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Huelga de hambre y dignidad

  • Published in Política Social

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado hace diez años, recoge en su artículo 23.2, el derecho a la renta básica que garantice unas condiciones de vida digna. Hablamos pues de un derecho de la ciudadanía y, por tanto, una obligación de los poderes públicos, que garantice, ni más ni menos, que una vida digna.

La pretendida “nueva” renta mínima de inserción, anunciada a bombo y platillo por la presidenta de la Junta, NO es, en absoluto, sinónimo de la renta básica, es el mismo subsidio Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como el salario social.

En sus declaraciones, la presidenta de la Junta, habla de 415´35 € por familia. Señora presidenta ¿Usted y su familia podrían vivir con 415 € al mes?

Si el Gobierno y el Parlamento tuviera que vivir un solo mes con 415´35 €, otro gallo cantaría. Seguro que el tema estaba ya resuelto y no llevaríamos diez años esperando que se cumpla nuestro Estatuto. Por otro lado, no olvidamos que el gobierno central es igualmente responsable al no facilitar una financiación a las comunidades autónomas justa e igual.

La inexistencia de un seguro de desempleo prolongado en el tiempo y hasta que las prestarías no accedan al trabajo, es otra causa de desigualdad e incremento de la pobreza. Esto ocurre mientras que cada vez observamos con indignación como los fondos destinados al desempleo por el Gobierno de España retroceden, lo cual quiere decir más familias desprotegidas.

Exigimos en Andalucía, una distribución justa de los medios y presupuestos públicos y se evite cualquier tipo de gasto superfluo y/o rebajas fiscales a los ricos o propietarios de grandes bienes, mientras miles y miles de personas tienen que soportar el hacer cola ante los comedores sociales, para algo tan esencial como poder comer.

Ya está bien de que miles y miles de personas malvivan gracias a la pensión del abuelo y/o la abuela, al no disponer de una renta básica que les permita tener una vida digna.

Ya está bien de que mujeres víctimas de violencia de género tengan que seguir soportando en demasiadas ocasiones a sus maltratadores, por no disponer de una renta básica que les permita tener una mínima independencia económica y tan solo en el mejor de los casos, dispongan de asignaciones mensuales de carácter siempre temporal, que no les garantizan poder liberarse de una dependencia económica de su cónyuge o pareja violenta.  





Ya está bien de que personas a las que se les han agotado las prestaciones de desempleo, o que nunca han tenido un trabajo remunerado, y en sus casas entran cero euros, tengan que vivir de la caridad y los servicios sociales.

Si en nuestra vida personal, cuando tenemos pocos recursos, establecemos prioridades, y no invertimos la pirámide a de Maslow, ya es hora que desde la administración pública se haga lo mismo.

Cuando se quieren hacer las cosas se buscan soluciones y cuando no, se buscan objeciones. Ya está bien de poner excusas e impedimentos.

Año tras año, Andalucía es la comunidad autónoma europea con mayor índice de paro y de pobreza infantil. Y cuando se habla del pleno empleo, como objetivo, se miente descaradamente, pues la robotización creciente y la precarización generalizada, hace ya, hoy, estructural el paro tecnológico.

Como hemos visto antes, nuestro Estatuto de Autonomía recoge el derecho a la renta básica. Pues bien, hace ya diez años que se aprobó el mismo, sin que se haya desarrollado la ley prevista al respecto. Algo que resulta incomprensible pues, el Estatuto fue aprobado con un amplísimo consenso, tanto en el Parlamento de Andalucía, como en el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PSOE, PP e IU (entonces no existían Podemos, ni Ciudadanos).

Por tanto, la reivindicación del cumplimiento del derecho a la renta básica, no es algo dirigido al PSOE, independientemente de que sea el partido que lleva gobernando Andalucía desde hace 37 años, es igualmente tanto a los partidos que votaron el estatuto como a los que actualmente están presentes en el parlamento, ya que unos votaron favorablemente el Estatuto y los otros son hoy, igualmente responsables.


Renta Básica ¡YA!

Carlos Martínez es politólogo y de Alternativa Socialista y Paco Vega, activista social actualmente en huelga de hambre por la renta básica andaluza.