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La libertad de expresión en la sanidad pública

  • Published in Salud
Una sentencia que salvaguarda las críticas contra los gestores sanitarios


{mosimage}Carlos García García. Médico. Consejero sindical de Intersindical Canari.-

Casi tres años de espera han sido precisos para poder descansar y aliviar una incertidumbre mantenida por una demanda efectuada por una antigua directiva del Hospital Universitario de Canarias contra mi condición de delegado de Intersindical Canaria, tras la publicación de un artículo de opinión ,en Diciembre de 2012 en el periódico El Día, que se tituló “La inmoral paga extra a directivos sanitarios” y que hacía una crítica negativa contra la administración sanitaria de Canarias, resaltando el contraste entre los recortes presupuestarios en sanidad, con especial incidencia en las listas de espera en sus diversas facetas, con el hecho de que existan partidas presupuestarias para abonar cantidades extras a gerentes y directivos de la sanidad pública canaria en un momento de crisis económica.

Y la calificaba de paga inmoral porque eran, son y siguen siéndolo, pagas extras que se abonan como “complemento de especial rendimiento” o como “incentivos” mientras que a los usuarios se aplican tijeretazos, copagos, retirada de prestaciones y, a los trabajadores, pérdidas de derechos laborales, retenciones de sus pagas, rebajas de sueldo o aumentos en las jornadas laborales.

 Desde Intersindical Canaria seguimos opinando que se trata de un “robo sin paliativos” mantener estas incongruentes pagas extraordinarias, tal y como ya denunciamos en Abril de 2012, conociendo que la gestión realizada por estos gobernantes sanitarios son los colapsos de las urgencias, listas de espera en aumento, ausencia de camas hospitalarias públicas en beneficio de la privatización, y conflictos permanentes con los empleados públicos en las precariedades de contrato  en sus labores cotidianas. Esos son los méritos y objetivos alcanzados en la gestión que anualmente premian.

La pretensión de esa exdirectiva sanitaria era el cobro de una indemnización de 12.000 euros por una intromisión ilegítima en su honor y por perjuicios que ocasionaron daños morales, y así fue interpretada en primera instancia por la magistrada de turno el pasado mes de Septiembre de 2014. No obstante, y con el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial, recibimos con satisfacción la absolución de todas las pretensiones de la antigua directiva al desestimar su demanda y revocando la anterior sentencia.
Y es que  los representantes legales de los trabajadores seguimos siendo perseguidos y ninguneados por los que dirigen las administraciones públicas, en el ejercicio de realizar críticas y en nuestra labor de la defensa laboral de los empleados. Porque se quiere obviar el derecho a la libertad de expresión, que ostentamos con nuestras manifestaciones,  y también de información, en el interés general de la ciudadanía que tiene necesidad de estar informada y de conocer puntos de vista de los profesionales sanitarios en las cuestiones que nos competen, como es el caso.
Las ideas, opiniones y pensamientos, junto con los juicios de valor, son un derecho que nos asiste en cuanto a comunicar hechos y circunstancias que consideramos de importancia común y ciudadana y, tal y como recoge la jurisprudencia, garantiza la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.
La sanidad pública sigue adoleciendo de graves problemas que ya conocen de sobra el paciente y sus familias. Pero el hecho de escudarse en crisis económicas que hacen restringir los presupuestos y partidas empleadas, contrastan con estas inmorales pagas que se siguen manteniendo en los cargos de dirección. Yo, personalmente, sigo opinando, en mi criterio personal, que tales situaciones  demuestran una gestión sucia y, puede que hasta corrupta, de los dineros públicos de todos los ciudadanos. Y esa es la crítica que yo realizo, como ciudadano, como profesional  y como portavoz  sindical, en el intento de un cambio en aquellas. Porque toda crítica realizada para salvaguardar e derecho a la salud tiene una gran trascendencia social. Y porque, también como médico, tengo el deber de llamar la atención de los ciudadanos respecto a las deficiencias en la calidad de la salud y denunciar las carencias del sistema en un empeño permanente a favor de la suficiencia, calidad y la dignidad ética del sistema sanitario.
Aunque algo lenta, la justicia en este caso ha puesto las cosas en su lugar y ha dado prevalencia a un artículo de opinión, preservando el derecho de expresión, contra la pretensión de la intromisión al honor de una exdirectiva, cifrada en 12.000 euros.


CaRlos García García. Médico
Consejero sindical de Intersindical Canaria