Justicia

La insólita autorización o ratificación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las medidas sanitarias restrictivas, adoptadas por las Comunidades Autónomas para hacer frente al COVID-19, es claramente inconstitucional, vulnera la separación de poderes, y no tiene precedentes en la Jurisdicción-Contencioso Administrativa, aparte de producir inseguridad jurídica al dictarse resoluciones judiciales diferentes por las diversas Salas sobre resoluciones administrativas semejantes.

Las resoluciones jurisdiccionales, como la aún no publicada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma o el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias negándose a autorizar el toque de queda en la Isla de Tenerife (o subsidiariamente en los municipios con incidencia acumulada superior a 100 casos /100 habitantes), van a poner sobre la mesa, de nuevo, la siempre latente polémica sobre el activismo judicial, sobre el “gobierno de los jueces”.

La Ley de Indulto de 1870, distingue en su artículo 4, entre "indulto total" e "indulto parcial".

Una de las contradicciones que sufrimos los veteranos socialistas disidentes de algunas políticas, no de todas, del gobierno de coalición y de la dirección del PSOE, se producen cuando nuestras críticas concretas coinciden, como en el caso de la eutanasia, con las de los partidos conservadores, aunque por razones y fundamentos diferentes, en cuyo caso nos tachan de ser de derechas, cuando no de fascistas.

EL BAR DE PEPE

En un artículo publicado en este periódico el 21 de agosto por Carlos Jiménez Villarejo, me acusa de impedir como Fiscal General del Estado la persecución penal del Gobierno de Pujol en el caso CARIC.

De todas las asignaturas pendientes que tenemos, la de la Justicia es de las más importantes.

Los restos posiblemente una niña de menos de 8 años con una botella entre las piernas en la fosa común del cementerio de Las Palmas, una imagen tomada por las cámaras en la Navidad de 2018, hace ahora un año.

Sobre la Sentencia del procés.  Me he decidido a escribirlas después de oír y leer durante estos días los comentarios y reacciones de personas a las que aprecio y con las que comparto valores. 

(A la memoria del Magistrado humanista José Luis Sánchez Parodi)

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exalcalde José Alberto Díaz contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna en el que denegaba la solicitud de acceder al documento interno del teniente fiscal Demetrio Pintado y las posibles instrucciones de la Fiscalía General del Estado para demorar la instrucción del caso Grúas hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía

El pasado 21 de junio el Tribunal Supremo revisó el “caso de la manada”, en el que según el TSJ de Navarra los cinco agresores habían cometido un delito de abuso sexual a una joven de 18 años, el 7 de julio de 2016 en Pamplona; y dictó una sentencia histórica y esperada, 15 años de condena para los violadores, puesto que no había sido abuso, sino violación, como el movimiento feminista gritó insistentemente en estos tres años.
La violencia sexual, una realidad aún oculta.

La sentencia sobre del procés será, sin duda, una de las resoluciones  judiciales más importantes de la historia judicial contemporánea de España, 

 “…la democracia se despliega y sufre un proceso de metamorfosis en el tiempo, renovándose a través de tanteos e intentos sucesivos que no cesan de modificar las vías y enriquecer las formas.Desde hace unos veinticinco años ha surgido una configuración inédita donde la opinión pública y el juez han pasado a ocupar el primer rango”. (Marcel Gauchet)

Me llamó poderosamente la atención que el magistrado Doreste, en su voto tan particular contra la remisión del Caso Grúas a los juzgados laguneros, subrayara que el aforamiento operaba para Clavijo como un recurso, como “la única oportunidad de evitar ser imputado”, “puesto que la decisión del juzgado es considerarle tal”.

El Magistrado Manuel Marchena, al renunciar a su candidatura como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha dado una soberbia lección de dignidad, independencia,  y ética, a la  clase política más intelectual y políticamente mediocre desde la Transición.