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La Acusación Popular de Las Teresitas exige que Estébanez, Arteaga y Hacha dimitan o los cesen

Charla en la Sala San Borondón

Que en el actual grupo de gobierno del ayuntamiento  de Santa Cruz continúen tres concejales, que en el año 2001 votaron en el pleno a favor de la delictiva operación de compraventa de la playa, es intolerable para los letrados. Y, de no dimitir José Alberto Díaz-Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Hacha, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez debería cesarlos de inmediato.

SB-Noticias. Recientemente, los abogados de la acusación popular del Juicio de Las Teresitas, José Pérez Ventura y Antonio Espinosa ofrecieron una charla en la Sala San Borondón, para analizar la sentencia y todo el proceso del Caso Las Teresitas.

En primer lugar, los letrados consideran imprescindible reconocer a todos los actores que han hecho posible la denuncia del pelotazo: Santiago Pérez e Insula Viable, la Asociación Ecologista El Rincón con Pedro Fernández Arcila y Elena Sánchez, los funcionarios que actuaron de manera leal a pesar de las presiones sufridas, la Fiscalía y los investigadores policiales y especialmente a todos los colectivos y personas a nivel particular, que realizaron una fundamental labor de denuncia contra los participantes en este caso de corrupción "de libro".

Reconocen el papel de Santiago Pérez, entonces Secretario General del partido Socialista de Tenerife: “Sin su trabajo y sin su denuncia inicial no habría caso Las Teresitas”, él es quien advierte al grupo municipal socialista, de las sombras y sospechas de la operación que se está gestando y les indica que votaran en  contra en el Pleno o como mínimo se abstuvieran. Es además, el redactor de la denuncia que los abogados consideran jurídicamente muy bien construida y que sintetiza los elementos de una  operación que luego la Intervención General del Estado, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, en un dictamen contundente, calificaría como pelotazo de manual e incorporó a la querella María Farnés.

También destacan el trabajo del grupo séptimo de la policía judicial, con Antonio Roldán a la cabeza y la propia fiscal María Farnés, que tuvieron que sortear todo tipo de presiones, obstáculos, filtraciones, intento de acceso a los ordenadores del propio grupo de la policía. Una muestra de dichas presiones es que el  procedimiento incorpora como prueba documental las facturas que uno de los empresarios implicados, Ignacio González, emitía como pago de los gastos de la celebración del día de la patrona de la policía nacional “es decir que este señor le pagaba a  la policía nacional  los gastos de la celebración de su patrona”.

Destacan que también los investigadores y la propia Fiscalía se tuvieron que enfrentarse a los poderes fácticos, políticos y empresariales que entonces tenían mucho poder: Antonio Plasencia “todopoderoso  presidente de FEPECO (Federación de Empresarios de la Construcción), Ignacio González, “todopoderoso” presidente de la Cámara de Comercio y con vinculaciones directas con el Partido Popular... Pero también con el “todopoderoso” Miguel Zerolo, a quien definen como “endiosado y  enafnt terrible” de la política, que venía de arrasar en las urnas con unas mayorías absolutas abrumadoras. Todo ello en un contexto de impunidad: los años de la burbuja inmobiliaria, cuando no se visualizaba la crisis y los que lo hacían eran denostados y descalificados como los del no a todo y terroristas sociales, por parte de personajes como Luis Suárez Trenor, el administrador de las cuentas de Coalición Canaria, que fuera también Presidente de la Autoridad Portuaria e imputado por caso Forum Filatélico.

Sí ha habido delito de soborno-cohecho

En torno a la existencia o no del delito de cohecho, Pérez Ventura y Espinosa insisten en que, aunque siempre se ha  dicho que en el Caso Las Teresitas no ha existido el soborno o cohecho, eso no es del todo cierto, porque el que no se haya podido probar procesalmente no implica que no se haya producido. “Una cosa es la verdad de lo que sucedió y otra cosa es la verdad que logra probarse” y explican que el proceso penal tarta de reconstruir lo que sucedió a través de fuentes de prueba, y en ocasiones lo que se declara probado se asemeja a la realidad de lo que sucedió y otras veces presenta limitaciones, omisiones, aspectos que no han podido quedar plasmados con absoluta claridad...

