrechez de las instalaciones actuales y brindará posibilidades de atender las necesidades de crecimiento durante, al menos, medio siglo.

Por otro lado, la parcela de El Sobradillo, con más de 20.000 metros cuadrados de extensión, disponibilidad inmediata y de titularidad pública desde el origen de la Comunidad Autónoma de Canarias, ofrece tanto el espacio necesario como una buena accesibilidad a escasos diez minutos del centro de la ciudad a través de la autovía. No sería necesario construir una línea de tranvía especial para alcanzar esta ubicación, pues ya hay una parada a 600 metros (en todo caso, bastaría construir una estación más cercana) y contaría, como se explicó antes, de aparcamientos suficientes.

Es cierto que tanto la parcela escogida para el Campus de la Justicia (como buena parte de El Sobradillo) tiene la consideración de ámbito suspendido porque en su momento se consideró que el área estaba saturada, lo que en realidad no sucede, por lo que el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife ya han levantado dicha suspensión y han remitido a la COTMAC la documentación necesaria para dicho levantamiento, lo que previsiblemente se producirá en  los dos próximos meses.

Por lo tanto, no existe obstáculo alguno para la construcción de la Ciudad de la Justicia ya que se trata de un sistema general de uso para Administración Pública y edificabilidad libre, ni se requiere una modificación puntual del PGOU, como sí ocurre, en cambio, con las parcelas de Cabo Llanos. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad también solicitó informes tanto al Cabildo de Tenerife como al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el impacto que la infraestructura proyectada podría ocasionar sobre el tráfico en la red viaria y las soluciones a abordar.

 

MÁS NOTICIAS

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA PRO EDIFICIO JUDICIAL EN CABO LLANOS

Este comunicado constituye la ratificación de la voluntad de los representantes de los operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife para constituir una plataforma.

Por plataforma, tal como dice la RAE se entiende un conjunto de personas, normalmente representativas (1), que dirigen un movimiento reivindicativo (2).

(1) Representamos a los jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de Santa Cruz de Tenerife.

(2) Reivindicamos una solución adecuada al problema de las infraestructuras judiciales en Santa Cruz de Tenerife:

I. Reclamamos por ello que la Administración de Justicia se mantenga en la zona de Cabo Llanos

Si puede ser en una sola sede, mejor. Si no, dos: el actual edificio de la Avda. Tres de Mayo y una segunda nueva sede, que distaría apenas unos cientos de metros de la actual.

Esta solución es la que garantiza el interés general porque permite que más ciudadanos, funcionarios y profesionales acudan a los juzgados en menos tiempo, incluso a pie, con las mejores comunicaciones de toda la Isla (tranvía, intercambiador, futuro tren del sur y del norte) y proximidad a las sedes de todas las Administraciones públicas, colegios profesionales, notarías, registros, despachos de abogados y procuradores, todo ello en condiciones semejantes a los otros poderes del Estado.

Consideramos que si existe verdadera voluntad política, la solución que proponemos es perfectamente viable.

Reclamamos una decidida intervención del Gobierno de Canarias1 y coherencia2 así como plena colaboración por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

II. Coincidimos en rechazar el proyecto denominado Campus de la Justicia

Insistimos en las objeciones formuladas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia3:


    ausencia de un verdadero proceso participativo previo

    excesiva lejanía de las zonas en que se concentra la mayor parte de la población del municipio

    aislamiento con respecto al área administrativa de la ciudad (11 km)

    deficiente conectividad con el resto de distritos y demás zonas de la Isla

    inexistencia de los imprescindibles estudios de movilidad e impacto sobre el medio ambiente

Destacamos: más personas –no solo los profesionales– tendrían que desplazarse más kilómetros y durante más tiempo para realizar trámites tan habituales como solicitar una partida de nacimiento, presentar una denuncia o cualquier otra actuación judicial. Quedaría afectado, pues, el interés general. Ni siquiera el argumento económico se sostiene: sin contar el gasto y el impacto medioambiental generados por el incremento de desplazamientos, resultaría irremediable ampliar la capacidad de la TF-2 y de la TF-5, vías hoy ya saturadas. ¿Cuánto costarían esas obras?

Advertimos: trasladar los edificios judiciales a una zona alejada del centro administrativo de la capital quiebra la confianza legítima que todos los operadores jurídicos han adquirido al haberse centralizado desde hace más de veinte años en Cabo Llanos las sedes judiciales. De ello se derivarían perjuicios económicos que solo a la Administración correspondería afrontar.

III. Plan de actuación de la plataforma

Bien de manera directa, bien a través de sus integrantes, la plataforma podrá adoptar, entre otras, las siguientes iniciativas:


    Personación en el expediente administrativo que esté tramitando la Consejería


    Estudio y eventual ejercicio de las acciones procedentes para la revisión jurisdiccional de las decisiones que se adopten por parte de la Consejería


    Solicitud de información a las administraciones públicas con competencias en la materia al amparo de la ley de transparencia4, así como a los registros públicos


    Petición de informes complementarios a los recabados por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia


    Celebración de unas jornadas técnicas sobre infraestructuras judiciales con intervención de destacadas personalidades del ámbito jurídico y académico


    Contactos con grupos políticos, asociaciones y movimientos ciudadanos


    Movilización de la opinión pública e intervención en todos los medios de comunicación

IV. El ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria

Queremos referirnos finalmente al ejemplo que hace pocos años, en semejantes circunstancias, nos brindaron los operadores jurídicos de Las Palmas de Gran Canaria. Los felicitamos por la claridad de sus planteamientos, por su coherencia y, sobre todo, por lo que consiguieron juntos: probablemente, la mejor Ciudad de la Justicia de España.

Entonces la Administración supo oír el clamor de los operadores jurídicos. Cambió su decisión primera y removió todos los obstáculos para que la Ciudad de la Justicia no se ubicara en Tamareceite, a 8 km del centro, sino en una parcela que incluso hubo que expropiar, situada a menos de 500 m de la antigua sede de los juzgados y de la zona de Vegueta.

Aquí también estamos unidos y tenemos las ideas claras. No queremos nada más que la también capital de Canarias, pero tampoco nada menos. Solo falta que la Administración escuche y rectifique. Cuanto antes, mejor. l

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1. Art. 47 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que faculta al Consejo de Gobierno para suspender cualquier instrumento de ordenación.

2. Memoria de ordenación estructural del PGO de Santa Cruz de Tenerife, revisión 2013: … se pretende impulsar la centralidad de servicios administrativos en El Cabo y Los Llanos. Se menciona expresamente el Palacio de Justicia y el nuevo edificio de Justicia y fija como objetivo evitar el exceso de concentración en áreas alejadas del Intercambiador y las Estaciones de Transporte Público, situándose los principales polos de afluencia directamente relacionados con elementos del viario territorial de primer orden, del intercambiador o de las líneas de transporte colectivo público. En definitiva, se posibilita una mejor organización funcional al conformarse una verdadera red de centros administrativos, permitiendo además, la renovación y mejora de las actuales instalaciones.

3. Acuerdo Sala de Gobierno del TSJ de Canarias n.º 52 de 23 de marzo de 2017, adoptado por unanimidad.

4. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno