Justicia

Sobre el caso de la Manada ya he sostenido que,  tras la lectura detenida de los hechos probados de la sentencia, constatados en su más absoluta brutal objetividad,  comparto la opinión de que los agresores sexuales cometieron un delito de violación tipificado en el artículo 179 del C.Penal, castigado con la pena de prisión de 10 a 12 años, con la concurrencia de las agravantes de trato vejatorio y degradante, prevalencia de una relación de superioridad, y la de comisión de los hechos por la actuación conjunta de dos o más personas, tipificadas en el artículo 180 del C. Penal, que elevan la pena de prisión de 12 a 15 años.

Ida y vuelta

Es comprensible la masiva reacción popular por la sentencia de La Manada que ha herido la sensibilidad moral de pueblo, especialmente de las mujeres.

Impresionante y valiente está siendo la reacción de gran parte de la sociedad española contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condena a los miembros de La Manada a nueve años de prisión por un abuso sexual continuado y no por una violación.

Es evidente la inconstitucionalidad y manifiesta ilegalidad de la huelga de los jueces, dado que no son trabajadores por cuenta ajena, sino  funcionarios públicos que integran el poder judicial, a los que corresponde exclusivamente ejercer la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art.117.1 de la Constitución).

Sería inimaginable que ejercitaran el derecho de huelga los integrantes de los otros dos poderes del Estado. El profesor Alejandro Nieto, en su libro “El desgobierno Judicial”,  ha hecho notar, con encomiable agudeza intelectual, que en el texto del art.117.1 de la Constitución: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial….”, la palabra pueblo está escrita con minúscula, mientras que la de jueces y magistrados está escrita con mayúscula. Esta degradación gramatical del pueblo frente a los jueces, paradójicamente, responde a la realidad, porque aunque la justicia dimana del pueblo,-en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado (art.1.2 de la Constitución)-, que elige y controla a los miembros del  Gobierno  y del Parlamento,  los jueces están  sustraídos al control público” (STC 96/1987;13/1985;38/1982;62/1982).

No cabe  sacar la conclusión de que defienda  un sistema en el que los jueces sean elegidos por el pueblo como en otras democracias centenarias, que carece de tradición democrática en España, sino el sistema vigente de acceso a la Carrera Judicial instaurado por la Ley Orgánica de 1870, que dimanó de la revolución liberal de 1868, que debe ser mantenido por su probada eficacia, perfeccionando los controles del poder de los jueces. Los jueces que se declaren en huelga no responden ante el pueblo y sólo pueden ser controlados por el Consejo del Poder Judicial y, en definitiva, por otros jueces que forman parte de los Tribunales ante los que se recurren las resoluciones del Consejo. Contrariamente a lo que pretenden con la huelga algunos jueces y sus asociaciones, que  no han hecho una mínima autocrítica, sólo van a conseguir un mayor desprestigio del que ya tienen ante el pueblo, al que le es, desgraciadamente, indiferente, que los jueces abandonen sus funciones durante veinticuatro horas.La política judicial ha marginado presupuestariamente a l

La Justicia desde antes de la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que ha estado vigente 115 años, en la que se la regulaba  como Administración de Justicia, no como Poder Judicial, al igual que en todos los regímenes políticos posteriores, incluida la segunda República. En la Constitución de 1978 se reconoce  por primera vez en la historia de España a la Justicia como poder judicial (título VI), que desarrolla la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente de 1985. Los gobiernos democráticos desde la transición, así como los de las Comunidades Autónomas, han hecho un esfuerzo sin precedentes para mejorar el servicio público de la Justicia, aunque dicho esfuerzo ha sido insuficiente al no llegar al nivel presupuestario de la media  europea. Comparto en gran medida la reivindicación de los jueces, pero no sólo se resuelven con más medios materiales y personales, sino con reformas procesales que son inaplazables, como la de la instrucción y el proceso penal anclados en el siglo XIX.