En el caso que nos ocupa, la Acusación Popular tiene  la convicción absoluta y legítima de que sí se produjo el cohecho “una operación de este tipo no se explica sin el aceite que engrase el engranaje del desarrollo de esta operación especulativa”.

Miguel ZeroloLos juristas entienden que el delito de cohecho no se ha podido acreditar por varias razones: la principal es el la dilatación en el tiempo del proceso. La operación se produce en el año 2001, se aprueba en el pleno del ayuntamiento el 23 enero 2001, en septiembre del mismo año se firma ante notario y el pago también se produce en estas fechas. Pero la investigación empieza en 2006  y en enero de 2007 es cuando se judicializa la causa.

Otra de las razones que complican el probar el delito de cohecho es  que el pago de soborno se hace a través de ingeniería financiera: paraísos fiscales, entramados societarios y cuentas off shore, que garantizan la impunidad y dificultan la investigación “además -ironiza Ventura-  el pago de soborno no se va a hacer ante notario como lo que ocurrió en Lanzarote en un ejemplo de estupidez profunda, donde se firmó un soborno ante notario a cambio de apoyar una moción censura”...

No obstante, destacan que a pesar de todo, los investigadores encontraron importantes indicios de cohecho, quedó probado que los empresarios ennegrecieron importantes cantidades de dinero, que entraba en un circuito desconocido e incluso, en el caso de Miguel Zerolo, su cuenta corriente -donde tenía la nomina como alcalde-, no tuvo cargos de ningún gasto durante más de un año, llevando a la conclusión de que disponía de recursos económicos de procedencia desconocida, para llevar el rol de vida altísimo que tenía en aquella época “Por no hablar de los decimos de lotería”. añaden.

Recado a Ricardo Melchior: “Los condenados se llevaron “la lata del gofio completa”

Ante las polémicas declaraciones de Ricardo Melchior sobre la sentencia del caso, afirmando que ha sido una sentencia dura, los abogados responden con contundencia que eso es falso. Le recuerdan al ex presidente del Cabildo de Tenerife, que las penas impuestas son lo que establece el código penal para el delito de malversación de caudales y consideran que es lo lógico ante el importante quebranto económico que se ha generado al pueblo de Santa Cruz.

También ironizan con la afirmación de  Melchior de que los condenados “no han metido la mano en la lata del gofio”... y responden “es peor que eso, se han llevado la lata del gofio completa”.

Y enumeran que se financió y se pagó  la compra de las 11 parcelas del frente de la playa con el remanente de tesorería del ayuntamiento, que es la hucha del ahorro de los chicharreros “todo ese ahorro se le entrega a los empresarios,  además el ayuntamiento para financiar el 25 % del precio, tiene que endeudarse firmando un préstamo con CajaCanarias para pagar los  3000 millones restantes y años mas tarde, el grupo de gobierno privatiza Emmasa para pagar el préstamo que contrajo con la Caja.

Santa Cruz  le debe un reconocimiento a Pía Oramas

Ambos juristas consideran que el trabajo y la entereza de algunos funcionarios, entre ellos Pía Oramas, ha sido fundamental en el proceso judicial. Por ello afirman que el ayuntamiento de Santa Cruz está obligado a mostrarle el reconocimiento público a través del reglamento de honores y distinciones, “Santa Cruz merece que en lugar de tener una calle con el nombre de José Emilio García Gómez se cambie por el nombre se Pía Oramas” afirman.

Los juristas lamentan las presiones brutales que recibieron algunos funcionarios desde que se gestó la operación, a lo largo del proceso y en el propio juicio, donde determinados peritos de parte se dedicaran sistemáticamente a tratar de molestar y descalificar a Oramas cuando intervenía, mediante susurros y comentarios “en concreto  -destaca Antonio Espinosa- el caso de  Anadón fue decepcionante, tuvieron que llamarle la atención en reiteradas ocasiones, no solo por parte del magistrado, sino del propio agente judicial, parecían niños en una clase metiéndose con el compañero  para que se equivocara...”

