Desde hace años, la ciudadanía organizada en torno al colectivo ‘Salvar la Tejita’, ha venido manifestando su opinión contraria a que se construya un hotel en plena playa, una de las pocas playas vírgenes que van quedando en nuestras islas.
Gran Canaria acogió en la primera semana de abril el V Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, que centró el debate en el papel protagonista de los agentes de Medio Ambiente como salvaguardas del patrimonio natural.
Reciclar, reducir y reutilizar. Tres verbos que el Gobierno de Fernando Clavijo no ha aprendido a conjugar y a poner en práctica. A Coalición Canaria le gusta más el eufemismo de “valorizar los residuos”, es decir, quemarlos.
Los destrozos millonarios producidos por la reciente tormenta en el litoral norte de Tenerife, afortunadamente sin víctimas humanas, no son sólo una lamentable y evitable desgracia sino una grave advertencia.
EL RINCÓN DEL BONZO
El Consejo de Europa, con el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000, marcó un antes y un después en la concepción del Paisaje.
Con fecha 17 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional ha emitido, mediante nota informativa Nº 92/2017, la admisión a trámite del Recurso de Inconstitucionalidad, presentado por el Grupo Parlamentario PODEMOS, contra la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias; extractando el siguiente párrafo: "El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra varios preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias." [1]
Cabría imaginar que soy un indeseable y al que no le importa que árboles y cultivos mueran o las personas y los animales sufran, pero quien pierda un minuto en conocer mis motivos los entenderá y los compartirá.
Tres hechos especialmente relevantes y preocupantes han propiciado que durante este mes de agosto hayamos fijado la mirada en nuestro mar en una dimensión más amplia que la del disfrute veraniego. Sin duda nos han hecho más conscientes de su fragilidad y su importancia para nuestra supervivencia. De cómo depende del océano que nos baña la economía, la salud, la biodiversidad, nuestro futuro…
Los empresarios patrocinadores de nuestra joven democracia -y también de nuestra anterior dictadura- exigieron el derecho de pernada impositivo y los de Coalición Canaria, que eran bionacionalistas, les crearon la RIC a su imagen y semejanza.
Para bien o para mal, estamos sufriendo una fuerte crisis en plena época estival que no solo va a dañar la imagen de Canarias frente al turismo playero, sino que además evidencia la incompetencia de gobernabilidad que hay en el Archipiélago.
EL RINCÓN DEL BONZO
Quizá haya que separar ambos conceptos. A ello se entregan con denuedo cuantos políticos aparecen en el ruedo del sensacionalismo para apoyarse en el incuestionable testimonio de especialistas, investigadores y catedráticos de prestigio contrastado para hablar de las microalgas, o cianobacterias que, al parecer, forman parte de la naturaleza y esporádicamente aparecen en plan invasivo para incordiar a los humanos.
Oigo por la radio a técnicos gubernamentales quitarle importancia al asunto de las aguas contaminadas de las playas tinerfeñas.
Pues no eran micro-algas de color verde-amarillo: son cyanobacterias las que están poniendo colorido a nuestras costas.
Qué grado de degeneración habrán sufrido las Instituciones del Archipiélago, para que hoy --35 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía-- la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores se permita calificar de “paseíllo parlamentario” al procedimiento legislativo para la aprobación de la futura Ley Canaria del Suelo.
Sólo desde la absoluta ignorancia y desde el desprecio al Estado democrático de Derecho y al Parlamento de Canarias, “órgano representativo del pueblo canario” del que “emanan los poderes” de sus instituciones democráticas (artículos 1 párrafo 2, y 9.1 del Estatuto de Autonomía) puede permitirse un ramo del poder económico de estas Islas, por influyente que sea, utilizar con la mayor naturalidad expresiones propias del neofascismo emergente en la hora actual de los muy civilizados países occidentales.
