Justicia

EL  RINCÓN  DEL  BONZO

Carlos Castañosa

{mosimage}Comentario sindesacato, sinocon elderecho a discrepar de criterios defectuosos aplicados en nombre de la Ley. En épocas de crisis aparecen figuras jurídicas que suelen pillar desprevenidos a legisladores y, por ende, a quienes interpretan lo legislado.

Eligio Hernández

{mosimage}La reforma procesal proyectada por el Gobierno para limitar la instrucción judicial penal a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para los sumarios más complejos, con el fin de agilizar la tramitación para los casos de corrupción, y las medidas propuestas recientemente por los jueces decanos españoles con la misma finalidad, están destinadas al fracaso,  mientas la instrucción penal no sea asumida por el Ministerio Fiscal, sencillamente, entre otras muchas razones,  porque no se puede destinar, como se ha pretendido erróneamente, más de un Juez de Instrucción, que tiene simultáneamente que tramitar miles de Diligencias Previas en su Juzgado, a instruir una misma causa penal compleja por delitos de corrupción, mientras que si se pueden dedicar varios fiscales especializados a instruirla para agilizar la instrucción.

Eligio Hernández

{mosimage}Cuando los Tribunales penales resuelven sobre cuestiones prejudiciales administrativas determinantes de la culpabilidad o la inocencia, que requieren una sólida formación en Derecho Administrativo, de la que carecen, no es de extrañar que la sentencia dictada en Apelación por la Audiencia Provincial sobre el llamado caso del Mamotreto, sea técnicamente recusable, como se analizará en los recursos que procedan.

Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social

{mosimage}La desafección, la irresponsabilidad y la indecencia de las élites de poder se muestran en la podredumbre de la corrupción, un auténtico cáncer que ataca los fundamentos de cualquier país que se pretenda democrático en su gobierno, seguro en lo jurídico o eficiente en lo mercantil. En el Estado español la generalización de las prácticas corruptas en las distintas Administraciones públicas viene de lejos: la usurpación de las instituciones políticas y el incumplimiento de su ordenamiento, favorecidos por una infame ley del silencio sobre el funcionariado, son la norma.

EL BAR DE PEPE

Joaquín Hernández

{mosimage}“Esto es un verdadero vertedero de basuras, de mierda. Esa es la justicia que padecemos los españoles, ni en la etapa del dictador Franco, cuando la opresión del tirano se hacía más patente, la justicia en España estaba tan podrida”.

Teodoro Santana

{mosimage}A poco que lo pensemos, las leyes no son ni verdades reveladas ni la materialización escrita de derechos inalienables. Por el contrario, no son sino la expresión, en el ámbito del Estado, de la correlación de fuerzas en un momento dado. Y eso es así desde la constitución española, “consensuada” con los cañones de la División Acorazada Brunete apuntando nuestras nucas, hasta los más humildes derechos laborales, cercenados por PP y PSOE a medida que la clase obrera se desmovilizaba y las centrales sindicales se vendían por un plato de lentejas –o de langostinos–.

{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista

El destino, que según la letra de una canción de Joaquín Sabina dedicada a "El Dioni" no es sexualmente fiable, quiso que  nuestras vidas se cruzaran durante unos tres años. Él fue el Concejál-Revelación de un mandato muy polémico en el que Santa Cruz se convirtió formalmente en una “Gran Ciudad” y  en un contexto de vacas gordas, “España va bien” según decía un señor con bigotito y acento tejano ocasional que hablaba catalán en la intimidad,  se institucionalizó la “barra libre” en el Ayuntamiento de Santa Cruz y nos llenamos de asesores y personal eventual.