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STEC-IC: El Gobierno de Canarias favorece la educación concertada frente a la pública

SB-Noticias.- El STEC-IC denuncia públicamente que los presupuestos educativos previstos para 2017 no solo nos alejan aún más del objetivo del 5% de inversión del PIB en 2022, como establece la Ley Canaria de Educación, sino que, además, mantienen la tónica de seguir favoreciendo y fortaleciendo la enseñanza privada-concertada frente al Sistema Público Educativo.

El incremento del 2,8% (algo más de 42 millones) anunciado para Educación es notablemente inferior al crecimiento previsto del PIB para 2017 (3,5%), lo que hace que el gasto educativo en Canarias, en relación con el PIB, retroceda en 2017, incumpliendo –nuevamente- el mandato de la Ley Canaria de Educación de incrementar anualmente el presupuesto en cantidad suficiente, hasta alcanzar el objetivo del 5% previsto para 2022.

Descontando otros gastos, el pírrico incremento propuesto solo alcanzaría para financiar un aumento de plantilla de apenas 170 docentes, absolutamente insuficiente para equipararnos a la media de plantillas docentes del estado. Para ello, haría falta incorporar a más de 2.000 docentes en Canarias.

Para ahondar en la gravedad de la situación y el descaro privatizador de la Consejería del Gobierno de Canarias, constatamos que la enseñanza concertada-privada ha incrementado su presupuesto en 5,6 millones de euros durante el periodo 2012-2017, mientras que la enseñanza pública se sitúa con un saldo negativo en materia de inversión, durante el mismo periodo.

En este escenario, la Consejería de Educación y Universidades, a través de un proyecto de Orden a publicar en breve, pretende renovar su política de conciertos educativos durante 6 años más (hasta el curso 2022-2023), sin replantearse la conveniencia de seguir favoreciendo este modelo de privatización del Sistema Educativo, que en Canarias ya absorbe cerca del 16% del alumnado, en beneficio de los intereses empresariales de unos pocos y en perjuicio de la mayoría de la sociedad canaria.

Desde el STEC-IC consideramos que la educación no puede estar condicionada ni sometida al afán de lucro de las empresas privadas bajo un supuesto derecho a la “libertad de elección” de las familias. La realidad es bien distinta por el hecho, absolutamente constatado, de que los empresarios de la educación (de carácter religioso o no) muestran total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o las zonas socioeconómicamente más desfavorables. Es decir,”donde no hay negocio, no hay educación concertada”, olvidándose rápidamente, los defensores del modelo, de la necesidad de garantizar la supuesta “libertad de elección” de las familias.

Otro mito con el que también se intenta justificar la existencia de la red concertada de centros educativos es su supuesto menor coste. Sin embargo, exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo como acreditan diversos informes al respecto.

Además, si a esto añadimos lo que supone el gasto para las familias, el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en más de 700 euros por encima del coste en los centros públicos. Ello se desprende de los propios datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y de los esclarecedores datos aportados por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) al respecto. Este sobrecoste es atribuible a las “cuotas voluntarias de pago obligatorio” que establecen los centros concertados por diversos servicios, algunos tan escandalosos  como la compra obligatoria del uniforme directamente al centro.

Desde el STEC-IC exigimos el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación en materia presupuestaria, así como la paulatina desaparición de los conciertos educativos y la absorción de su alumnado por el Sistema Público Educativo, el único capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. Ello requerirá, además de una clara voluntad política hasta ahora inexistente en Canarias, una negociación paralela para establecer las necesarias alternativas laborales para los trabajadores afectados.