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La Laguna y el IBI o la obsesión recaudatoria

  • Published in Política

El Ayuntamiento de La Laguna tiene que aplicar, bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda, un Plan de Ajuste desde 2012 a 2023, que está condicionando todos los Presupuestos municipales y, por tanto, la actividad y los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Un  Plan  de Ajuste  consiste básicamente en incrementar el esfuerzo de los contribuyentes y recortar el gasto del Ayuntamiento.
El Ministerio de Hacienda impuso a La Laguna la aplicación del Plan de Ajuste  como condición para autorizarle a pedir nuevos préstamos para pagar la ingente deuda oculta (70 millones) con proveedores que afloró en 2012, a raíz de puesta en marcha del mecanismo de ágil pago a los acreedores de las Administraciones Públicas (Real Decreto-Ley 4/2012).

La deuda oculta provenía desde 2003, es decir de la etapa de Ana Oramas, y una parte significativa de esa deuda (30 millones)  se fue generando a lo largo de los años 2003-2008 porque el Ayuntamiento dejó de actualizar el contrato  con Urbaser, la empresa que gestiona un servicio municipal  tan esencial como el de recogida y tratamiento de basura. En cualquier economía bien gestionada, lo primero que se paga con los ingresos ordinarios  son los gastos ordinarios. Pero el Ayuntamiento de Ana Oramas y sus sucesores ha sido cantón aparte de las más elementales reglas de buena gestión  del dinero público.

Si esto lo dice uno así, en abstracto, parece una mera teoría

Pero la realidad del municipio, con los datos en la mano, nos pone con los pies en el suelo.

La presión fiscal no ha parado de crecer en  unos años llenos  de dificultades para la empresas y las familias: según las Auditorías encargada por el Gobierno de Canarias, entre 2013 y 2015  la presión fiscal por habitante y año subió  en La Laguna desde 509 a 617 euros/habitante/año. Es decir, un 17.6%  en sólo 2 años. Y ésta ha sido la tónica.

Por el contrario, el gasto del Capítulo II del  Presupuesto  con el que se financian los servicios municipales  (incluidos “servicios esenciales”,  según la Memoria del proyecto de Presupuestos para 2017)  ha disminuido: 52.532.124,21 euros en 2015 (obligaciones reconocidas a 31 de diciembre) frente a 58.518.057,08 en 2010.   Y esto en  tiempo de crisis, que es cuando aumentan las necesidades sociales y las demandas de los ciudadanos a su Ayuntamiento.

El Capítulo IV del Presupuesto (transferencias corrientes) refleja el apoyo del Ayuntamiento a entidades  asistenciales  como Cruz Roja o  Caritas, así como a otras asociaciones culturales o deportivas cuya labor social es imprescindible, especialmente en tiempos de crisis. En 2010, a 31 de diciembre,   fueron 17,028 millones de euros. En 2013, las transferencias corrientes habían descendido a 15,772 millones. Y en 2015,  a 13, 673 millones de euros.

Ese es el contexto en el que se va a producir para el año próximo un nuevo incremento de la recaudación por el IBI, con la que el Ayuntamiento prevé llegar a 41.690.941,00 euros, frente a los  30.593.238 previstos en su día para 2012 (Marco Presupuestario del Ayuntamiento 2012-16).

Durante todos estos años de crisis la recaudación  IBI-urbano  (obligaciones reconocidas a 31 de diciembre)  no ha cesado de subir, como han podido comprobar y pagar los contribuyentes laguneros. Desde los 27.092.764 de  2010,  hasta los 31.269.354  de 2015.

En todos estos años, el gobierno municipal negaba que estuviera subiendo el IBI, porque mantuvo estable el tipo de gravamen (0,53%) que se aplica al valor catastral de los inmuebles. Pero durante estos años se estuvo desplegando  progresivamente una actualización del valor catastral de los inmuebles urbanos decidida por el Ministerio de Hacienda, al que Clavijo y Cía endilgaron de inmediato las subidas del recibo del IBI.

El estilo y las mentiras  de siempre.

El Ayuntamiento podría haber hecho uso de la autorización contenida en el artículo 72.5 de la Ley de Haciendas Locales y haber bajado  (hasta el 0,1%) el tipo de gravamen, con carácter excepcional, mientras se aplicaba la actualización de los valores catastrales, para mantener constante el esfuerzo de más de 50.000 familias y empresas de La Laguna. O haber utilizado el margen ordinario y bajar el tipo de gravamen hasta el 0,4%  (artículo 72.1  de la Ley de Haciendas Locales). Pero no lo hizo, a pesar de que se lo exigimos reiteradamente a Clavijo y sus adláteres.

Pongamos un ejemplo: con el 0,53% actual, un inmueble urbano cuyo valor catastral sea de 70.000 euros, paga 371 euros. Si se aplicara el tipo de gravamen del 0.4%, pagaría 280 euros. Es decir, un 24,5% menos.

Lo que está ocurriendo ahora es que se está aplicando una regularización de los valores catastrales, fruto de la actividad inspectora del Catastro   --que puede afectar a más de 10.000 contribuyentes--  para reflejar en el Registro Catastral las modificaciones o ampliaciones de los inmuebles que supongan incremento de valor de los inmuebles y no hayan sido declaradas.  Esta regularización fue autorizada por la Disposición adicional 3ª de la Ley16/2012, de 27 de diciembre  (Procedimiento de Regularización catastral 2013-2016).

Está  lloviendo sobre mojado: muchas familias laguneras   --que ya soportan una carga fiscal despiadada--  han reaccionado con impotencia e indignación ante un nuevo  incremento del IBI de  efectos retrospectivos, derivado de esta “regularización” catastral.
El Informe Económico-Financiero del Proyecto de Presupuestos para 2017, reconoce que el incremento de 3.673.688,13 euros del Capítulo I (Impuestos Indirectos) “se corresponde con el efecto económico de esta regularización catastral”.

¿Y todo esto para qué? ¿Para seguir gastando más de 1 millón de euros al año en Publicidad y Propaganda?  ¿Para tener requintada, más allá de la legalidad, la nómina de asesores y personajes de confianza?  ¿Para seguir consignando en el Presupuesto un millón y medio de euros cada año para gastárselo cómo y dónde les dé la gana en contrataciones a dedo? ¿Para  incrementar en 386.565,67 euros (+ 28,03 %)el presupuesto de Fiestas, en plena crisis económica, con el argumento  de que las “necesidades reales” del gasto en fiestas “han adquirido un carácter irreductible” (pág. 18 de la Memoria Explicativa Proyecto de Presupuesto 2017? ¿Para…?