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La plantilla de trabajadores de Seguridad Integral Canaria no han cobrado su nómina

SB-Noticias.- Intersindical Canaria denuncia la situación de los trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, perteneciente al empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso, por la falta de respeto y descaro que tiene este empresario con sus trabajadores y con los acuerdos judiciales que les afecten. A fecha de hoy la práctica totalidad de la plantilla de trabajadores de Seguridad Integral Canaria no han cobrado su nómina, siendo esta práctica habitual en esta empresa, siendo así reconocido por la Inspección de Trabajo por medio de las distintas sanciones que por ello recibe casi mes tras mes esta esta mercantil.

Ya no solo miente este señor de forma habitual al manifestar públicamente que el paga fuera de los márgenes establecidos por la normativa laboral vigente, amparándose en supuestos acuerdos con los supuestos representantes de los trabajadores, sino que además se burla y desprecia las decisiones judiciales que han tumbado los Convenios de Empresa que había impuesto en su empresa.

Debido a estos convenios los trabajadores habrían dejado de percibir mas del 30% de ingresos salariales, teniendo que ser reclamados por vía judicial, ya que este empresario ha decidido no acatar las sentencias del Tribunal Supremo que invalidaban tanto el Descuelgue Salarial como el posterior Convenio de Empresa, llegando a señalarse gran cantidad de juicios de reclamación donde posteriormente acuerda abonar esas cantidades en cómodos plazos, los cuales también incumple, burlándose una vez más tanto de la administración de Justicia como de sus trabajadores y sus familias.

Llama la atención que esta empresa, perteneciente además a la asociación empresarial ACOSEPRI, donde se encuentran integradas otras empresas de seguridad vinculadas a Miguel Ángel Ramírez, como MARSEGUR o Sinergias de Seguridad y Vigilancia, copan casi el 90% de contratos de las administraciones públicas en Canarias, por lo cual hacemos participes de estas prácticas contra los derechos de los trabajadores a las propias administraciones públicas, por dejar totalmente desamparados a los trabajadores, así como omitir su obligación como responsable subsidiario de los mismos.