Log in
Sin imágenes

Alertan de que la administración canaria se inhibe mientras turistas destruyen el patrimonio natural

  • Published in Cultura

La Asociación Pueblo Maho alerta de la falta de respeto de muchos visitantes a los espacios protegidos de Canarias y del escaso e ineficaz control y vigilancia del patrimonio natural por parte de las administraciones canarias.

La Asociación Pueblo Maho nace en Lanzarote y su objetivo fundamental es investigar, divulgar y proteger el patrimonio cultural y natural de Lanzarote y en general de Canarias.

A través de un comunicado, la Asociación denuncia que recientemente han presenciado la destrucción de nuestro patrimonio por parte de dos turistas fracturando lava de una colada emitida por los volcanes de Timanfaya, incluida en uno de los parajes de mayor protección y belleza de la isla.

La reflexión que plantean a partir de este hecho es, por una parte, el grado de respeto que muestran hacia la naturaleza algunas personas que nos visitan o que siendo foráneas residen en Lanzarote. Por otra parte plantean valorar la eficacia de la vigilancia para proteger el patrimonio natural de la isla de Lanzarote en el que se sustenta la economía insular, al igual que sobre la respuesta que se obtiene por parte de las entidades que tienen la obligación de proteger este patrimonio. Llaman la atención asimismo sobre la necesaria implicación de la ciudadanía, la cual solo es contemplada en la actual ley de patrimonio histórico, para multar a las personas y por otro lado aquellas personas  que quieran iniciar el procedimiento para declarar bien de interés cultural a un elemento del patrimonio cultura, ha de costear y redactar cuantos documentos se precisen, en base  al Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural.

La Asociación Pueblo Maho pone de manifiesto una conocida la afición de muchos turistas por construir torretas de piedra, formar figuras, letras y palabras con sucesiones de piedras en los lugares que elijan para ello, con independencia del lugar. En concreto, señalan que desde hace años permanece en el fondo de la Caldera de Guanapay palabras conformadas por piedras sueltas, un lugar que ostenta la máxima categoría de protección y de reconocimiento que permite el estado español, sin que la administración responsable haya procedido, de manera inmediata, a retirarlas.

En este sentido critican que el Ayuntamiento de Teguise, que recaba dinero de las entradas a la Fortaleza, revierta estos beneficios en la conservación del bien y de su entorno. Y en la misma línea rechazan que el Cabildo no actúe frente a esta pasividad municipal.

"No existe correlación entre la presencia de estas obras de arte y la diligencia con la que la administración debe actuar, y ni mucho menos con la inversión en recursos que son necesarios para minimizar esta afición", exponen los miembros de la Asociación.

El lamentable hecho que denuncian, consistió en que una pareja de turistas, que ante la ausencia de piedras sueltas en el entorno natural en que se encontraban de visita, no dudaron en romper la colada de lava para cumplimentar su "obra". Exponen que este hecho "nos permite evaluar la eficacia de los medios que la ciudadanía tiene a su alcance para impedir o frenar una agresión, y también para facilitar a la administración los datos necesarios que posibiliten evitar el daño".

Para ello consideran que debe existir una "maquinaria patrimonial engrasada", porque los hechos demuestran que las llamadas telefónicas advirtiendo cualquier destrozo no tienen pronta respuesta, y en muchas ocasiones ni se recibe contestación. La cantidad de llamadas de teléfono que ha de hacer la ciudadanía en el intento desesperado para proteger con medios que no están a su alcance el patrimonio que está siendo agredido, no garantiza su logro, ya que las respuestas que se suceden rayan más en las disculpas que en las razones que impiden actuar con diligencia, tanto por parte de cualquiera de los departamentos del Cabildo Insular, como Geoparque, Medioambiente, Patrimonio Histórico, Brigada Ecológica, Reserva de la Biosfera o Prensa del Cabildo Insular, como de los ayuntamientos, SEPRONA o policías locales.

La Asociación pone en evidencia la ineficacia de la administración que, cuando recibe las denuncias por parte de la ciudadanía, las preguntas que realizan los profesionales que atienden las llamadas urgentes, son:  “¿Está segura que eso está en ese municipio?”, “No me puedo acercar, estoy solo porque el otro compañero está de baja”, “Para eso usted tiene que llamar al Cabildo… No, no tengo el número de teléfono aquí, tiene que llamar y preguntar”, etc.

Los miembros de Pueblo Maho indican que estos ejemplos de respuestas son reales, lo cual se explica fácilmente si se tiene en cuenta el bajo grado de formación y el modo de acceso al puesto de trabajo de este personal. "En muchas ocasiones, afirman, hemos presenciado como el correspondiente servicio de vigilancia acude a un lugar cercano alertado de hechos delictivos, y después de dejar pasar tres minutos y sin bajarse del vehículo continúan su ruta, que no es de vigilancia, ni de protección, sino de dejar pasar el tiempo hasta que finalice la jornada laboral”.

Critican asimismo, la dejadez del Gobierno de Canarias, que deja en manos de la ciudadanía la responsabilidad de la protección del patrimonio cultural. Explican que el procedimiento creado por el gobierno de Canarias para proteger bienes relevantes del patrimonio cultural a través del decreto 111/2004, de 29 de julio ya citado, establece que para que cualquier persona o asociación solicite que el Cabildo correspondiente o el Gobierno canario inicie expediente de bien de interés cultural, es necesario facilitarles una propuesta que contempla un estudio, señalización cartográfica y literal de sus límites y de su entorno de protección, así como la relación de las personas o entidades propietarias del suelo, lo que conlleva tramitar las correspondientes peticiones ante la oficina del catastro y registro de propiedad con el conveniente pago de cada nota simple requerida.

Acusan al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de dejadez al obligar al ciudadano a trabajar el expediente, mientras "supuestamente" dispone de suficiente personal técnico especializado.

Destacan asimismo que mientras dejan caer en la ciudadanía esta responsabilidad, no se le permite al ciudadano o a una Asociación acudir a los tribunales, al no reconocerle este derecho, "pero sí la obligación de costear 300 o 400 euros para facilitarle los nombres de la propiedad al gobierno que a su vez facilita otra administración pública. Las particularidades de este procedimiento indican el respeto y la implicación del gobierno en facilitar la participación ciudadana para reconocer y proteger los bienes, que por otra parte la administración ni conoce ni conserva, pero sí obliga".