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Canarias, la primera autonomía de régimen común que publica la lista de quienes deben más de un millón de euros

SB-Noticias.- La Consejería de Hacienda ha publicado hoy en la página web de la Agencia Tributaria Canaria el listado de personas físicas y jurídicas que tienen contraída deudas o sanciones pendientes de pago con la Hacienda Pública del Archipiélago por un importe superior al millón de euros. Se convierte así en la primera autonomía de régimen común que publica su propio listado, cumpliendo con lo establecido en la Ley General Tributaria.

En concreto, se recogen las deudas relacionadas con los tributos propios, los derivados del Régimen Económico y Fiscal y los cedidos por el Estado cuya aplicación esté atribuida a la ATC, haciendo especial hincapié en el impago de impuestos como el IGIC o el AIEM.

El listado incluye 73 personas físicas y jurídicas que deben en total, a 31 de diciembre de 2016, 139.176.988,85 euros. El 24,7% de las empresas incluidas en el listado realizan su actividad bajo el epígrafe ‘Construcción completa, reparación y conservación’. En concreto son 18 sociedades que adeudan 31,7 millones de euros.

A continuación, por mayor volumen de empresas, destacan los epígrafes de ‘Promoción inmobiliaria’ y ‘Promoción de edificaciones’ que, con 8 y 14 organizaciones, respectivamente, deben 20,9 y 34,3 millones de euros.

La directora de la ATC, María Jesús Varona, aclara que los datos incluidos en la lista de deudores son al cierre de diciembre de 2016, “por lo que puede darse el caso de que alguno de los nombres incluidos ya hayan saldado su deuda y por tanto no aparecerán el próximo listado que se haga con los datos de 2017”.

“Otra posibilidad es que las empresas estén en concurso de acreedores y por tanto inmersos en un procedimiento judicial para intentar acreditar su situación de insolvencia”, explica.

La publicación de la lista se produce tras haber llevado a cabo un trámite de audiencia para que las personas físicas y jurídicas que aparecen en ella pudieran comprobar la veracidad de los datos y garantizar que no se vulnera ninguno de sus derechos.