Mi experiencia política en los tres poderes del Estado, y profesional, en la Judicatura, el Ministerio Fiscal, y la Abogacía, me permiten afirmar con orgullo que la inmensa mayoría de jueces y fiscales españoles son independientes, honestos, discretos, y entregados abnegadamente a tu trabajo. Pero hay una minoría de jueces que hacen política sin control alguno, amparados en la toga y en sus asociaciones, que no tienen militancia formal en un partido político, pero que son criptomilitantes con vocación política frustrada. Son los que acaudillan la huelga. Muy pocos jueces hemos abandonado la Carrera Judicial por respeto a su digna y elevada función, al entender que la militancia en un partido político vulnera la imparcialidad objetiva que exige no sólo ser imparcial e independiente, sino parecerlo.            

La huelga de los jueces es la negación de su propia condición como poder del Estado, por lo que derecho de huelga es constitucionalmente imposible. Los jueces no pueden ejercer ese derecho porque no son titulares del mismo, al ser  incompatible con su propia condición profesional, lo que hace que dicho ejercicio constituya un burdo fraude de ley, ya que una asamblea de jueces no es una asamblea de trabajadores de las que se contempla en el Real Decreto-ley 17/1977, que tienen reconocido expresamente el ejercicio del derecho de reunión previsto en el artículo 21 CE en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (art. 8.2), mientras que los jueces lo tienen expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 395 establece que a los jueces y magistrados “les está prohibido: dirigir a los poderes, autoridades o Corporaciones oficiales censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.

Los jueces son funcionarios integrantes del Poder Judicial, y no trabajadores incluidos dentro de la legislación sobre libertad sindical y sobre el derecho de huelga, y sólo pueden expresarse a través de las vías previstas en su legislación específica. El Consejo General del Poder tiene la obligación de impedir este dislate constitucional. En la sesión parlamentaria del Congreso de la II República de 23 de noviembre de 1932, en referencia a la Administración de Justicia, decía don Manuel Azaña: “No puede haber jamás Estado que consienta que una de sus instituciones fundamentales no esté enteramente penetrada del mismo espíritu que penetre todo el Estado. Esto es evidente, y si no sería el suicidio de las instituciones públicas, no sólo de ésta, sino de las otras”.

ELIGIO HERNANDEZ
                                                      
Magistrado Jubilado, ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex Fiscal General del Estado y Abogado en ejercicio.

No hace mucho tiempo, las personas trans*, así como todo la Comunidad LGTBI+, éramos consideradas seres antisociales, nacíamos con el estigma de delincuentes, sobre nuestras cabezas pendían leyes infames como la ley de Vagos y Maleantes, promulgada en 1935 durante la segunda república y ampliada posteriormente en 1955, durante el franquismo, para reprimir expresamente toda persona que no se adhiriera rígidamente al modelo cisexual-heterosexual.

El auto que el 9 de noviembre de 2017 ha dictado el Magistrado conservador del Tribunal Supremo, Pablo Llarena Conde, decretando, como medida cautelar antes de la celebración de un juicio, la prisión preventiva, eludible si se presta una fianza de 150.000 euros, de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la de otros miembros de la Mesa del Parlament, pero a éstos, al contrario, se les permite estar en libertad si en un plazo mâximo de siete días prestan fianza de 25.000 euros, es antidemocrático, por vulnerar la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el Estatuto de Catalunya.

La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela,  pocos díaa antes de asumir la investigación por un delito de sedición contra los presidentes de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y en vísperas del Día de los Ángeles Custodios (2 de octubre de este año), la magistrada recibió del Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, casualmente, también, magistrado, pero, por supuesto,  en excedencia, la medalla al mérito policial ( alguién ha escrito que el Ministro tuvo "buen ojo") . Para a continuación, días después, el 2 de noviembre, encarcelar a ocho miembros del Govern derrocado en Catalunya, en una cuestionada y crticada (incluso por Jueces para la Democracia) actuación judicial, por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Y lo mismo ocurrió el año anterior, en octubre de 2016, cuando la magistrada Lamela asumió la instrucción del caso Alsasua, en que casualmente, también, recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. El caso Alsasua, recordemos, es el que, por el cual, la magistrada envió a prisión, acusados de terrorismo  a unos jóvenes (de los cuales, de ocho, tres siguen en prisión), que han sido procesados como autores de la agresión, hace un año, a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Piden para ellos penas de entre 62 y 12 años, que suman un total de 375 años.

