Que la independencia de los jueces es crucial en el Estado de Derecho y en las democracias pluralistas como la nuestra no parece reclamar grandes razonamientos para su justificación. ¿O sí?
Acabo de leer el Auto de la sala Segunda del Tribunal Supremo en el que se concede a Clavijo la impunidad por los hechos cuya investigación ha dado lugar al “Caso Reparos”.
Estamos ante la más grave crisis institucional y política de la democracia desde la Constitución de 1978, originada por los errores del PP y del PSOE.
Estamos ante la más grave crisis institucional y política de la democracia desde la Constitución de 1978, originada por los errores del PP y del PSOE.
El imperio de la ley no existe en España.
“Que todo poder está investido en el pueblo” y que los miembros de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial “deben, en períodos fijos, ser reducidos a la condición privada y devueltos al cuerpo de donde originariamente han salido, proveyéndose las vacantes por elecciones frecuentes, ciertas y regulares”, son principios consagrados en la cultura y en el ordenamiento jurídico de los países occidentales desde que, en junio de 1766, el buen pueblo de Virginia los proclamara en su “Declaración de derechos”. Desde ahí a todas las Constituciones liberales y, más tarde, a las democráticas. Como la nuestra de 1978.
No puedo no escribir nada sobre esa sentencia condenatoria y sobre lo que ha venido después.
La insólita autorización o ratificación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las medidas sanitarias restrictivas, adoptadas por las Comunidades Autónomas para hacer frente al COVID-19, es claramente inconstitucional, vulnera la separación de poderes, y no tiene precedentes en la Jurisdicción-Contencioso Administrativa, aparte de producir inseguridad jurídica al dictarse resoluciones judiciales diferentes por las diversas Salas sobre resoluciones administrativas semejantes.
Las resoluciones jurisdiccionales, como la aún no publicada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma o el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias negándose a autorizar el toque de queda en la Isla de Tenerife (o subsidiariamente en los municipios con incidencia acumulada superior a 100 casos /100 habitantes), van a poner sobre la mesa, de nuevo, la siempre latente polémica sobre el activismo judicial, sobre el “gobierno de los jueces”.
La Ley de Indulto de 1870, distingue en su artículo 4, entre "indulto total" e "indulto parcial".
Una de las contradicciones que sufrimos los veteranos socialistas disidentes de algunas políticas, no de todas, del gobierno de coalición y de la dirección del PSOE, se producen cuando nuestras críticas concretas coinciden, como en el caso de la eutanasia, con las de los partidos conservadores, aunque por razones y fundamentos diferentes, en cuyo caso nos tachan de ser de derechas, cuando no de fascistas.
EL BAR DE PEPE
En un artículo publicado en este periódico el 21 de agosto por Carlos Jiménez Villarejo, me acusa de impedir como Fiscal General del Estado la persecución penal del Gobierno de Pujol en el caso CARIC.
De todas las asignaturas pendientes que tenemos, la de la Justicia es de las más importantes.
Los restos posiblemente una niña de menos de 8 años con una botella entre las piernas en la fosa común del cementerio de Las Palmas, una imagen tomada por las cámaras en la Navidad de 2018, hace ahora un año.
Sobre la Sentencia del procés. Me he decidido a escribirlas después de oír y leer durante estos días los comentarios y reacciones de personas a las que aprecio y con las que comparto valores.