Corría el año 1929, preludio de dos décadas dantescas, cuando Herman Heller publicó el artículo ¿Estado de Derecho o Dictadura? en el que reseñaba cómo para algunos profesores alemanes de Teoría del Estado --precursores del advenimiento del nazismo-- calificaban de moderna forma de Estado a la dictadura y de anticuado clisé constitucional al Estado de Derecho. Me vino inevitablemente a la memoria al leer, indignado, el comunicado de la AECP.
¿Qué ambiente respecto a las Instituciones representativas, qué concepto sobre la figura y el papel del presidente del gobierno se habrán ido gestando en ciertos ámbitos empresariales para que los constructores y promotores le dicten al Parlamento que el Proyecto de Ley del Suelo se convierta en Ley de acuerdo con el texto inicial con mero ajustes técnicos y “no sustanciales”? ¿Para permitirse hablar en nombre del interés general y tachar a los grupos parlamentarios de “cortoplacistas endémicos”?
En el Estado de Derecho el procedimiento legislativo es el procedimiento más importante y el que debe estar revestido de las mayores garantías de respeto al principio de contradicción y, por tanto, al pluralismo político. Precisamente porque su objeto es identificar el interés general y convertirlo en Ley, en norma jurídica cuya autoridad se impone sobre Gobierno y la Administración y sobre el poder Judicial, dado que los jueces y magistrados están “únicamente sometidos al imperio de la Ley”, según la Constitución Española.
Estoy convencido de que los representantes de los constructores y promotores no se habrían atrevido a expresar, ni de lejos, tanto desprecio al Parlamento y a las Instituciones democráticas en los primeros tiempos de la autonomía. Ni se habrían atrevido a tratar como tratan a Clavijo y a su gobierno a ninguno de los anteriores presidentes autonómicos, de Jerónimo a Paulino.
Si algunos personajes poderosos, a la escala de estas Islas asirocadas, están tan envalentonados para despacharse así es porque les han hecho creer que las Instituciones son su coto privado de caza, las Leyes canarias la simple elevación de sus intereses al rango de norma obligatoria para todos y que el presidente del gobierno es un homecillo a su servicio de ellos.
En mi opinión, estas cosas sólo ocurren cuando un Régimen político, el establecido en Canarias desde la Moción de Censura de 1993 (traición fundacional de Coalición Canaria), está en decadencia y así lo perciben los poderosos.
Clavijo se ha ganado a pulso ese desprecio. Lo malo es que al mismo tiempo que le han perdido el respeto a él, se lo han perdido a las Instituciones, a la democracia y a todos nosotros. La forma de designar a los consejeros de Economía y Sanidad son un test de situación inapelable.
El desvalimiento de los intereses generales de los canarios, la degradación de los servicios públicos y las políticas sociales, la perpetuidad de unas normas electorales que minan la legitimidad democrática del Parlamento e impiden la alternancia política, que es consustancial a la democracia, el restablecimiento de todas las modalidades de censura para dificultar la formación de una opinión pública libre dibujan un panorama que la sociedad canaria no debe tolerar ni un minuto más.
Por eso es un deber inaplazable de quienes nos sentimos canarios y demócratas poner manos a la obra para reconstruir una democracia y una autonomía que merezcan esos nombres, antes de que este Régimen ocasiones daños irreversibles al presente y al futuro de Canarias, es decir a los canarios y a las canarias.
Santiago Pérez, 18 de marzo de 2017
Muchas personas de todas las clases sociales del Archipiélago hemos aunado nuestros esfuerzos para intentar parar la nefasta Ley del Suelo de Canarias que promovida por CC, a instancias de los principales empresarios de las Islas, se tramita actualmente en el Parlamento Autonómico. A través de esta Ley, los sectores dominantes demandan la mercantilización del territorio, pues conciben las Islas como un solar para negociar, especular y enriquecerse cada vez más, a costa de la destrucción de la tierra que es patrimonio común de todos los canarios y canarias.