El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella contra el alcalde de La Laguna y los concejales Badel Albelo, Yaiza López, Carla Cabrera y Alejandro Marrero) por un presunto delito de prevaricación.
Intersindical Canaria denuncia que la inacción de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia paraliza la actividad de los juzgados.
Más de 170 abogados de Gran Canaria han suscrito una carta de apoyo a la huelga de los funcionarios de justicia.
Tras analizar el auto de Tribunal Supremo que archiva el caso Reparos, denunciado en 2018 por una posible prevaricación continuada por parte de Fernando Clavijo, hoy aforado en el Senado, cuando era alcalde de La Laguna, Santiago Pérez anuncia que va a recurrir dicho archivo. Y añade que "un archivo de plano es sencillamente incomprensible".
Entrevista a Santiago Pérez. Tras el nuevo sobreseimiento provisional del caso Grúas por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, en lo que afecta al ex alcalde de Aguere, José Alberto Díaz (CC), el ex concejal Antonio Pérez Godiño, y los ex técnicos municipales Rosario Hernández y Alejandro Cordero, Santiago Pérez explica una vez más en este artículo y en una reciente entrevista en Radio San Borondón, el proceso del Caso Grúas y las actuaciones contrarias a la legalidad del entonces alcalde Fernando Clavijo -aforado por ser senador- frente a afirmaciones falsas divulgadas en algunos medios.
El que fuera alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, que en la actualidad cumple condena por el Caso Las Teresitas, está llamado a declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, junto a Pablo Abril Martorell, como máximos responsables de la gestión privatizada del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, cuando se decidió devolver a Sacyr el canon que Sacyr había abonado al Ayuntamiento como precio por la privatización de la gestión de EMMASA.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, que el Ejecutivo regional, con sus servicios jurídicos y el personal técnico del área de Salud, analizarán a fondo y presentarán alegaciones al auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de forma cautelar, anula la decisión gubernamental de la semana pasada de que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios exijan el certificado COVID a sus clientes para acceder a los interiores de sus establecimientos.
La Sala estima cautelarmente que la exigencia del dato para acceder a los locales vulnera derechos fundamentales
La Sala afirma que la restricción de la libertad de circulación no es proporcionada para impedir botellones en espacios públicos
El TSJC firma los Autos de ratificación de las medidas del Gobierno para controlar la pandemia de la COVID-19 "En la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife"