  Apertura del año judicial en la jurisdicción militar

El 31 de octubre de este año, en vísperas, podríamos decir, del encarcelamiento de los miembros depuestos del Govern, en la sede del Tribunal Central Militar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, mostró su "preocupación" sobre la situación en Catalunya al comienzo de su discurso en la apertura del año judicial militar, acompañado del Fiscal General, José Manuel Maza (promotor de la querella, que ya había presentado el día anterior, contra el President de la Generalitat, el Govern y la mesa del Parlament) y de la Ministra de Defensa del Gobierno español. El presidente del Tribunal Militar Central, Rafael Eduardo Matamoros, que, también, intervino en el acto, expresó su "admiración" por los agentes de la Guardia Civil desplegados en Catalunya. Y éste concluyó: "Estoy seguro de hablar en nombre de todo los jueces militares orgullosos de nuestros colegas de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía, y como militares de los compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por su comportamiento y las actuaciones ejemplares desde todos los puntos de vista llevadas a cabo en Cataluña durante las últimas semanas, cuentan con todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro apoyo".

EL "discurso" publicado en el periódico conservador ABC del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, previo y el mismo día del encarcelamiento judicial del Govern derrocado.

Al respecto, el General  de División, en situación de retiro, Rafael Dávila Álvarez,, en  su artículo publicado en el denominado "blog General Dávila" dice : "El diario ABC del jueves 2 de noviembre trae un artículo del General de Ejército y Jefe del Estado Mayor de la Defensa Fernando Alejandre Martínez en el que recoge el sentir de los actuales Ejércitos y que les hemos ofrecido en un comentario del día escrito por el General Chicharro. Nada distinto a lo que en su momento dijo el Teniente General Mena".  ¿Y qué publicó el Sr. Chicharro?, pues esto: "...En definitiva, las FAS están sometidas plenamente al Gobierno y no es labor de éstas el ponderar de forma autónoma decisiones al respecto. Esto está muy claro y así nos lo recuerda, también, en su artículo el General Alejandre, pero también conforme a la propia letra de la Constitución si lo que deviniera en algún momento fuera contrario a la letra de la propia Constitución y los responsables de su defensa no actuaran consecuentemente ahí nos encontraríamos con el citado artículo 8". Refiriéndose el Sr. Chicharro al artículo 8 de la Constitución Española, Y lo recoge así: "...el artículo 8.1. nos dice : las FAS tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

El espectro de Montesquieu parece que se ha esfumado del Reino de España, pues lo mismo parece que se aplica el derecho penal del enemigo como que la dureza del Código Penal, fundamentalmente, está para los “robagallinas”.

 En todo caso, no está de más recordar que el derecho a la garantía de un Juez imparcial, supone  que el Juez  "no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra".

En un comunicado a los Medios de Comunicación, el Magistrado Landete denuncia que "las llamadas a la desobediencia del derribo del mamotreto son una irresponsabilidad inadmisible”.

EL BAR DE PEPE

La Constitución española, en su artículo 24 apartado 2, dice así:

“No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu).

Ante el doble rasero de la Justicia

¿Lo es la Fiscal Jefe? ¿Y el Juez Decano?

El caso "gestora de La Laguna", un dislate judicial

Decía Ignacio De Otto que “la decisión del juez sólo puede alcanzar aceptación general, esto es legitimidad, si se basa en premisas que a su vez  gocen de esa aceptación”.