Por primera vez, los abogados de la acusación popular comentan públicamente un caso que consideran intolerable. Así explicaron que en el transcurso del juicio oral, el acoso a Oramas llegó a los extremos de que en una sesión, al salir del palacio de justicia, Oramas pidió salir al mismo tiempo que ellos, para evitar que los acusados -que estaban en la puerta de salida- se acercaran a presionarla, como parece que venían haciendo. “Tuvimos que hacer de escudos de la perito, lo cual comunicamos al siguiente día al tribunal para que se habilitara una salida alternativa, pues no es de recibo que esta persona tuviera que estar soportando esa presión por parte de los acusados y sus abogados”.

El papel de la Prensa

Otro aspecto que los letrados consideran fundamental a la hora de analizar este caso de corrupción, es el papel que ha jugado la Prensa a lo largo de los años.

“A veces uno escucha a gente hablando de Las Teresitas y pienso que no tienen vergüenza” afirma Antonio Espinosa, y se pregunta “¿quien hablaba de Las Teresitas aquí hasta el año 2010
Afirman que en esos años había que escuchar Radio San Borondón o leer la prensa de Gran Canaria, “nos enterábamos por radio San Borondón, Pedro Guerra de La Provincia o Carlos Sosa... el resto de periodistas, si querían publicar algo, no les dejaban”.

Por eso ahora les sorprenden algunas “paternidades” sobrevenidas y reprochan que ahora, una vez conocida la sentencia aparezcan “una cantidad de personajes que poco menos parece que han sido los autores la denuncia de Las Teresitas” .


El papel de Radio San Borondón

José Pérez Ventura destaca en particular, el papel que jugó Radio San Borondon, clave en dos momentos: cuando sale la querella de la fiscal, porque en esta emisora de radio se leía íntegramente, en directo y en reposiciones. Y luego en el juicio oral, “el esfuerzo que ha hecho Radio San Borondón de estar retransmitiendo íntegramente el juicio” para que toda la ciudadanía pudiera escuchar lo que en la Sala ocurría.

Por el contrario, lamentan el papel de los medios públicos, como la televisión canaria, que  no hizo un seguimiento como el caso merecía.

Algunos medios de comunicación deberían pedir perdón

Coinciden los juristas con quienes reclaman que Coalición Canaria tiene que pedir perdón por haber permitido que se produjera este caso de corrupción de libro, pero también deberían hacerlo  los grandes medios de comunicación escrita: El Día y Diario de Avisos y en menor media La Opinión, porque silenciaban lo que ocurría.

Afirman que aquí se ha vulnerado el derecho a la libertad de  información de la ciudadanía y se pisoteó la Constitución. En este sentido indican que la impunidad muchas veces se produce a través de los silencios y el silencio en el caso las Teresitas permitió que Zerolo en 2007 volviera a ganar las elecciones, porque la gente estaba intoxicada y desinformada.

Estébanez, Arteaga y Hacha deben dimitir ya

Que en el actual grupo de gobierno del ayuntamiento  de Santa Cruz de Tenerife continúen tres concejales que también estaban en el año 2001, cuando se aprobó la delictiva operación de compraventa, votando a favor de la misma, es intolerable para los letrados.

Por ello consideran que José Alberto Díaz-Estébanez, Dámaso Arteaga y José Carlos Hacha deben  asumir su responsabilidad política y dimitir ya. Pues aunque no esté comprobada su implicación penal directa, sin embargo votaron a favor y si hubieran sido mínimamente diligentes en el ejercicio de su función pública, se hubieran dado cuenta que esta operación era una chapuza y un delito.

Pero aun peor es que Díaz Estévanez fue concejal de Hacienda en aquel momento, formaba parte de la Junta de Gobierno,  firmó el expediente de modificación presupuestaria para poder viabilizar el pago, firmó la transferencia de crédito del ayuntamiento a la Gerencia de Urbanismo para el pago a los empresarios. Además recuerdan que intervino en una comisión conjunta entre Urbanismo y Haciendo para las modificaciones de crédito para hacer a la vez la  compra... Por tanto, insisten en que su responsabilidad política es total, incluso sostienen que no sería de extrañar que este señor no tuviera el mismo conocimiento que Zerolo de la operación.
 
En todo caso, de no dimitir estos tres ediles, el actual alcalde, José Manuel Bermúdez debería cesarlos de inmediato “si es que tal como afirma está en la onda de recuperar el dinero y contra la corrupción”.