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Caso Jacinto Ortega: ofensiva judicial contra la libertad de expresión

Intersindical Canaria considera que la reciente sentencia que condena a Jacinto Ortega a abonar una indemnización de 4.000 euros a Miguel Ángel Ramírez, por intromisión en el honor del empresario, constituye un siniestro y nuevo avance en la ofensiva judicial contra la libertad de expresión
y una evidente apología de la reaccionaria Ley Mordaza gestada por el PP.

Los hechos se circunscriben al 31 de marzo de 2015, cuando Jacinto Ortega, entonces Coordinador Nacional de Seguridad Privada de Intersindical Canaria, criticó en Rueda de Prensa las “rechazables e indignantes” actuaciones de Miguel Ángel Ramírez contra los derechos más elementales de los trabajadores.

El Sindicato estima que si bien este fallo judicial -que no es frme- debe ser acatado por estricto cumplimiento del imperativo legal, no es menos cierto que “para quienes concebimos el derecho a la libertad de expresión como un pilar fundamental de lo que constitucionalmente se ha dado en llamar Estado de derecho, queremos manifestar públicamente que el pronunciamiento judicial que cuestionamos, viene a engrosar la pléyade de ataques a los que ciertos sectores de la Judicatura vienen sometiendo a quellos que, sin ostentar cotas de poder en cualquiera de sus formas, ejercen sus legítimos derechos para la defensa de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, denunciando prácticas detestables del empresariado, de las que Miguel Ángel Ramírez es protagonista una vez y otra”.

IC añade que además , el fallo judicial demuestgra palmariamente que el Poder Judicial dispone de dos varas de medir, “pues mientras despiden sindicalistas de una de las empresas de Ramírez
y se condena a activistas honestos y comprometidos en la lucha contra la explotación y la delincuencia -como es el caso de Jacinto Ortega-, personajes como Miguel Ángel Ramírez gozan de libertad pese a estar condenado a pena de prisión sin que medie indulto, o no cumpla con la sentencia en este caso del Tribunal Supremo que condena a una de sus empresas Seguridad Integral Canaria al pago a los trabajadores de la misma de lo establecido en el Convenio Colectivo, al tiempo que una causa admitida a trámite contra él por presunto fraude a la Seguridad Social en el Juzgado de Instrucción Ocho de esta capital, parece dormir el sueño de los justos merced al nulo impulso procesal achacable a la Magistrada Rosell y al Magistrado Alba Mesa (en eso coinciden ambos)”.

Finalmente Intersindical Canaria concluye que hechos objetivos como los expuestos, “nos hacen avalar la desconfianza ciudadana en ciertos elementos del Poder Judicial, conclusión ésta de una gravedad extrema, pues inciden colateralmente en el descreimiento en un sistema
democrático cada vez más dañado y vilipendiado por actuaciones gestadas desde el poder en cualquiera de sus formas, de lo que es lamentable ejemplo la sentencia que criticamos y condenamos”.