El pasado 10 de diciembre de 2016, se celebró el día de los Derechos Humanos; lastimosamente, los mismos continúan siendo, en más de las ocasiones deseadas, vulnerados o conculcados por parte de muchos países, para los cuales son una mera cuestión de principios rimbombantes, que, en la praxis carecen del respeto y la protección merecida y esperada; ello, pese a los años transcurridos, sesenta y ocho, desde que la Organización de las Naciones Unidas promulgara la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de dicha Organización, la cual sería signada en París un 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 217 A (III), rigiendo como un ideal común para todos los pueblos y naciones; extractando, por su esencialidad, de su Preámbulo, el primer Considerando: "Que la libertada, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". (1)

Visto los acontecimientos que, reiterativa y desafortunadamente, desde hace décadas, vienen vulnerando los principios contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en  diferentes y diversas partes del mundo; acontecimientos, frente a los cuales la sociedad mundial deviene incapaz y estremecida. La avalancha de noticias, ofrecida por diversos canales de comunicación nacionales e internaciones, sobre los comportamientos de los países en que se violan, sistemáticamente, los Derechos Humanos en sus respectivos territorios nacionales, resulta abrumadora e inquietante.

De acuerdo al trabajo realizado por la Organización “Human Rights Watch”, en su análisis ofrecido en su Informe Mundial 2015, sobre la situación en la que se encuentran los Derechos Humanos en el Mundo; dicho Informe, se ha elaborado sobre una muestra referida a un total de diecinueve países, en los cuales se hallan, con mayor asiduidad, conculcados los derechos humanos de los ciudadanos y/o colectivos concretos.  Para todos aquellos lectores más interesados, la situación detallada de cada uno de los diecinueve países referenciados en dicho Informe, pueden consultarse, de manera abierta, a través de la página web de Human Rights Watch (2)

Asimismo; encontramos el Examen Periódico Universal (EPU), organismo creado el 15 de marzo de 2006, virtud Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estableció también el Consejo de Derechos Humanos. EPU, elabora Informes, en un proceso de colaboración, de la situación en la que se encuentran los derechos humanos, en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU, actualmente, es el único medio universal de las características y capacidades de dicha institución. Su función está en recordarle a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente el conjunto de los principios y libertades fundamentales, contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Finalmente, el EPU intenta mejorar la situación de derechos humanos en todos los países, afrontando las situaciones vulneradoras, allá se hallan acometido.

El pasado 10 de marzo de 2016, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, presentó el Informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos; expresando, que estaba alarmado por el creciente número de amenazas que se ciernen sobre la democracia en el mundo. (3)

A manera orientativa; la vulnerabilidad de los derechos humanos en el mundo, sin agotar las causas, podemos citar entre las más destacadas, por su magnitud e importancia, las a continuación indicadas: a) terrorismo internacional, b) crimen organizado transnacional, c) institucionalización de la corrupción, d) pobreza y subdesarrollo, e) paraísos fiscales, f) blanqueo de capitales, g) estados fallidos, h) explotación y tráfico de seres humanos, i) crímenes de guerra, etc.

Conclusión: La situación actualmente referida al respeto de los derechos humanos en el mundo, siguiendo los informes consultados, podremos afirmar de manera irrefutable, no sin tristeza que los mismos, se encuentran afectados de gravedad; empleando un símil de carpintero, cual mueble infecto por la carcoma, en el que a simple vista parece el mueble en buen estado, pero que apenas se toque comienza aparecer serrín; de hecho, de no ponerse a disposición de las Naciones Unidas, urgentemente, más medios materiales y humanos civiles y militares, dotándole de los recursos económicos necesarios, tendentes a la observancia del respeto, por todos los medios, incluso recurriendo a la fuerza coercitiva si fuere preciso, de los derechos humanos y las democracias; una de las piezas fundamentales, pasaría por el otorgamiento de competencia transfronteriza, en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, a todos los respectivos tribunales de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas; al objeto, de evitar la impunidad de la que gozan, actualmente, los vulneradores de unos derechos investidos, teóricamente, de la máxima protección.

Haciéndonos eco de lo expresado por el  Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los derechos humanos, Zeid Raad Al Hussein; podríamos aseverar, sin temor a yerro alguno, que tales derechos estarán seriamente arrumbados a convertirse en simples o meros principios revestidos  de una rimbombancia de carácter filantrópico, pero en la praxis ungidos (coronados) por la inanidad. Ante tan indeseado panorama, no queda por menos, urgir a la Comunidad Internacional a reponer a su exacto lugar de protección a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo cual requiere, entre otras medidas, una inmediata inversión, eficiente y eficaz, en la educación de los pueblos y naciones del mundo.

