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El fiscal pedirá más pena para Urdangarin y Torres y cárcel para los cargos valencianos

  • Published in Justicia

El fiscal del caso Nóos ha anunciado en la Cadena SER que pedirá más pena de cárcel para Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, por malversación y fraude en documento público. Pedro Horrach solicitará también al Supremo penas de cárcel para los cargos públicos valencianos que fueron absueltos a pesar de haber firmado los mismos contratos con Urdangarin que el Gobierno balear.

La sentencia del caso Nóos rechazó el argumento de Horrach que consideraba que las jornadas de deporte y turismo no eran un patrocinio, sino un contrato de prestación de servicios.

El fiscal Pedro Horrach entiende que existe un delito de malversación de caudales públicos porque considera que la empresa CACSA debió someterse a la normativa de control público, algo que no contempla la sentencia. Horrach hace una valoración distinta y así quedará reflejado en la propuesta para los recursos de casación que elaborará. El fiscal considera que hay motivos para imputar un delito de malversación de caudales públicos lo que lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años. También mantiene la petición de falsedad en documento mercantil que las magistradas excluyen.

Este jueves el tribunal del caso Nóos ha decidido mantener la libertad provisionalsin fianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres. Las juezas desestimaron la petición de Horrach, que solicitó para el marido de la infanta Cristina prisión eludible con una fianza de 200.000 euros.

"Las presiones en casos de investigación por corrupción se suceden muy a menudo"

El fiscal Horrach ha explicado que en las comunidades pequeñas como Baleares o Murcia "se intensifica" la presión, pero que hay que "aprender a vivir con ella". Ha asegurado que ha recibido amenazas  y seguimientos "tanto yo, como mi mujer, como mi familia, pero como otros fiscales". En referencia al caso Nóos ha afirmado que ha trabajado con completa "autonomía" y ha negado conversaciones con el Fiscal General del Estado o el ministro de Justicia.