En relación con lo expuesto en los párrafos precedentes; no queda por menos, que referirnos a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968; entrando en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; extractándose, por su claridad al respecto, lo establecido en su Art. 1 apartado b) “Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. (4)


Juan F. Ramírez (Abogado, Analista Político e Investigador)

Notas utilizadas:
(1) La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas
(2) https://www.hrw.org/es/world-report/2015
(3) http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/ZeidPresentsHisAnnualReport.aspx
(4) http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx

Desde hace meses asistimos en Canarias a un nuevo asesinato de Montesquieu. El pensador francés escribió que “el juez debe ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. En nuestras islas hay jueces que no solo hablan al margen de la palabra de la ley, también graban y son grabados, son víctimas y verdugos de conspiraciones que se realizan en unos juzgados construidos y mantenidos con dinero público para perseguir el delito y no para organizar tramas que pueden beneficiar a políticos o empresarios amigos. O para perjudicar a políticos o empresarios enemigos.

Recordemos algunos de los hechos más destacados de este lamentable espectáculo. El pasado 16 de marzo el empresario Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que sostuvo con el juez Salvador Alba en el despacho del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En ese encuentro el juez y el empresario inculpado por presunto delito contra la Hacienda Pública prepararon una declaración oficial que se debía producir (y se produjo) la siguiente semana; en esa reunión el propio magistrado asesoraba al investigado sobre las respuestas que debía dar. Por la transcripción de parte de esa conversación que se filtró a los periódicos la declaración de Ramírez iba a servir para intentar inculpar a la magistrada Victoria Rosell (en ese momento diputada de Podemos) que había sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el exministro José Manuel Soria.

Esa grabación de marzo la conocimos el jueves 12 de mayo cuando Miguel Ángel Ramírez la presentó  ante Carla Vallejo, la magistrada que sustituyó a Salvador Alba en el juzgado de instrucción número 8 (en el que se seguía la causa contra Ramírez y que se había iniciado cuando la titular era Victoria Rosell). En la grabación el juez Alba daba a entender que si la denuncia de Soria contra Rosell prosperaba la causa contra Ramírez podría ser archivada. El mundo al revés, un funcionario público cuyo deber es perseguir el delito y castigar a los culpables, se dedicaba presuntamente a fabricar pruebas para favorecer a un político que usaba los tribunales para perseguir a una rival política por venganzas personales. Todo esto presuntamente, no vaya a ser que a alguien se le ocurra ahora perseguir al mensajero por contar un vodevil que se ha transmitido casi en directo en los medios para descrédito de la Justicia.

El Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que, en el ámbito de la garantía de la imparcialidad, las apariencias son importantes “porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”. A estas alturas nadie duda de que lo que está ocurriendo en los juzgados canarios está mermando la credibilidad de la justicia y por tanto está deteriorando nuestra democracia.  Y es que el escándalo no se quedó en esa primera reunión. La primera semana de noviembre el juez Alba presenta en los juzgados otra grabación que él mismo había realizado a otros magistrados con la intención de demostrar las presuntas presiones que había recibido para archivar la causa contra el empresario Ramírez.

Tuvieron que pasar seis meses desde que se conoció la reunión entre Ramírez y Alba para que el máximo órgano de control de los jueces se decidiera esta semana a abrir un expediente contra el juez Alba por dos faltas muy graves y una grave, aunque por ahora no se le aparta de sus funciones. En Canarias existen precedentes de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial de manera mucho más ágil. Uno de los más conocidos es el caso de José Antonio Martín, al que se le abrió un expediente en enero 2006 por la acusación de asesorar a un narcotraficante e interceder ante compañeros magistrados para que lo dejaran en libertad. Aunque el expediente abierto por el CGPJ contra Martín fue resuelto en 2010, con la absolución del acusado por parte del TS, desde que se abrió el magistrado fue apartado de su puesto de presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

A pesar de la apertura del expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial, Salvador Alba sigue ejerciendo como magistrado y está previsto que sea el ponente del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el gobierno del PP y AFV Ciuca. La instrucción de este proceso fue cerrada por el juez Javier García García- Sotoca en febrero de 2009 tras más de tres años de investigación tras unas denuncias de una empresaria a la que le pidieron un 20 % de comisión si quería ganar un concurso público. Al cierre del sumario había 37 imputados. La reacción del entonces presidente del Partido Popular José Manuel Soria fue acusar al ministro López Aguilar de usar a policías, jueces y fiscales para perseguir al PP. El apoyo de Soria a los imputados se ha prolongado todos estos años y en 2015 Carmen Castellano volvió a ser candidata del PP a la alcaldía de Telde aunque el fiscal había pedido para a ella (en 2013) 5 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Faycán.

En noviembre de 2014 estuvo a punto de convocarse el juicio del caso Faycán pero el juez de la Audiencia Provincial Emilio Moya decidió retrasar la fecha del juicio para no perjudicar a una de las imputadas, Carmen Castellano, porque se presentaba como candidata del PP a la alcaldía de Telde. Esta decisión fue criticada por otros magistrados porque no se ampara en ninguna ley. El propio Moya declaraba a Canarias 7 que lo hacía “por sentido común”, según el magistrado “Si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada malo va a suceder porque se demore unos meses”.  Al final los acusados del caso Faycán podrán pedir rebajas de penas por los retrasos provocados por estas y otras razones. Ahora sabemos que Emilio Moya se ha abstenido en el caso Faycán porque es amigo de uno de los imputados, y que el ponente del caso Faycán será el juez Salvador Alba, un magistrado al que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente porque presumiblemente ha cometido dos faltas muy graves y una grave por abusos de autoridad, revelación de secretos e investigación indebida, para perseguir a enemigos y favorecer a amigos. Estos hechos vuelven a pisotear aquel principio del “poder nulo” para los jueces que pedía Montesquieu como garantía de la separación de poderes. ¿Cuál debe ser la percepción de la ciudadanía al conocer lo que está sucediendo acerca de cómo José Manuel Soria se libró de tantas causas ante la Justicia? ¿No pueden preguntarse entonces los ciudadanos hasta dónde llega la contaminación?  El daño que se está haciendo a la Justicia es tremendo. Desde dentro. Y sin que funcionen los órganos de control. Y a pesar de tantos jueces y juezas rigurosos e independientes que están sufriendo, aunque quizás con demasiado silencio.  Gregorio Peces-Barba escribió que “la realidad incontrovertible y necesaria en las modernas sociedades de la creación judicial del Derecho, disputando espacios al Parlamento y a las leyes, ha producido en muchos jueces una conciencia de su poder amparado en su independencia y en el estatuto constitucional y legal que les protege, que está produciendo, en algunos supuestos, desviaciones graves y abusos relevantes que dan la sensación de arbitrariedad, de falta de límites y de impunidad”.

Ante situaciones como estas no debe extrañarnos los resultados de la última encuesta del CIS. En el barómetro de octubre los encuestados señalan que los principales problema de España son el paro (71,3 %) y la corrupción y el fraude (37,6 %). El dato pasó bastante desapercibido para los medios de comunicación españoles que estaban más pendientes de la nueva victoria del Partido Popular o de la caída estrepitosa de las expectativas electorales del PSOE que se convertiría, según esa encuesta del CIS, en la tercera fuerza política después de Podemos.

Si la Justicia no funciona será imposible combatir la corrupción. Pasan los años y seguimos pendientes de los juicios y las sentencias de los grandes casos de corrupción que afectan sobre todo al Partido Popular. Para lo que sí ha habido prisas es para apartar precisamente a dos jueces que instruyeron esos casos: el juez Baltazar Garzón que instruyó el caso Gürtel, y el juez Elpidio Silva que instruyó el caso Blesa en la investigación de Caja Madrid. Nos gustaría ser optimistas, pero los hechos invitan al pesimismo. El bipartidismo que ha dominado la escena política española en esta última etapa democrática no ha sido capaz de consensuar una Ley de Educación para varias generaciones o un gran pacto por el Estado de Bienestar. Sin embargo, siempre ha llegado a acuerdos para repartirse los cargos en el Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos de los magistrados de los altos tribunales. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria